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El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos de la Ley de Cataluña 11/2025, de 29 de diciembre, de medidas en materia de vivienda y urbanismo. El recurso lo presentan más de cincuenta diputados del Congreso.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso de la Generalitat Valenciana contra el Real Decreto 1312/2024, que regula el Registro Único de Arrendamientos y crea la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos. Anula los artículos sobre el procedimiento de registro único y la obligación de inscribirse en el Registro de la Propiedad o de Bienes Muebles para obtener un número de registro y poder ofrecer alquileres de corta duración en plataformas en línea. El resto del real decreto se mantiene.

Concede créditos extraordinarios y suplementos de crédito en varios departamentos del Gobierno de Navarra para el Presupuesto de 2026, destinados al Programa de Inversiones 2025. Los gastos se financian con cargo al remanente de tesorería para gastos generales.

Establece medidas fiscales en Navarra para responder a las consecuencias económicas de la crisis en Oriente Medio. Amplía plazos para reinvertir beneficios extraordinarios y para la Reserva Especial para Inversiones, y crea una deducción en el IRPF por obras de mejora de la eficiencia energética de las viviendas en 2026.

Modifica normas catalanas en materia fiscal, presupuestaria, de vivienda, urbanismo, personal y otras áreas. Incluye cambios en el canon del agua, el impuesto sobre emisiones de CO2 de vehículos y en leyes de vivienda y urbanismo. Se aprueba en situación de prórroga presupuestaria para 2026.

Modifica normas fiscales y administrativas de Cantabria para 2026. Incluye cambios en la tasa de gestión final de residuos urbanos y en tributos cedidos, y ajusta varias leyes autonómicas sobre administración, subvenciones, protección civil, urbanismo, carreteras, sanidad y personal sanitario.

Modifica la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias y la Ley de Sociedades Cooperativas de Canarias. En el suelo, regula la vigencia y posible prórroga del informe ambiental estratégico. En cooperativas, cambia el apartado primero de su disposición transitoria segunda.

Amplía el periodo durante el cual se aplica el tipo cero del Impuesto General Indirecto Canario a determinadas operaciones relacionadas con la erupción volcánica de La Palma. Modifica el texto refundido de las normas legales de Canarias sobre este impuesto.

La ley regula la protección, conservación y difusión del patrimonio cultural de Andalucía. Establece cómo se clasifican y declaran los bienes culturales, quién tiene competencias y qué obligaciones existen para sus propietarios. También crea instrumentos de registro e información y fija un régimen de inspección y sanciones.

Regula la renta valenciana de inclusión, una prestación económica y de acompañamiento para personas en situación de vulnerabilidad social o económica en la Comunitat Valenciana. Establece los requisitos de acceso, las cuantías y complementos, los itinerarios de inclusión y el procedimiento para solicitarla, mantenerla o perderla.

El Decreto-ley establece medidas urgentes en las Illes Balears para hacer frente a la crisis económica derivada de la guerra en Oriente Medio. Incluye ayudas y subvenciones para empresas, agricultura, pesca, transporte, industria y comercio, además de medidas fiscales, de contratación pública y de función pública.

El Congreso de los Diputados acuerda derogar el Real Decreto-ley 8/2026, de 20 de marzo, que establecía medidas en materia de alquiler como respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Irán. La derogación se aprueba conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

Crea en el Ministerio del Interior una Secretaría General de Protección Civil y Emergencias, que depende directamente del titular del departamento. Asume las funciones que tenía la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, adscrita a la Subsecretaría. Modifica para ello dos reales decretos sobre estructura orgánica de los ministerios y del Ministerio del Interior.

Actualiza los estándares de competencias profesionales de catorce familias profesionales (como Agraria, Energía y Agua, Química o Transporte y Mantenimiento de Vehículos) recogidos en el Catálogo Nacional de Estándares de Competencias Profesionales. Estos estándares son la referencia para diseñar y actualizar las ofertas de formación profesional.

Regula el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que fija las ayudas y líneas de financiación del Estado en materia de vivienda. Incluye subvenciones para aumentar la vivienda social y asequible, para rehabilitar edificios y mejorar la accesibilidad, y para reducir el esfuerzo económico de pagar la vivienda y facilitar la emancipación de los jóvenes.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso del presidente del Gobierno contra varios artículos de la Ley del paisaje de La Rioja, solo en lo que se apliquen a actuaciones de competencia estatal. Al invocarse el artículo 161.2 de la Constitución, la vigencia y aplicación de esos preceptos queda suspendida en ese ámbito desde el 1 de abril de 2026 para las partes y desde la publicación en el BOE para terceros.

Modifica tres leyes de Canarias: la de cambio climático y transición energética, el decreto-ley que ya la modificó en 2024 y la ley del suelo y espacios naturales protegidos. Ajusta la aplicación de las zonas de aceleración de energías renovables y otras previsiones de suelo.

Modifica varias normas de seguridad industrial para aplicar procedimientos de emergencia cuando la Unión Europea declare una crisis del mercado interior. También cambia el Real Decreto 212/2002 sobre el ruido de máquinas de uso al aire libre, en sus obligaciones de información y métodos de medición.