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La ley regula la dinamización del medio rural de Aragón. Establece principios de actuación, criterios para clasificar municipios y asentamientos rurales, instrumentos de planificación y medidas de fomento económico, empleo, vivienda, servicios y fiscalidad diferenciada.

La ley regula en Aragón la agricultura social y familiar, el regadío, la reordenación de la propiedad agraria y el Patrimonio Agrario de la comunidad. También prevé actuaciones frente a daños en explotaciones agrarias por eventos naturales de especial intensidad.

Modifica el texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón. Cambia la regulación del suelo no urbanizable, amplía el contenido de las Delimitaciones del Suelo Urbano en municipios sin Plan General, suprime la limitación de vinculación de edificaciones en la zona de borde y acorta el régimen transitorio del planeamiento en tramitación.

La ley establece el marco de Canarias para luchar contra el cambio climático y avanzar hacia la transición energética. Crea órganos de coordinación y planificación, e integra criterios climáticos en urbanismo, contratación pública, energía, transporte y otras políticas. Incluye un régimen de infracciones y sanciones.

Desarrolla y aplica en Aragón la Ley 1/2021 de simplificación administrativa. Regula el silencio positivo, el plazo de resolución de tres meses y la sustitución de autorizaciones previas por declaraciones responsables o comunicaciones. Modifica varias leyes autonómicas para adaptar sus procedimientos.

Aprueba los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2022: fija los gastos e ingresos de la administración autonómica y de sus entes públicos, y regula cómo se modifican los créditos, el personal, la deuda y las normas tributarias propias.

Modifica el Código del Derecho Foral de Aragón y la Ley del Patrimonio de Aragón para regular a quién corresponden los inmuebles vacantes y los saldos y depósitos abandonados. Atribuye estos bienes a la Comunidad Autónoma de Aragón.

Crea la Prestación Aragonesa Complementaria del Ingreso Mínimo Vital, que se suma a esa ayuda estatal, y el Servicio Público Aragonés de Inclusión Social. Regula quién puede cobrar la prestación, su cuantía, duración, tramitación y reclamaciones, y ordena los programas de inclusión social en Aragón.

La ley regula cómo la Administración de Aragón simplifica sus trámites y procedimientos. Crea órganos de coordinación, regula la declaración responsable y las entidades colaboradoras de certificación, y establece un régimen sancionador. También incluye medidas sobre administración electrónica y sobre instalaciones de energía eléctrica.

Crea el ingreso canario de emergencia (ICE), una ayuda económica para personas en situación de vulnerabilidad por la crisis del COVID-19. También flexibiliza la tramitación de la prestación canaria de inserción (PCI), actualiza sus cuantías y establece medidas sobre vivienda protegida y alquileres.