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Modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres para permitir que las empresas de transporte público de mercancías establecidas en España usen vehículos matriculados en otro Estado miembro. Concreta cómo acreditar que el vehículo es propio o está en arrendamiento.

Establece medidas para abaratar el transporte público, con bonificaciones del 50% en abonos ferroviarios y ayudas a empresas de autobuses y ferrocarril por la subida de carburantes. También crea complementos para becas y ayudas al estudio, y fija planes de ahorro energético en climatización y fomento del autoconsumo eléctrico.

Modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres y la norma sobre cualificación de conductores. Exime de autorización administrativa a ciertos vehículos de mercancías con combustibles alternativos y elimina el requisito de antigüedad media de la flota para las autorizaciones de transporte público de mercancías.

Establece medidas para reactivar la economía tras el impacto del COVID-19 en transportes y vivienda. Incluye normas sobre gestión de pasajeros aéreos, ajustes en tasas portuarias, moratorias de préstamos para transporte por carretera y facilidades para el alquiler asequible.