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Crea y regula el Registro de Contratos Alimentarios, un registro digital obligatorio para los contratos entre productores primarios y sus compradores. Establece quién debe inscribirse, cómo hacerlo y el acceso de las autoridades.

Establece los criterios técnicos para considerar a un operador como «pertinente» y los medios electrónicos (el sistema SIEGA) para comunicar las existencias de cereales, semillas oleaginosas y arroz. Fija también la periodicidad y las fechas de esas comunicaciones.

Modifica tres reales decretos de 2014 que aplican en España la Política Agrícola Común. Cambia normas sobre pagos directos a la agricultura y la ganadería, derechos de pago básico y condicionalidad. El objetivo que indica es simplificar procedimientos y clarificar conceptos.

Establece las bases para dar subvenciones a armadores y al sector pesquero, acuícola, comercializador y transformador. Las ayudas financian sistemas de seguimiento electrónico remoto, la digitalización de la flota pequeña y el apoyo al sector, y se convocan para 2021.