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Establece qué datos deben comunicar electrónicamente a la Administración las empresas de arrendamiento de vehículos con conductor (VTC) sobre sus servicios. Excluye los datos personales de los usuarios y crea un registro de comunicaciones. Sustituye un artículo anulado por el Tribunal Supremo.

Establece las características que deben cumplir los soportes y aplicaciones informáticas para cumplimentar por medios electrónicos los documentos de control exigidos en los transportes por carretera. También fija cómo deben enviarse copias de esos documentos a la inspección cuando se detecte una posible infracción.