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Establece los criterios de calidad y seguridad que deben cumplir las unidades de radioterapia de los centros sanitarios. Regula el programa de garantía de calidad, las responsabilidades de los profesionales, el control del equipamiento, los incidentes y las auditorías.

Modifica las bases reguladoras de las subvenciones a entidades sin fines de lucro para fomentar la donación y el trasplante de órganos, tejidos y células. Cambia la redacción de varios artículos para agilizar la tramitación y reforzar la objetividad y transparencia en la gestión de estas ayudas.

Crea la Red Estatal de Vigilancia en Salud Pública para coordinar los sistemas de vigilancia de la salud de la población. Regula sus fines, funciones, gobernanza, sistemas de vigilancia y laboratorios nacionales de referencia.

Establece los criterios de calidad y seguridad que deben cumplir las unidades asistenciales de medicina nuclear. Regula el programa de garantía de calidad, las obligaciones del centro sanitario, los procedimientos con radiofármacos, la formación, el control de calidad del equipamiento y las auditorías.

Modifica los supuestos en los que es obligatorio usar mascarilla durante la crisis sanitaria de la COVID-19. Deroga la norma anterior que regulaba esta obligación y fija el nuevo régimen de uso.

Establece las reglas para conceder ayudas, en concurrencia competitiva, a proyectos de investigación sobre adicciones, financiadas con fondos europeos, y aprueba la convocatoria de 2022. Las ayudas se centran en estudiar el efecto de la pandemia de COVID-19 en los consumos y los trastornos adictivos.

Modifica los supuestos en los que es obligatorio usar mascarilla durante la crisis sanitaria de la COVID-19. Deroga normas anteriores sobre esta obligación y fija la entrada en vigor de los cambios.

Modifica la lista de centros, servicios y establecimientos sanitarios considerados servicios esenciales durante el estado de alarma por el COVID-19. La nueva lista excluye a los centros de reconocimiento. Incluye hospitales, consultas, centros de atención primaria, farmacias, ópticas y ortopedias, entre otros.

Establece que las comunidades autónomas pueden disponer de los centros privados de diagnóstico clínico que no trabajen para el Sistema Nacional de Salud, incluido su personal. Las pruebas de COVID-19 requieren prescripción de un facultativo y los casos confirmados deben notificarse a la autoridad sanitaria.

Determina qué centros, servicios y establecimientos sanitarios se consideran esenciales durante el estado de alarma por el COVID-19 y cuáles no, y regula el permiso retribuido de su personal. Los esenciales deben mantener su actividad.

Establece medidas organizativas en residencias de mayores y centros sociosanitarios durante la crisis del COVID-19. Clasifica a los residentes según síntomas y contacto, regula el aislamiento, la asignación del personal y la limpieza de las zonas de riesgo.