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El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de la Xunta de Galicia contra varios artículos de la Ley 12/2023, por el derecho a la vivienda. Declara que parte del recurso ha perdido su objeto y aplica doctrina de sentencias anteriores. Se pronuncia sobre la constitucionalidad de los preceptos que atribuyen a las administraciones de vivienda la declaración de incumplimiento de deberes de la propiedad, el contenido de la memoria para declarar zonas tensionadas y la reanudación de desahucios suspendidos por la covid-19.

Aprueba el modelo informativo que debe presentarse cada doce meses para cada categoría y tipo de arrendamiento de corta duración, en aplicación del Registro Único de Arrendamientos y la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos. El modelo incluye un listado anonimizado de los arrendamientos constituidos y la identificación de la finalidad temporal del arrendamiento.

Aprueba medidas urgentes para reforzar el sistema eléctrico tras el cero de tensión del 28 de abril de 2025. Incluye mandatos a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y al operador del sistema, reglas sobre almacenamiento, flexibilidad, autoconsumo y electrificación, y cambios en la planificación y autorización de instalaciones eléctricas.

Modifica tres circulares de la CNMV sobre fondos de inversión y entidades de capital riesgo. Adapta las normas de la comisión de gestión sobre resultados a las directrices europeas, exige a los fondos de inversión a largo plazo europeos presentar estados de información y establece la presentación electrónica de varios informes.

Modifica la Ley Foral del Derecho a la Vivienda en Navarra para actualizar la declaración de zonas de mercado residencial tensionado conforme a la Ley estatal 12/2023. Establece el procedimiento para declarar esas zonas y la información que debe reunirse antes.

La ley establece el marco para afrontar el cambio demográfico en Asturias: envejecimiento, baja natalidad y despoblación rural. Crea una estrategia y planificación demográfica, una comisión gubernamental y un observatorio, y ordena medidas en servicios sociales, sanidad, educación, empleo, fiscalidad y territorio.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad presentado por la Xunta de Galicia contra varios artículos y disposiciones de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda. El recurso cuestiona preceptos concretos de esa ley ante el Tribunal Constitucional.

La Diputación Permanente del Congreso convalida el Real Decreto-ley 5/2023, que mantiene y prorroga medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania, apoya la reconstrucción de La Palma y atiende otras situaciones de vulnerabilidad. También incorpora al ordenamiento español directivas europeas sobre modificaciones estructurales de sociedades y conciliación de la vida familiar y laboral.

Obliga a las comercializadoras de referencia a enviar cada año al Gobierno Vasco una lista de sus clientes que reciben el bono social eléctrico, para poder calcular y pagar el bono social térmico. La lista debe incluir datos personales, domicilio, grado de vulnerabilidad y cuenta bancaria.

Este real decreto-ley reúne varias medidas: incorpora directivas europeas sobre fusiones y escisiones de empresas y sobre conciliación familiar y laboral, prorroga ayudas frente a la guerra de Ucrania y para La Palma, y adopta medidas urgentes en materia financiera, energética, agraria, de vivienda y de tráfico.

Establece qué información periódica deben enviar al Banco de España las entidades de crédito, sus sucursales en España y los establecimientos financieros de crédito sobre bonos garantizados y otros instrumentos de movilización de préstamos. También modifica dos circulares anteriores sobre información financiera y modelos de estados financieros.

Modifica la Ley del sector ferroviario para adaptar la normativa española a las directivas europeas sobre el espacio ferroviario único. Reordena la definición de infraestructura ferroviaria e instalaciones de servicio y regula el acceso de nuevas empresas al transporte de viajeros por ferrocarril.

El Consejo de Ministros aprueba un Código de Buenas Prácticas para deudores hipotecarios en riesgo de vulnerabilidad. Las entidades que tengan préstamos hipotecarios sobre vivienda habitual pueden adherirse voluntariamente y ofrecer medidas para aliviar la subida de las cuotas. La resolución da publicidad al acuerdo y a la lista de entidades adheridas.

La ley busca facilitar la creación de nuevas empresas y reducir los obstáculos que frenan su crecimiento. Para ello modifica normas sobre sociedades, unidad de mercado, contratos públicos y morosidad, y regula las plataformas de financiación participativa.

Establece medidas urgentes en Cataluña para paliar los efectos del conflicto de Ucrania, como agilizar proyectos de energías renovables y flexibilizar plantas solares en suelo agrícola y forestal. También actualiza medidas adoptadas durante la pandemia de la COVID-19 en sanidad, servicios sociales y vivienda.

Establece cómo las comunidades autónomas deben enviar al Ministerio para la Transición Ecológica los datos de los certificados de eficiencia energética de edificios. Fija el contenido mínimo de esa información y dos formas de remisión: publicación en datos abiertos o envío en formato XML mediante la aplicación EVADINE.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 29/2021, que adopta medidas urgentes en el ámbito energético para fomentar la movilidad eléctrica, el autoconsumo y el despliegue de energías renovables.