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Regula cómo el Ingreso Mínimo Vital se combina con los ingresos del trabajo o de la actividad por cuenta propia. Establece una parte de esos ingresos que no se descuenta de la prestación (renta exenta) para que trabajar resulte más rentable. Fija el cálculo, el reconocimiento de la exención y su evaluación.

Crea y regula el Sello de Inclusión Social, un distintivo para entidades públicas y privadas que colaboren en la inclusión social de personas en situación o riesgo de exclusión. Establece los requisitos, el procedimiento de solicitud, concesión, vigencia y revocación, y los compromisos de quienes lo obtienen.

Modifica dos reglamentos de la Seguridad Social para adaptar los trámites de afiliación, alta, baja y cotización de los trabajadores autónomos. Refuerza la vía electrónica y permite cambiar las bases de cotización con más frecuencia dentro del año.

Regula cuándo se entiende causada la pensión de jubilación contributiva y el ingreso mínimo vital. En la jubilación, la persona interesada puede elegir la fecha del hecho causante si cumple los requisitos. En el ingreso mínimo vital, el hecho causante es la fecha de presentación de la solicitud.

Fija qué actividades económicas pueden pedir a la Tesorería General de la Seguridad Social una moratoria de seis meses sin interés en el pago de cotizaciones. La moratoria se aplica a empresas y trabajadores por cuenta propia no suspendidos por el estado de alarma, según una lista de códigos CNAE-2009.