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Modifica el acuerdo de 2008 sobre el control interno de gastos públicos para añadir un requisito nuevo en las nóminas del ingreso mínimo vital. Cuando una comunidad autónoma reconoce el derecho a esta prestación, deberá enviar una certificación sobre las resoluciones adoptadas y el detalle de perceptores e importes.

Aprueba los modelos 234, 235 y 236 para declarar a Hacienda información sobre mecanismos transfronterizos de planificación fiscal. Regula quién debe presentarlos, su contenido, los plazos y la presentación electrónica.

Amplía hasta el 30 de junio de 2021 el periodo en que el control financiero permanente es la única modalidad de control para reconocer el derecho y la obligación de los expedientes del ingreso mínimo vital. El acuerdo surte efectos desde el 1 de enero de 2021.

Permite sustituir temporalmente la función interventora por el control financiero permanente en el sector público estatal mientras dure la situación excepcional por el COVID-19. El Interventor General de la Administración del Estado decide a qué expedientes, áreas y organismos se aplica mediante resolución.