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Establece el procedimiento para reconocer, declarar y calificar el grado de discapacidad. Regula los baremos, los equipos multiprofesionales que evalúan, la resolución, la tarjeta acreditativa, la revisión del grado y las reclamaciones. También fija reglas sobre confidencialidad y sistema de información.

Publica el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del SAAD sobre las bases comunes del Fondo para la lucha contra la privación material, incluido en el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), y la propuesta de reparto territorial. El fondo se gestiona mediante un programa único estatal con las comunidades y ciudades autónomas como organismos intermedios.

Modifica los criterios comunes de acreditación de centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Permite, de forma excepcional y mientras dure la pandemia de COVID-19, que personas sin las titulaciones exigidas trabajen en esos servicios si tienen experiencia en el cuidado de personas dependientes.

Establece las normas para conceder de forma directa subvenciones a las comunidades autónomas que acojan a niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados que están en los centros de protección de Ceuta. El objetivo es aliviar la presión sobre los recursos de protección de la infancia de Ceuta mediante la corresponsabilidad entre administraciones.

Establece las normas para dar una subvención directa a la Comunidad Autónoma de Canarias. El dinero se destina a mejorar la atención y acogida de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados que están bajo su tutela o acogida.

Publica un acuerdo que modifica los criterios comunes de acreditación de centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. El cambio afecta a las titulaciones y cualificaciones exigidas al personal que trabaja en ese sistema.