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Modifica el Reglamento que desarrolla la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva para adaptarlo a cambios legales recientes y a una directiva europea. Incorpora la obligación de que las sociedades gestoras de fondos tengan en cuenta los riesgos de sostenibilidad en sus procesos y controles internos.

Modifica la normativa sobre ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras. Actualiza las reglas sobre las tablas biométricas que se usan para calcular las provisiones técnicas en seguros de vida y decesos, y crea una comisión técnica de análisis de sus hipótesis.

Establece que la tasa por inscripción en el registro administrativo de distribuidores de seguros y reaseguros se puede pagar de forma voluntaria por internet. Fija el procedimiento para presentar la autoliquidación y pagar esta tasa, gestionada por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.

Establece el régimen jurídico de los establecimientos financieros de crédito: su definición, las actividades que pueden realizar, los requisitos para obtener y mantener la autorización, las obligaciones de solvencia e información y las reglas de supervisión. También modifica el Reglamento del Registro Mercantil y otra norma sobre entidades de crédito.