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El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra varios incisos del Real Decreto-ley 1/2021 que permiten al juez suspender el lanzamiento de la vivienda habitual en procesos penales cuando la habitan personas sin título y en situación de vulnerabilidad. La sentencia analiza si esos incisos respetan los límites del decreto-ley y los derechos de propiedad y tutela judicial.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra la disposición final primera del Real Decreto-ley 1/2021, que protege a consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra varios incisos y preceptos del preámbulo y la disposición final primera del Real Decreto-ley 1/2021, que protege a consumidores y usuarios en situaciones de vulnerabilidad social y económica. El recurso lo presentan más de cincuenta diputados.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, que establece medidas urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio, y medidas en materia tributaria. Se ordena su publicación para conocimiento general.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre, que establece medidas urgentes frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica en vivienda y transportes. Ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Establece medidas urgentes para apoyar al turismo, la hostelería y el comercio. Incluye ayudas para el pago de alquileres de locales de negocio, medidas laborales y de Seguridad Social, y beneficios fiscales para empresas y autónomos.

Modifica el Real Decreto-ley 11/2020 para ampliar medidas de protección de arrendatarios vulnerables, como la suspensión de desahucios y lanzamientos. También regula el reequilibrio económico de contratos públicos de transporte de viajeros por carretera y modifica la ley de defensa de consumidores.

Establece medidas urgentes en las Illes Balears para paliar los efectos sociales del COVID-19. Regula el mantenimiento de los servicios sociales básicos y los conciertos sociales, la gestión de la renta social garantizada, la selección de personal temporal para servicios esenciales, las ayudas al alquiler de vivienda y el fomento de la investigación sanitaria.

Establece medidas urgentes para impulsar la actividad económica y simplificar trámites en las administraciones públicas de las Illes Balears ante la crisis de la COVID-19. Regula la intervención administrativa en actividades económicas, obras, ayudas y subvenciones, y medidas sanitarias y presupuestarias.

Establece medidas urgentes para proteger el territorio de las Illes Balears. Regula el suelo urbano no consolidado, la reclasificación de suelo urbanizable y las condiciones para edificar y usar vivienda unifamiliar en suelo rústico, con medidas de integración paisajística y ahorro de agua.

Modifica tres leyes extremeñas sobre ordenación del territorio, vivienda y grandes instalaciones de ocio. Busca reactivar la economía de Extremadura tras los efectos de la COVID-19 en la edificación y el urbanismo.

Amplía plazos para presentar y pagar autoliquidaciones de varios impuestos cedidos, como Sucesiones y Donaciones y Transmisiones Patrimoniales. También bonifica la tasa de máquinas recreativas del tercer trimestre y regula la tasa por controles sanitarios de animales.

Suspende durante 2020 la ampliación de un mes de los plazos urbanísticos que coinciden con agosto, para reactivar la tramitación de planeamiento y gestión urbanística. También modifica el régimen de fianzas de actividades extractivas y regula el Fondo del patrimonio natural y la biodiversidad.

Aprueba un quinto paquete de medidas urgentes en Navarra para responder al impacto del coronavirus. Incluye medidas sobre vivienda (vigencia de cédulas de habitabilidad, derecho subjetivo a la vivienda y subvenciones a inquilinos de vivienda protegida) y sobre contratación pública.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, que recoge medidas agrarias, científicas, económicas, de empleo, de Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos del COVID-19. Ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

La Instrucción aclara cómo se reanudan los plazos registrales tras levantarse la suspensión por el COVID-19. Recuerda que el artículo 42 del Real Decreto-ley 8/2020 sigue vigente y que la prórroga de quince días de los plazos de calificación y despacho se aplica a los documentos con asiento de presentación vigente el 13 de marzo de 2020.

Aprueba modelos de solicitud para inscribir en el Registro de Bienes Muebles la suspensión temporal de obligaciones de préstamos o garantías hipotecarias de personas físicas en situación de vulnerabilidad económica por el COVID-19. Los modelos son de uso voluntario.

Establece medidas organizativas en la Administración de la Generalidad de Cataluña, con cambios de competencias hacia el Departamento de Salud. También amplía el plazo para depositar fianzas de alquiler y regula inmuebles del Instituto Catalán del Suelo y la gestión de residuos.

Aclara cómo afecta el fin de la suspensión de los plazos administrativos, desde el 1 de junio de 2020, a actuaciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública y a los Registros de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles. Indica qué plazos se reanudan y cuáles siguen suspendidos.