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España se adhiere al Convenio de la Organización Internacional del Trabajo adoptado en Ginebra el 12 de junio de 2023. Este Convenio modifica varias normas internacionales del trabajo para incluir un entorno de trabajo seguro y saludable como principio fundamental.

España ratifica el Acuerdo de la ONU sobre conservación y uso sostenible de la diversidad biológica marina en aguas fuera de la jurisdicción nacional (alta mar). El Acuerdo regula los recursos genéticos marinos, los mecanismos de gestión por áreas (incluidas áreas marinas protegidas), las evaluaciones de impacto ambiental y la creación de capacidad y transferencia de tecnología.

España ratifica la Convención que crea la Organización Internacional de Ayudas a la Navegación Marítima (IALA), un organismo intergubernamental de carácter consultivo y técnico con sede en Francia. La Convención regula sus fines, órganos, financiación y reglas de funcionamiento.

España ratifica el Protocolo que permite al Reino de Suecia adherirse al Tratado del Atlántico Norte (OTAN). El protocolo invita a Suecia a adherirse y fija cómo entra en vigor: cuando todas las partes del Tratado lo acepten.

Este real decreto-ley reúne varias medidas: incorpora directivas europeas sobre fusiones y escisiones de empresas y sobre conciliación familiar y laboral, prorroga ayudas frente a la guerra de Ucrania y para La Palma, y adopta medidas urgentes en materia financiera, energética, agraria, de vivienda y de tráfico.

Disuelve el Congreso de los Diputados y el Senado elegidos el 10 de noviembre de 2019 y convoca elecciones a ambas cámaras para el domingo 23 de julio de 2023. Fija la campaña electoral, el número de diputados y senadores por circunscripción y la fecha de constitución de las nuevas cámaras.

Regula el derecho a la vivienda y fija las bases de las políticas públicas en esta materia. Establece derechos y deberes de la ciudadanía, límites al derecho de propiedad y reglas sobre vivienda protegida y parques públicos de vivienda. También prevé declarar zonas de mercado residencial tensionado y exige información en las operaciones de compra y alquiler.

Modifica la Ley General Tributaria para aplicar en España la Directiva europea DAC 7. Crea la obligación de que los operadores de plataformas digitales informen a la Administración sobre los ingresos de sus vendedores. También regula inspecciones conjuntas y controles simultáneos entre países de la UE.

Adopta medidas urgentes frente a la sequía y el encarecimiento de costes en el sector agrario: ayudas directas a ganaderos, apicultores y agricultores, apoyo al seguro agrario, flexibilización de la PAC y medidas fiscales y de Seguridad Social. También regula el uso del agua en cuencas afectadas y rebajas de billetes de transporte público terrestre para jóvenes.

La ley incorpora al derecho español varias directivas de la Unión Europea. Regula la accesibilidad de productos y servicios, la entrada de personas altamente cualificadas, obligaciones tributarias del IVA y la digitalización de notarías y registros. También modifica la ley sobre responsabilidad civil por daños nucleares.

Modifica el Código Penal en materia de delitos contra la libertad sexual para evitar que en casos graves se apliquen las penas mínimas de los nuevos marcos penales. También corrige omisiones sobre responsabilidad penal de personas jurídicas y sobre la difusión de contenidos que incitan a agresiones sexuales a menores de dieciséis años.

España ratifica el Protocolo que permite la adhesión de Finlandia al Tratado del Atlántico Norte. El Protocolo invita a Finlandia a adherirse y fija cuándo entra en vigor: cuando todas las partes del Tratado lo acepten.

Modifica el Convenio Económico entre el Estado y Navarra para incorporar nuevos impuestos y adaptar el reparto de competencias. Incluye el impuesto sobre envases de plástico no reutilizables, el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas y cambios en el impuesto sobre gases fluorados. También regula métodos de ajuste a consumo para estos tributos.

Modifica el Concierto Económico con el País Vasco para adaptarlo a los cambios del sistema tributario estatal. Actualiza el reparto de competencias y la aplicación de tributos entre el Estado y la comunidad autónoma.