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Establece las normas y procedimientos de diligencia debida que los operadores de plataformas digitales deben aplicar para identificar a sus vendedores y recoger sus datos. Con esa información, los operadores deben comunicarla a la Administración tributaria para el intercambio automático con otros países.

Aprueba un servicio de asistencia al ciudadano por videoconferencia en los Puntos de Información Catastral, donde el personal del Catastro atiende a distancia. También añade la consulta y certificación del valor de referencia de los inmuebles y permite prestar algunos servicios por vía telemática.

Establece instrucciones para un nuevo modelo de gestión informática en los Tribunales Económico-Administrativos y la Dirección General de Tributos, con la colaboración de la Agencia Tributaria. También regula el intercambio estable de información entre estos órganos y la entrega de notificaciones urgentes por agentes de la Agencia.