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Amplía de dos a tres años el plazo máximo de los acuerdos de provisión directa con entidades privadas que prestan servicios sociales de la red pública en Cataluña. Estos acuerdos son un paso provisional mientras las entidades se acreditan e integran en el sistema de concierto social.

Modifica normas catalanas de contratación pública para incorporar criterios de calidad, sociales y medioambientales en la compra de obras, suministros y servicios por las administraciones catalanas. Regula la contratación conjunta, la división en lotes, los pagos menores y la subcontratación.

Modifica la Ley 22/1998, de la Carta municipal de Barcelona, para actualizar su régimen especial. La norma cambia el articulado de esa ley y fija cuándo entra en vigor.

Modifica varias tasas y tributos propios de la Generalitat de Cataluña, como el canon del agua, el impuesto sobre las emisiones de CO2 de vehículos, el impuesto sobre estancias turísticas y el impuesto sobre viviendas vacías. También introduce medidas financieras, de contratación pública, de personal y de organización del sector público para 2023.

Esta ley aprueba medidas fiscales, financieras, administrativas y de organización del sector público de la Generalidad de Cataluña para completar el marco de los presupuestos de 2022. Modifica tributos propios y cedidos, tasas, normas de contratación pública, personal y reestructuración de entidades públicas.

Establece medidas organizativas para la atención sociosanitaria en Cataluña, que combina servicios sociales y sanitarios. Modifica normas sobre contratación de servicios sanitarios y sobre la cartera de servicios sociales, y fija la gestión conjunta de esta prestación.

Establece medidas urgentes para gestionar los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y del fondo REACT-EU en la Administración de la Generalidad de Cataluña y su sector público. Regula especialidades en presupuesto, subvenciones, contratación, convenios y personal para ejecutar esos fondos.

Establece una ayuda extraordinaria para entidades, empresas y autónomos que gestionan instalaciones juveniles (casas de colonias, albergues, granjas escuela, aulas de naturaleza y campamentos). También fija medidas urgentes para las cooperativas catalanas y modifica dos decretos-ley anteriores de medidas sociales y de apoyo al tercer sector social.

Adopta medidas económicas, sociales y administrativas para paliar los efectos de la pandemia de COVID-19 en Cataluña. Incluye cambios tributarios, ayudas a la infancia y adolescencia, medidas sobre patrimonio y sobre personal. Se estructura en cuatro capítulos y once artículos.

Modifica las medidas de compensación económica a centros sanitarios por la COVID-19, aplaza el cobro del impuesto sobre emisiones de CO2 de vehículos de 2019 y 2020 y crea una prestación extraordinaria para suministros básicos.

Establece medidas fiscales, financieras, administrativas y de sector público para completar los presupuestos de la Generalidad de Cataluña de 2020. Crea y regula el impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente y modifica varios tributos propios y cedidos.

Modifica el Decreto-ley 7/2020 de Cataluña para adaptar las medidas sobre contratación pública a la normativa estatal aprobada por el COVID-19. También añade medidas excepcionales en subvenciones y ayudas, medidas para entidades públicas y medidas tributarias.

Establece medidas urgentes de la Generalitat de Cataluña en materia asistencial, presupuestaria, financiera, fiscal, de contratación y económica para paliar los efectos de la pandemia de coronavirus. Regula actuaciones en esas seis áreas mediante un solo decreto-ley.

Establece medidas urgentes en Cataluña durante la crisis del COVID-19: suspende la ejecución de ciertos contratos públicos, permite mesas de contratación sin presencia física y la tramitación de emergencia, regula la gestión de residuos sanitarios de riesgo y suspende plazos de presentación e ingreso de tributos.