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Actualiza las entregas a cuenta que el Estado transfiere a las comunidades autónomas y a las entidades locales dentro de los sistemas de financiación territorial. Regula también la liquidación definitiva de la participación de los municipios y provincias en los tributos del Estado. Se aprueba ante la prórroga presupuestaria para ajustar las previsiones de ingresos de 2025.

Modifica la Ley 18/2010 para incluir en el régimen de cesión de tributos del Estado a Andalucía el Impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos. Con ello se fija el alcance y las condiciones de esa cesión.

Modifica la Ley 26/2010 para incluir en el régimen de cesión de tributos del Estado a Canarias el Impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos. La ley entra en vigor con su publicación.

Modifica la Ley 16/2010, que regula la cesión de tributos del Estado a Cataluña, para incorporar el Impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos entre los tributos cedidos a esta comunidad.

Modifica la Ley 23/2010 para incluir en el régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunitat Valenciana el Impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos. Con ello se fija el alcance y las condiciones de esa cesión.

Modifica la Ley 17/2010 para incluir en el régimen de cesión de tributos del Estado a Galicia el Impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos.

Modifica la Ley 28/2010 para incluir en el régimen de cesión de tributos del Estado a las Illes Balears el Impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos. La ley entra en vigor con su publicación.

Establece normas para que las autoridades competentes puedan acceder e intercambiar información financiera con el fin de prevenir, detectar, investigar o enjuiciar delitos graves, como el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. Regula el acceso al Fichero de Titularidades Financieras y el intercambio de datos con organismos nacionales y europeos, con reglas de protección de datos.

Permite a los ayuntamientos usar el superávit de 2019 para inversiones sostenibles y les da apoyo financiero. Crea créditos extraordinarios para la recuperación económica y social local y para el transporte público. Regula también el endeudamiento local y su participación en tributos del Estado.

Crea el Fondo COVID-19 para dar apoyo financiero a las comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía. Regula cómo se reparte el dinero entre ellas y cómo se les entrega. También fija reglas sobre el superávit presupuestario de 2020 y modifica la Ley General Tributaria.

Adopta medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19. Incluye refuerzo del gasto sanitario, apoyo a familias, al turismo y aplazamiento de deudas tributarias. También regula la contratación pública y transferencias de crédito entre administraciones.