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Modifica la normativa urbanística de Extremadura para agilizar la aprobación y ejecución del planeamiento. Crea los Proyectos Estratégicos para Vivienda Asequible y regula las entidades de certificación urbanística. También permite aumentar la edificabilidad cuando se construyan viviendas con protección pública.

La ley modifica normas de la Generalitat Valenciana en varias materias: tributos propios y cedidos, vivienda, cooperativas, urbanismo, función pública, sanidad, servicios sociales, educación, agricultura, justicia, emergencias e industria. También reorganiza entes del sector público autonómico.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 20/2026, que establece medidas urgentes de protección laboral y social frente a los incendios forestales. La convalidación mantiene la vigencia de la norma aprobada por el Gobierno el 29 de julio de 2026.

Regula la concesión directa de subvenciones de vivienda y suelo durante 2026, sin convocatoria pública. Se destinan a realojos en la Cañada Real, a promover vivienda protegida de alquiler asequible o social y a la rehabilitación de edificios.

Amplía al ejercicio 2026 una deducción en el IRPF para residentes en la isla de La Palma y permite a las comunidades autónomas con superávit y bajo endeudamiento financiar inversiones entre 2026 y 2028. También abre un nuevo plazo para suspender pagos de préstamos a afectados por el volcán y regula una prestación por cese de actividad para autónomos afectados.

Aprueba el Reglamento que fija las condiciones básicas de accesibilidad cognitiva. Regula cómo deben ofrecerse la información y la comunicación para que las personas con dificultades cognitivas puedan entenderlas en ámbitos como administraciones, justicia, transportes, empleo o servicios públicos.

La ley regula la retirada y gestión del amianto en Cataluña. Crea instrumentos como el Censo catalán de materiales con amianto, el certificado de presencia o ausencia de amianto y un fondo económico. También fija derechos y obligaciones para administraciones, empresas, profesionales y ciudadanía, y establece inspección y sanciones.

El Tribunal Constitucional levanta en parte la suspensión de varios preceptos de la Ley valenciana 3/2025, de protección y ordenación de la costa valenciana, que había sido recurrida por el presidente del Gobierno. La suspensión se había acordado al admitir el recurso y ahora se revisa antes de que terminen los cinco meses previstos.

El Tribunal Constitucional resuelve un recurso de amparo de diputados de la Asamblea de Madrid sobre la tramitación en lectura única de un proyecto de ley de reforma de la Ley del suelo. Declara que se vulneró el derecho de los diputados a ejercer sus funciones representativas porque una interpretación inadecuada de la legalidad parlamentaria les privó del derecho de enmienda.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad presentado por la Generalitat de Cataluña contra varios preceptos de la Ley 12/2023, por el derecho a la vivienda. Declara que parte del proceso ha perdido objeto porque esos preceptos ya fueron juzgados en sentencias anteriores, y se pronuncia sobre la constitucionalidad de los preceptos relativos a la actividad del Estado en subvenciones de vivienda.

Establece medidas urgentes de protección laboral y social para las personas afectadas por los incendios forestales de 2026 en Madrid, Ávila y Toledo. Incluye la suspensión del contrato con una prestación extraordinaria, un permiso por fallecimiento y medidas de Seguridad Social, notariales y registrales.

Establece nuevos estándares de competencias profesionales y suprime otros en diez familias profesionales, como Administración y Gestión, Agraria, Energía y Agua o Transporte y Mantenimiento de Vehículos. Estos estándares forman parte del Catálogo Nacional de Estándares de Competencias Profesionales y sirven de referencia para diseñar y actualizar las ofertas de formación profesional.

Regula en Navarra el alquiler de habitaciones dentro de una vivienda. Distingue entre el alquiler de habitación para vivienda habitual, el de temporada y el contrato de hospedaje, y fija reglas propias para cada uno. También crea un registro de contratos de arrendamiento de vivienda.

Modifica la Ley Foral del Derecho a la Vivienda en Navarra para reforzar la permanencia de la vivienda protegida. Suprime la posibilidad de vender viviendas protegidas en alquiler tras 21 años desde su calificación, de modo que deben seguir destinadas al arrendamiento.