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La ley establece el marco de la acción climática en Galicia: fija objetivos, órganos de gobernanza, planes y estrategias, e integra la perspectiva climática en la contratación, las ayudas, los presupuestos y la educación. También regula la meteorología, la climatología y la calidad del aire.

Establece las bases para conceder ayudas directas a proyectos españoles seleccionados por la Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente (CINEA) en el esquema «Subasta como Servicio», dentro del futuro Banco de Descarbonización Industrial. Las ayudas se financian con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y de Next Generation EU.

Modifica el Real Decreto 1089/2020, que regula el ajuste de la asignación gratuita de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en el periodo 2021-2030. Actualiza así las normas que aplican en España el régimen europeo de comercio de derechos de emisión.

Regula el Fondo de Carbono para una Economía Sostenible, un fondo público sin personalidad jurídica adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica. Establece sus objetivos, las actuaciones que puede financiar, cómo se compran créditos de carbono y cómo se organiza y gestiona.

Establece el marco para fomentar una movilidad sostenible en España. Crea órganos de coordinación entre administraciones, instrumentos de planificación y un sistema de datos sobre movilidad. Regula también la planificación de infraestructuras, la innovación, la digitalización y un régimen sancionador.

La ley establece medidas para simplificar los trámites administrativos en Cantabria. Regula los plazos para resolver procedimientos, el silencio administrativo, los informes sectoriales y la declaración responsable para actividades económicas. También crea los Proyectos Empresariales Estratégicos y la Unidad Aceleradora de Proyectos.

Crea el registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono y regula su estructura y funcionamiento. Establece la obligación de calcular la huella de carbono y elaborar y publicar planes de reducción de emisiones para determinadas empresas.

Establece cómo se organiza España para elaborar y comunicar los datos sobre emisiones de gases de efecto invernadero y contaminantes del aire. Regula el inventario nacional, las proyecciones, las políticas y medidas, y los informes que se envían a la Unión Europea y a organismos internacionales.

Modifica la Ley 6/2022 de cambio climático y transición energética de Canarias para ajustar varios artículos tras un acuerdo con el Estado y adaptarla a la ley estatal 7/2021. Regula instrumentos de planificación climática, proyectos de acción climática y medidas en sectores como turismo, agricultura, energía y educación.

Desarrolla la asignación gratuita de derechos de emisión de gases de efecto invernadero para el periodo 2026-2030 y regula la exclusión del régimen de comercio de derechos de emisión de hospitales, instalaciones de pequeño tamaño e instalaciones que emiten menos de 2.500 toneladas. Establece las solicitudes, requisitos de verificación, obligaciones de seguimiento y régimen sancionador de las instalaciones excluidas.

Modifica varias leyes de la Comunitat Valenciana en materia de tasas e impuestos propios y cedidos, y en organización administrativa. También cambia normas sobre vivienda, servicios sociales, infancia, juego, función pública, educación, agricultura, medio ambiente y sanidad.

Concede una subvención directa al Instituto Volcanológico de Canarias, S.A.U. para desplegar durante cuatro años (2023-2026) un sistema de vigilancia de emisiones de gases tóxicos en Puerto Naos y La Bombilla, en La Palma. La norma regula el procedimiento, la cuantía, el pago y la justificación de la ayuda.

Modifica varias tasas y tributos propios de la Generalitat de Cataluña, como el canon del agua, el impuesto sobre las emisiones de CO2 de vehículos, el impuesto sobre estancias turísticas y el impuesto sobre viviendas vacías. También introduce medidas financieras, de contratación pública, de personal y de organización del sector público para 2023.

La ley establece el marco de Canarias para luchar contra el cambio climático y avanzar hacia la transición energética. Crea órganos de coordinación y planificación, e integra criterios climáticos en urbanismo, contratación pública, energía, transporte y otras políticas. Incluye un régimen de infracciones y sanciones.

Modifica tres normas sobre contaminación: la que regula la calidad del aire, la de emisiones industriales y la de garantías financieras en residuos. Con ello actualiza el marco para evaluar y controlar la contaminación atmosférica y las emisiones de las industrias.

Regula las zonas de bajas emisiones: delimita dónde se aplican, qué restricciones de acceso, circulación y estacionamiento pueden imponer los ayuntamientos y qué contenido mínimo debe tener su proyecto. También fija el procedimiento, la señalización, el seguimiento y el régimen sancionador.

Modifica en Navarra la regulación del Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica, el Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero y el Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades de Crédito. En los gases fluorados, el impuesto pasa a gravar la fabricación, importación, adquisición intracomunitaria o tenencia irregular, en lugar de la venta al consumidor final.

Modifica la Ley de transparencia para obligar a publicar estadísticas sobre la participación de microempresas, pequeñas y medianas empresas (pymes) en la contratación pública. Añade esta información al artículo 8 de esa ley, que regula qué datos deben hacerse públicos.

Regula los criterios de sostenibilidad y de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que deben cumplir los biocarburantes, biolíquidos y combustibles de biomasa. También crea el sistema de garantías de origen para el gas procedente de fuentes renovables.