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Desarrolla la estructura orgánica del Ministerio de Industria y Turismo hasta el nivel de subdirección general. Define los órganos de las Secretarías de Estado de Industria y Turismo, la Subsecretaría y la Secretaría General Técnica, y actualiza sus funciones.

Modifica varias leyes de la Comunitat Valenciana en materia de tasas e impuestos propios y cedidos, y en organización administrativa. También cambia normas sobre vivienda, servicios sociales, infancia, juego, función pública, educación, agricultura, medio ambiente y sanidad.

Establece la estructura orgánica básica de los 22 departamentos ministeriales, fijando los órganos superiores y directivos de cada uno. Desarrolla la reestructuración ministerial previa y regula la subsistencia de órganos, adscripciones y régimen transitorio.

Crea las Subsecretarías de doce departamentos ministeriales y suprime las doce Subsecretarías anteriores que cambian de nombre o de reparto. Regula además qué pasa con las delegaciones de competencias, el personal y los servicios comunes mientras se adaptan las estructuras.

Suprime el Centro de Formación de la Cooperación Española en Montevideo y crea tres Centros Culturales de la AECID en Guatemala, Nicaragua y Panamá, además de una Oficina de la Cooperación Española en Túnez. Todos dependen de las embajadas de España en esos países.

Modifica la estructura orgánica del Ministerio de Universidades para crear una unidad que asuma las competencias internacionales y adaptar el ministerio al aumento de trabajo en internacionalización, reconocimiento de universidades privadas y gestión de ayudas.

Modifica varios reglamentos tributarios para adaptarlos a la Ley 11/2021 de lucha contra el fraude fiscal. Cambia normas sobre revisión de actos, recaudación, gestión e inspección y los reglamentos de Sucesiones, IVA, IRPF e Impuesto sobre Sociedades.

Modifica la estructura orgánica de dos ministerios. Crea y regula la Comisión Promotora y de Seguimiento de los fondos de pensiones de empleo de promoción pública abiertos, adscrita al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y su Secretaría. También suprime órganos y ajusta partidas presupuestarias.

Prorroga la habilitación prevista en la disposición transitoria primera, apartados 4 y 5, de la Ley 13/2014, de Radio y Televisión Públicas de Canarias. Con ello se mantiene la continuidad de la gestión del servicio público de televisión autonómica y de sus programas informativos.

Establece qué organismos del Estado aplican en España el Convenio CITES y el reglamento europeo que controlan el comercio de especies amenazadas de fauna y flora. Designa una autoridad administrativa principal, una autoridad científica y regula su colaboración y las inspecciones en frontera.

Modifica la Ley 13/2014 de Radio y Televisión Públicas de Canarias para garantizar que el ente público Radiotelevisión Canaria y sus sociedades sigan gestionando la televisión autonómica y sus informativos. Establece un régimen temporal hasta que el Parlamento de Canarias apruebe el mandato marco.

Modifica el reglamento que regula cómo se imponen las sanciones por infracciones de orden social y cómo se liquidan las cuotas de la Seguridad Social. Regula la reducción del importe de la sanción si la persona responsable reconoce la infracción y renuncia a alegaciones y recursos, y restaura la competencia para sancionar ciertas infracciones de Seguridad Social en el ámbito provincial.

Desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Fija los órganos superiores y directivos del departamento y sus funciones, y modifica la estructura orgánica básica de otros departamentos ministeriales.

Desarrolla la estructura organizativa del Ministerio de Política Territorial hasta el nivel de subdirección general y fija las competencias de cada órgano. Crea dos subdirecciones generales: Oficialía Mayor e Informes sobre Asuntos de Política Territorial.

Modifica el reglamento que desarrolla la Ley 9/2003 sobre organismos modificados genéticamente. Actualiza la norma española para adaptarla a los cambios introducidos por el Reglamento (UE) 2019/1381 en materia de transparencia y evaluación de riesgos. También ajusta las referencias a los órganos administrativos competentes.

Establece las bases reguladoras y la convocatoria de ayudas para el primer tramo de 2020 destinadas a pescadores cuya actividad se paralizó por el COVID-19 y que tramitaron una suspensión de contrato o reducción de jornada. Las ayudas las gestiona el Instituto Social de la Marina y se pagan a través de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Prorroga el estado de alarma declarado para frenar los contagios de SARS-CoV-2 y fija su nueva duración. Mantiene medidas como limitar la circulación nocturna, restringir entradas y salidas entre territorios y limitar grupos de personas.

Regula el trabajo a distancia en las empresas, incluyendo el teletrabajo. Establece que debe ser voluntario y acordarse por escrito entre empresa y persona trabajadora, y fija los derechos de quien trabaja fuera del centro de trabajo.

Atribuye al consejero de Interior de la Generalidad la competencia para tramitar y resolver las sanciones por incumplir la normativa del estado de alarma denunciadas por los cuerpos policiales en Cataluña. Incluye también la resolución de los recursos administrativos que se presenten.