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Modifica la ley general de derechos de las personas con discapacidad y la ley de dependencia para ampliar y reforzar sus derechos a la inclusión, la autonomía y la accesibilidad universal, adaptándolas al artículo 49 de la Constitución. También cambia otras normas relacionadas, como la de propiedad horizontal, la de seguros y la de patrimonio histórico.

Crea un Registro de Grupos de Interés de ámbito estatal y fija las reglas para inscribirse en él. Establece normas de conducta para los grupos de interés, un informe de huella normativa y un régimen de infracciones y sanciones.

La ley regula la transparencia de la actividad pública en Euskadi. Establece obligaciones de publicidad activa, el derecho de acceso a la información pública y cauces de participación ciudadana. También crea la Autoridad Vasca de Transparencia-Gardena y un régimen sancionador.

Crea y regula el Foro de Gobierno Abierto, un órgano de participación formado por representantes de las administraciones públicas y de organizaciones de la sociedad civil. Establece sus fines, composición, funcionamiento, secretaría, comisión permanente y grupos de trabajo.

Actualiza el marco legal de la economía social. Modifica la Ley de Cooperativas para adaptarla a nuevas formas de participación digital y a la igualdad entre mujeres y hombres, y revisa el régimen de las empresas de inserción. También cambia otras normas relacionadas con prevención de riesgos laborales, contratos públicos, ingreso mínimo vital e incentivos a la contratación.

Modifica la Ley de Memoria Democrática para reconocer a las personas fallecidas o con lesiones incapacitantes por su actividad en defensa y reivindicación de la Democracia. También cambia la Ley del IRPF y un real decreto sobre el abono de indemnizaciones.

Establece el marco para fomentar una movilidad sostenible en España. Crea órganos de coordinación entre administraciones, instrumentos de planificación y un sistema de datos sobre movilidad. Regula también la planificación de infraestructuras, la innovación, la digitalización y un régimen sancionador.

Modifica el real decreto que regula el Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia (SIRAJ). Adapta estos registros a la Ley Orgánica 4/2024, que traspone una directiva europea sobre intercambio de antecedentes penales. Incluye la creación de un Registro Central de Menores.

Modifica la normativa sobre declaraciones obligatorias de los sectores del aceite de oliva y las aceitunas de mesa. Ajusta y simplifica el Sistema de información de los mercados oleícolas (SIMO) para mejorar la calidad de los datos y la trazabilidad. También cambia otras normas sobre intervenciones agrarias y calidad de aceites vegetales.

Regula la expedición, gestión y desarrollo del Documento Nacional de Identidad (DNI) en sus versiones física y digital. Establece los derechos y obligaciones de las personas titulares, la tramitación, validez, renovación y el tratamiento de datos personales. Adapta el DNI al Reglamento de la Unión Europea sobre seguridad de los documentos de identidad.

La ley regula la integridad pública en Castilla-La Mancha: fija reglas de incompatibilidades y conflictos de intereses para cargos públicos, crea una Oficina de integridad y registros de actividades y bienes, y establece un régimen de infracciones y sanciones.

Este real decreto-ley reúne medidas urgentes en economía, impuestos, transporte y Seguridad Social. Incluye ayudas directas al transporte de viajeros, medidas sobre pensiones y empleo, y apoyo a colectivos vulnerables, como medidas de vivienda. También prorroga medidas para afrontar situaciones de vulnerabilidad social.

Crea el Registro Único de Arrendamientos y la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos para recoger e intercambiar datos sobre alquileres de alojamientos de corta duración. Fija las obligaciones de arrendadores y plataformas en línea y el procedimiento para obtener un número de registro.

Regula el derecho de defensa de las personas en cualquier situación de controversia jurídica, con especial atención al ámbito penal. Fija su contenido, las garantías de la asistencia jurídica y los deberes y garantías de los profesionales de la abogacía.

Modifica la ley que regula el intercambio de antecedentes penales entre países de la Unión Europea para adaptarla al sistema europeo ECRIS. Incluye datos como la imagen facial y las huellas, y regula la identificación de condenas de nacionales de terceros países.

Modifica el Real Decreto 95/2009, que regula el Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia (SIRAJ). El cambio busca que la información penal sobre profesionales con inhabilitación o prohibición para ejercer en el ámbito docente y sanitario pueda enviarse al mecanismo de alerta europeo (IMI).

Aprueba el nuevo Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, un organismo público independiente. El estatuto regula su naturaleza, fines, funciones, órganos, personal y régimen económico. Sustituye al estatuto aprobado en 2014.

Modifica el Real Decreto que regula el Registro Central de Delincuentes Sexuales, que pasa a llamarse Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos. Regula la inscripción, el acceso, la cancelación y la certificación de datos, e incorpora la comprobación automatizada de antecedentes.

Modifica el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales para que los ayuntamientos comuniquen al Instituto Nacional de Estadística (INE) los cambios del padrón municipal en tiempo real, en lugar de cada mes. También prevé la interconexión entre los padrones y el INE.