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Modifica el Real Decreto 337/2018 para adaptar las reglas sobre previsiones macroeconómicas y presupuestarias a la normativa de la Unión Europea. Incorpora al ordenamiento español la Directiva (UE) 2024/1265, que cambia los requisitos de los marcos presupuestarios de los Estados miembros.

Adapta la normativa nacional al Plan Estratégico de la PAC de España 2023-2027, tras la modificación aprobada por la Comisión Europea en agosto de 2025. Modifica varios reales decretos sobre la aplicación de las ayudas agrícolas y corrige erratas e imprecisiones detectadas.

Regula el régimen de subvenciones que concede la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Establece cómo se planifican, conceden, justifican y controlan, y cuándo deben devolverse. También fija infracciones y sanciones y regula la recuperación de ayudas en caso de deslocalización empresarial.

Aprueba los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para 2024, fijando los gastos e ingresos de la Administración general, sus organismos autónomos, entes públicos, sociedades, fundaciones y consorcios. Incluye normas sobre créditos, retribuciones del personal, aportaciones de las diputaciones forales y gestión de fondos del Plan de Recuperación.

Modifica dos normas sobre inversión: el sistema de indemnización a inversores (FOGAIN) y el reglamento de instituciones de inversión colectiva. Adapta la normativa española al nuevo régimen europeo de capital para empresas de servicios de inversión.

Establece el régimen jurídico de las empresas de servicios de inversión y de otras entidades que prestan servicios de inversión. Regula su autorización, registro, agentes, sucursales, gobierno corporativo, requisitos de organización y normas de conducta con los clientes.

Regula cómo se representan, registran y transmiten los valores negociables (acciones, bonos y otros instrumentos financieros), cómo se admiten a negociación en mercados regulados y cómo funcionan las ofertas públicas de venta o suscripción. También ordena los centros de negociación y los sistemas de compensación, liquidación y registro.

Este real decreto-ley reúne varias medidas: incorpora directivas europeas sobre fusiones y escisiones de empresas y sobre conciliación familiar y laboral, prorroga ayudas frente a la guerra de Ucrania y para La Palma, y adopta medidas urgentes en materia financiera, energética, agraria, de vivienda y de tráfico.

Aprueba el texto refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón. Reúne en un solo texto las normas sobre los ingresos y gastos de la Hacienda aragonesa, el presupuesto, la contabilidad, la tesorería, el endeudamiento y las responsabilidades.

La ley incorpora al derecho español varias directivas de la Unión Europea. Regula la accesibilidad de productos y servicios, la entrada de personas altamente cualificadas, obligaciones tributarias del IVA y la digitalización de notarías y registros. También modifica la ley sobre responsabilidad civil por daños nucleares.

Desarrolla y aplica en Aragón la Ley 1/2021 de simplificación administrativa. Regula el silencio positivo, el plazo de resolución de tres meses y la sustitución de autorizaciones previas por declaraciones responsables o comunicaciones. Modifica varias leyes autonómicas para adaptar sus procedimientos.

La ley organiza el sector público de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Define qué entidades lo forman, cómo se crean, transforman y extinguen, y cómo se coordinan entre sí. También regula su funcionamiento al servicio de la ciudadanía, incluida la administración electrónica y el uso de las lenguas.

La ley aprueba los Presupuestos Generales del Estado para 2022: fija los ingresos previstos y autoriza los gastos del Estado y de los organismos que dependen de él. También regula la gestión de esos gastos, el personal público, las pensiones, la deuda pública, algunas normas tributarias y la financiación de comunidades autónomas y entidades locales.

Regula los principios generales y la organización del sistema de información contable de la Seguridad Social. Sustituye al Real Decreto 508/2000 y actualiza el marco que aplica la Intervención General de la Seguridad Social. Incluye el ámbito de aplicación, los fines y los principios del sistema.

Modifica el Real Decreto 706/1997 para permitir que los expedientes de reconocimiento de prestaciones de la Seguridad Social se repartan automáticamente entre las distintas intervenciones delegadas, según las cargas de trabajo. También amplía la competencia territorial de los órganos provinciales de las entidades gestoras.

Modifica tres reales decretos sobre entidades financieras: las sociedades de reafianzamiento, el cambio de moneda extranjera en establecimientos abiertos al público y el desarrollo de la ley de ordenación y solvencia de entidades de crédito. Adapta estas normas al marco europeo de supervisión bancaria.

Establece en Navarra las reglas para programar, presupuestar, gestionar y ejecutar actuaciones financiables con fondos europeos, en especial los del Instrumento Europeo de Recuperación (Next Generation EU). También agiliza trámites administrativos, de subvenciones y de contratación, y fija medidas en el sector eléctrico.

Este real decreto-ley incorpora al derecho español varias directivas de la Unión Europea. Regula la defensa de la competencia, la prevención del blanqueo de capitales, las entidades de crédito, las telecomunicaciones, el IVA, los daños medioambientales, el desplazamiento de trabajadores y la defensa de los consumidores.

Modifica la normativa sobre ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras. Actualiza las reglas sobre las tablas biométricas que se usan para calcular las provisiones técnicas en seguros de vida y decesos, y crea una comisión técnica de análisis de sus hipótesis.