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Modifica el Real Decreto que regula el Registro nacional de instrucciones previas para adaptar la información que las comunidades autónomas envían a este registro. El cambio se debe a la entrada en vigor de la Ley Orgánica 3/2021, de regulación de la eutanasia.

Amplía los tipos de beneficiarios que pueden recibir ayudas para autoconsumo, almacenamiento y energías renovables térmicas. Estas ayudas se conceden a las comunidades autónomas y a Ceuta y Melilla, que las reparten en el marco del Plan de Recuperación. Modifica dos reales decretos anteriores de 2021.

Establece un mecanismo temporal que ajusta los costes de producción de la electricidad para bajar su precio en el mercado mayorista. Fija cómo se calcula ese ajuste, quién lo liquida y cómo se aplica en el mercado ibérico.

Crea un mecanismo para compensar a ciertas empresas industriales por los costes indirectos de las emisiones de CO2 que soportan, dentro del periodo 2021-2030. Regula quién puede recibir estas ayudas y cómo se solicitan, tramitan y controlan.

Regula el juego y las apuestas en La Rioja: fija las modalidades permitidas, las autorizaciones y los establecimientos donde se practican, y establece medidas para prevenir el juego problemático y patológico. También crea órganos de control, un registro de interdicciones de acceso y un régimen de infracciones y sanciones.

Establece medidas urgentes para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. Incluye apoyos a la industria que consume mucha energía, cambios en el régimen retributivo de las renovables, agilización de proyectos de energías renovables y una bonificación temporal del precio de determinados productos energéticos. También recoge medidas de transporte, apoyo a empresas y autónomos, al sector agrícola, ganadero y pesquero, y a trabajadores y colectivos vulnerables.

Regula la actividad de prestación de servicios de recarga energética para vehículos eléctricos. Establece los derechos y obligaciones de los operadores de puntos de recarga y de las empresas proveedoras de servicios para la movilidad eléctrica, y fija el régimen de autorización de infraestructuras de más de 250 kW.

Ley de la Comunidad Autónoma de Galicia que reúne medidas fiscales y administrativas para aplicar los presupuestos de 2022. Incluye cambios en el IRPF, el impuesto sobre el patrimonio y otros tributos, y modifica varias leyes autonómicas sobre empleo público, medio ambiente, medio rural, movilidad, mar, servicios sociales, vivienda, sanidad y universidades.

La ley introduce en la normativa estatal la figura de la persona consumidora vulnerable, que requiere protección especial en sus relaciones de consumo. Modifica la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras normas para atender situaciones de vulnerabilidad social y económica.

Modifica el Código civil de Cataluña para incorporar dos directivas europeas sobre contratos de compraventa de bienes y de suministro de contenidos y servicios digitales. Regula la conformidad de los bienes y servicios digitales, los plazos de responsabilidad y los derechos del comprador o adquirente.

La ley aprueba medidas fiscales y administrativas que acompañan a los presupuestos de Cantabria de 2022. Modifica tasas propias y tributos cedidos, y cambia varias leyes autonómicas sobre servicios sociales, empleo, salud, medio ambiente, turismo, consumo y transporte, entre otras.

Crea la Comisión Interministerial de Consumo y fija su composición, funciones y forma de funcionamiento. Sustituye la regulación anterior de este órgano y lo adapta a la nueva organización de los ministerios.

Esta ley aprueba medidas fiscales, financieras, administrativas y de organización del sector público de la Generalidad de Cataluña para completar el marco de los presupuestos de 2022. Modifica tributos propios y cedidos, tasas, normas de contratación pública, personal y reestructuración de entidades públicas.

Crea en Aragón el Impuesto Medioambiental sobre las Aguas Residuales, que sustituye al anterior impuesto sobre la contaminación de las aguas. Regula quién debe pagarlo, qué usos se gravan, las exenciones, cómo se calcula el consumo y la carga contaminante, las tarifas y la gestión del tributo.

La ley regula el sistema de servicios sociales de la Región de Murcia. Establece los derechos de las personas usuarias, el catálogo de prestaciones, la organización territorial y las competencias de la administración autonómica y local. También regula la inspección y el régimen de infracciones y sanciones.

Modifica la Ley 12/2013 para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. Cambia las reglas sobre contratos entre productores, transformadores y distribuidores, y refuerza el control de las prácticas comerciales. También crea o ajusta órganos de ejecución y denuncia.

Regula el juego en Castilla-La Mancha: qué juegos se permiten, quién puede organizarlos, qué locales pueden usarse y cómo se controlan. También fija las obligaciones de empresas y usuarios, la inspección, las sanciones y los impuestos sobre el juego.

Adapta al derecho español varias directivas de la Unión Europea. Regula los bonos garantizados que emiten los bancos, la venta transfronteriza de fondos de inversión, la reutilización de datos del sector público, los derechos de autor en internet, ciertas exenciones de IVA, la protección de las personas consumidoras y el fomento de vehículos de transporte limpios.

Prorroga hasta el 31 de octubre de 2021 varias medidas de protección social y económica que estaban vigentes por normas anteriores frente a situaciones de vulnerabilidad. Incluye medidas sobre vivienda y sobre violencia de género, y modifica otras normas para ajustar su vigencia.