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Este real decreto-ley reúne varias medidas: incorpora directivas europeas sobre fusiones y escisiones de empresas y sobre conciliación familiar y laboral, prorroga ayudas frente a la guerra de Ucrania y para La Palma, y adopta medidas urgentes en materia financiera, energética, agraria, de vivienda y de tráfico.

Modifica el Estatuto de los consumidores electrointensivos para adaptar sus mecanismos de apoyo a las nuevas directrices europeas sobre ayudas de Estado en clima, medio ambiente y energía. Ajusta requisitos de certificación, el mecanismo de compensación de cargos eléctricos y el de cobertura de riesgos.

Modifica el cálculo del precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC), la tarifa regulada de la luz. Introduce referencias a precios a plazo del mercado y busca reducir la volatilidad de esa tarifa.

Establece medidas urgentes para el transporte discrecional de viajeros en autobús y en vehículos de turismo en las Illes Balears, con el fin de ajustar la oferta a la demanda turística. Regula la contratación por plaza, licencias temporales de autotaxi y autorizaciones de alquiler con conductor, y modifica varias leyes autonómicas.

Regula en Navarra el impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables. Se aplica a los envases que contienen plástico y no son reutilizables, con las mismas normas sustantivas y formales que el Estado. Quedan fuera las importaciones, que gestiona el Estado.

Concede un crédito extraordinario de 9.788.715,24 euros en el presupuesto de 2023 para financiar gastos de varios departamentos del Gobierno de Navarra. También modifica la Ley Foral de Servicios Sociales para regular el tratamiento de datos de la Historia Social Única.

Modifica varias tasas y tributos propios de la Generalitat de Cataluña, como el canon del agua, el impuesto sobre las emisiones de CO2 de vehículos, el impuesto sobre estancias turísticas y el impuesto sobre viviendas vacías. También introduce medidas financieras, de contratación pública, de personal y de organización del sector público para 2023.

Regula cómo se pide y se concede la autorización administrativa para crear redes de distribución de energía eléctrica cerradas. Estas redes suministran electricidad a una zona industrial, comercial o de servicios concreta y reducida geográficamente. Fija los requisitos, derechos y obligaciones de sus titulares y consumidores, y el procedimiento ante la Administración.

Prolonga el mecanismo que ajusta el coste de producción para bajar el precio de la electricidad en el mercado mayorista (conocido como «mecanismo ibérico»), que terminaba el 31 de mayo de 2023. También permite presentar nuevas coberturas para quedar exento de pagar el coste de ese ajuste.

Modifica varias normas de seguridad industrial para aplicar el principio de reconocimiento mutuo de la Unión Europea. Así, se aceptan en España productos comercializados legalmente en otros países de la UE, aunque no cumplan exactamente las reglas técnicas nacionales.

Declara de interés general la producción de hidrógeno a partir de electricidad generada en instalaciones aisladas de energías renovables en Extremadura. Regula el régimen aplicable, los efectos de esa declaración y el procedimiento para reconocer la utilidad pública o interés social.

Crea un Sistema de Certificados de Ahorro Energético para acreditar y registrar los ahorros de energía conseguidos por empresas y otros sujetos. Regula cómo se calculan las obligaciones de ahorro, cómo se verifican los ahorros y cómo se emiten, transmiten y liquidan los certificados.

Este real decreto-ley reúne medidas para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania y para apoyar la reconstrucción de La Palma. Incluye actuaciones en energía, sector primario, transporte y protección de colectivos vulnerables.

Regula cómo se gestionan y controlan las ayudas de la Política Agrícola Común (PAC) en España y establece un régimen de infracciones y sanciones por incumplimientos. También fija normas sancionadoras en sectores agrarios conexos, como el aceite de oliva, la leche, la cría animal y la nutrición de suelos.

Permite que los proyectos de energía eólica y solar fotovoltaica en Castilla-La Mancha puedan acogerse, si lo pide el promotor, a un procedimiento más rápido para determinar sus efectos sobre el medio ambiente. También modifica varias leyes autonómicas para ajustar aspectos competenciales.

Aprueba medidas para proteger a los consumidores de energía y reducir el consumo de gas natural, en el marco del plan «+SE». Incluye cambios en el bono social térmico y eléctrico, flexibilización de contratos de suministro, impulso al autoconsumo y medidas fiscales. También fija un incremento retributivo adicional para el personal del sector público en 2022 y reduce las jornadas cotizadas para el subsidio agrario por la sequía.

Permite a las instalaciones de cogeneración renunciar al régimen retributivo específico para acogerse al mecanismo de ajuste de costes del gas. También reduce temporalmente el IVA del gas natural, briquetas y pellets, e impulsa la tramitación de renovables.

Adapta en Navarra la normativa estatal sobre el Impuesto sobre el Valor Añadido y el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica. Cambia el cálculo de la base imponible del impuesto eléctrico en operaciones entre entidades vinculadas y prorroga medidas fiscales hasta el 31 de diciembre de 2022.

Establece medidas para abaratar el transporte público, con bonificaciones del 50% en abonos ferroviarios y ayudas a empresas de autobuses y ferrocarril por la subida de carburantes. También crea complementos para becas y ayudas al estudio, y fija planes de ahorro energético en climatización y fomento del autoconsumo eléctrico.