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Crea en Navarra el Impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de determinadas entidades financieras. Grava el margen de intereses y comisiones que obtienen entidades de crédito, sucursales de crédito extranjeras y establecimientos financieros de crédito por su actividad en España. La ley regula quién paga, la base, los tipos y la gestión del tributo.

Modifica el Convenio Económico entre el Estado y Navarra para adaptarlo a cambios recientes de la normativa tributaria estatal. Incorpora al Convenio el Impuesto Complementario y el Impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de determinadas entidades financieras, y fija los puntos de conexión para repartir estos tributos entre ambas administraciones.

Crea una línea de avales del Estado para que las entidades financieras cubran la financiación de empresas afectadas por los aranceles de Estados Unidos. También modifica normas sobre presupuestos, apoyo a emprendedores y suspensión de la disolución por pérdidas, y fija criterios de reparto territorial de los fondos.

Desarrolla el Reglamento del Impuesto Complementario, que busca asegurar un nivel mínimo global de imposición para grupos multinacionales y grupos nacionales de gran magnitud. Concreta cómo se calcula la base, los impuestos cubiertos y el tipo impositivo efectivo, y regula la declaración informativa y la autoliquidación.

Modifica el Reglamento del IRPF para que las guarderías y centros de educación infantil autorizados comuniquen también los datos de la autorización de la guardería expedida por la administración competente. Además, actualiza las obligaciones de información de las entidades de pago y de dinero electrónico.

La ley crea tres impuestos: un Impuesto Complementario para que los grupos multinacionales y nacionales de gran tamaño paguen un nivel mínimo global de tributación; un impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de determinadas entidades financieras; y un impuesto sobre los líquidos para cigarrillos electrónicos y otros productos del tabaco. También modifica otras normas tributarias.

Establece el régimen jurídico de las empresas de servicios de inversión y de otras entidades que prestan servicios de inversión. Regula su autorización, registro, agentes, sucursales, gobierno corporativo, requisitos de organización y normas de conducta con los clientes.

Este real decreto-ley reúne varias medidas: incorpora directivas europeas sobre fusiones y escisiones de empresas y sobre conciliación familiar y laboral, prorroga ayudas frente a la guerra de Ucrania y para La Palma, y adopta medidas urgentes en materia financiera, energética, agraria, de vivienda y de tráfico.

Modifica la Ley General Tributaria para aplicar en España la Directiva europea DAC 7. Crea la obligación de que los operadores de plataformas digitales informen a la Administración sobre los ingresos de sus vendedores. También regula inspecciones conjuntas y controles simultáneos entre países de la UE.

Crea tres figuras tributarias: un gravamen temporal a las grandes empresas energéticas, otro a las entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito, y un impuesto temporal de solidaridad sobre las grandes fortunas. También modifica varias normas tributarias, entre ellas las de Patrimonio, Sucesiones y Donaciones e Impuesto sobre Sociedades.

Establece normas para que las autoridades competentes puedan acceder e intercambiar información financiera con el fin de prevenir, detectar, investigar o enjuiciar delitos graves, como el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. Regula el acceso al Fichero de Titularidades Financieras y el intercambio de datos con organismos nacionales y europeos, con reglas de protección de datos.

Desarrolla cómo se presentan y pagan las autoliquidaciones del Impuesto sobre las Transacciones Financieras. Regula el procedimiento cuando lo hace un depositario central de valores en nombre del sujeto pasivo y cuando lo hace el propio sujeto pasivo, y modifica otras normas tributarias.

Modifica la Ley de Sociedades de Capital y otras normas financieras para aplicar una directiva europea que busca que los accionistas de sociedades cotizadas mantengan su inversión a largo plazo. Regula el voto doble por lealtad, la remuneración de consejeros, las operaciones vinculadas y los asesores de voto.

Modifica el Real Decreto 92/2018 para que los intereses generados por las cuentas donde se ingresan los fondos anticipados a los organismos pagadores de las comunidades autónomas se liquiden al Tesoro Público una vez al año, en lugar de cada trimestre. La liquidación anual abarca del 1 de enero al 31 de diciembre.

Adapta la normativa española a la salida del Reino Unido de la Unión Europea tras el fin del periodo transitorio el 31 de diciembre de 2020. Regula el acceso a profesiones, el empleo público, la Seguridad Social, la asistencia sanitaria, la Universidad, la contratación pública y otros ámbitos afectados.

Exime del IRPF el ingreso mínimo vital y otras ayudas de subsistencia hasta un límite conjunto anual. También aprueba una ampliación de crédito para el Ministerio de Hacienda y modifica dos leyes fiscales para ejecutar sentencias judiciales.

Amplía cuatro años, hasta mayo de 2024, la suspensión de los desalojos de vivienda habitual para personas en situación de especial vulnerabilidad. También modifica la ley de reestructuración de entidades de crédito y adopta medidas de protección de la salud pública.

Incorpora al derecho español varias directivas de la Unión Europea. Regula la contratación pública en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y la adjudicación de contratos de concesión. También adapta la normativa sobre seguros privados, planes y fondos de pensiones, y modifica normas fiscales sobre el IVA, impuestos especiales y resolución de litigios fiscales.