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Modifica la orden que creó las unidades administrativas de las oficinas de asistencia a las víctimas del delito. Actualiza la organización de estas oficinas, incluida la de la Audiencia Nacional y la de víctimas del terrorismo, y adapta la relación de puestos de trabajo.

Establece el diseño, la dimensión y la organización de las oficinas judiciales de los Tribunales colegiados y Tribunales de Instancia en los partidos judiciales que dependen del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Regula las unidades que las integran, los servicios comunes de tramitación, generales y de ejecución, y los servicios transversales como la guardia o el Registro Civil.

Establece que los Tribunales de Instancia de Puerto del Rosario y Arganda del Rey tengan dos secciones separadas: una Civil y otra de Instrucción, en lugar de una Sección Única. Modifica la planta judicial y las relaciones de puestos de trabajo del personal de la Administración de Justicia.

Crea nuevas plazas y secciones judiciales especializadas en violencia sobre la mujer y en violencia contra la infancia y la adolescencia. También amplía la plantilla del Ministerio Fiscal y modifica la planta judicial para adaptarla a los Tribunales de Instancia.

Transforma el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Melilla en Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Melilla. Modifica los anexos de la Ley de Demarcación y Planta Judicial y de la Ley Orgánica de eficiencia del servicio público de Justicia para reflejar el cambio.

Fija la fecha de entrada en funcionamiento de nueve juzgados de la programación de 2023 y cambia la fecha de tres juzgados en Canarias, que pasa del 30 de junio al 30 de septiembre de 2024. También establece cuándo son efectivas las agrupaciones para ampliar la competencia de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de Málaga y Las Palmas de Gran Canaria.

Crea las unidades administrativas de varias oficinas de asistencia a las víctimas del delito: una en la Audiencia Nacional, otra para víctimas del terrorismo en la Audiencia Nacional y oficinas en Mallorca, Ibiza, Menorca, varias provincias de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia, Ceuta y Melilla. Regula su estructura, personal, funciones y dependencia.

Crea 69 nuevas unidades judiciales y una plaza de Juez o Jueza de Adscripción Territorial para la programación de 2023, y ajusta la planta judicial. También dota plazas de Magistrado o Magistrada en la Audiencia Nacional, Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales, y regula la transformación de juzgados.