Buscar en el BOE

Aprueba un plan de respuesta a la crisis en Oriente Medio con medidas energéticas, económicas, tributarias, agrarias, pesqueras, de transporte y sociales. Incluye descuentos para consumidores eléctricos vulnerables, ayudas al bono social térmico y medidas para impulsar la electrificación y las renovables.

Establece una prórroga extraordinaria de hasta dos años para los contratos de alquiler de vivienda habitual que terminen antes del 31 de diciembre de 2027. También limita la subida anual de la renta al 2 % hasta esa fecha, y en todo caso si el arrendador es un gran tenedor.

Modifica la Ley de Memoria Democrática para reconocer a las personas fallecidas o con lesiones incapacitantes por su actividad en defensa y reivindicación de la Democracia. También cambia la Ley del IRPF y un real decreto sobre el abono de indemnizaciones.

Establece ayudas y medidas urgentes para reparar los daños causados por lluvias, viento, nieve y otros fenómenos meteorológicos adversos, con especial incidencia en Andalucía y Extremadura. Incluye apoyos a personas, viviendas, empresas, explotaciones agrarias y pesqueras, ayuntamientos y medidas fiscales y de empleo.

Modifica la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios para proteger el acceso a bienes y servicios esenciales durante emergencias. Permite limitar temporalmente los precios cuando una emergencia altere la oferta y la demanda. Incluye medidas para los servicios afectados por el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba).

Aprueba medidas urgentes para proteger a personas en situación de vulnerabilidad social. Incluye cambios en vivienda, energía, empleo, impuestos y en la financiación de comunidades autónomas y ayuntamientos.

Fija la revalorización de las pensiones públicas para 2026 en un 2,7 %, el valor medio de la variación del IPC de los doce meses previos a diciembre. También actualiza el límite de la cuantía inicial de las pensiones y las bases de cotización de la Seguridad Social.

Establece ayudas para las víctimas de los accidentes ferroviarios ocurridos en Adamuz (Córdoba) y Gélida (Barcelona) en enero de 2026. Regula quiénes pueden recibirlas, sus importes, cómo se gestionan y conceden, y su compatibilidad con otras indemnizaciones. También crea Oficinas de Atención Integral y protege a las personas trabajadoras afectadas.

Regula los servicios de atención a la clientela de las empresas, fijando niveles mínimos de calidad, medios de contacto, plazos de resolución de consultas y reclamaciones, sistemas de evaluación y un régimen de infracciones y sanciones.

Prorroga varias medidas de protección social y adopta medidas urgentes en materia tributaria y de Seguridad Social. Incluye normas sobre vivienda, energía, pensiones, empleo, impuestos y financiación de comunidades autónomas y ayuntamientos.

Establece ayudas y bonificaciones para abaratar el transporte público: descuentos en abonos y títulos multiviaje de autobuses y trenes, ayudas a comunidades y ayuntamientos para el transporte urbano e interurbano, y medidas para Cercanías de Asturias y Cantabria.

España se adhiere al Acuerdo sobre la conservación de las poblaciones de murciélagos en Europa, que obliga a proteger sus refugios y zonas de alimentación y a prohibir su captura o muerte deliberada sin permiso. El Acuerdo incluye 14 artículos y un anexo.

España se adhiere al Acuerdo europeo sobre grandes líneas de transporte internacional combinado e instalaciones conexas (AGTC), hecho en Ginebra el 1 de febrero de 1991. El Acuerdo establece un marco común para desarrollar líneas de ferrocarril y terminales que faciliten el transporte de mercancías usando más de un medio de transporte.

Establece el marco para fomentar una movilidad sostenible en España. Crea órganos de coordinación entre administraciones, instrumentos de planificación y un sistema de datos sobre movilidad. Regula también la planificación de infraestructuras, la innovación, la digitalización y un régimen sancionador.

Aprueba subidas salariales para el personal del sector público. Fija un aumento consolidable del 2,5 % en 2025 y del 1,5 % en 2026, con un 0,5 % adicional en 2026 si el IPC llega al 1,5 %.

Permite que las entidades locales y las comunidades autónomas usen el superávit presupuestario de 2024 para financiar inversiones financieramente sostenibles en 2025, 2026 y 2027. También amplía el plazo para que los sistemas informáticos de facturación de empresarios y profesionales cumplan los requisitos del reglamento que los regula.