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Establece nuevos estándares de competencias profesionales y suprime otros en diez familias profesionales, como Administración y Gestión, Agraria, Energía y Agua o Transporte y Mantenimiento de Vehículos. Estos estándares forman parte del Catálogo Nacional de Estándares de Competencias Profesionales y sirven de referencia para diseñar y actualizar las ofertas de formación profesional.

Establece medidas urgentes de apoyo al sector agrario y forestal en Cataluña. Incluye ayudas a explotaciones ganaderas de vacuno afectadas por tuberculosis, cambios en tasas, medidas de gestión forestal y prevención de incendios, simplificación agraria y medidas fiscales.

Aprueba el acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias que amplía los bienes adscritos a los servicios traspasados a la Generalitat de Cataluña en materia de reforma y desarrollo agrario (Canal Xerta-Sénia). Incluye el traspaso de un bien inmueble y la subrogación de la Generalitat en los derechos y obligaciones ligados a ese bien.

El Decreto-ley establece medidas urgentes en las Illes Balears para hacer frente a la crisis económica derivada de la guerra en Oriente Medio. Incluye ayudas y subvenciones para empresas, agricultura, pesca, transporte, industria y comercio, además de medidas fiscales, de contratación pública y de función pública.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, que aprueba el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio. La convalidación se hace conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

Aprueba un plan de respuesta a la crisis en Oriente Medio con medidas energéticas, económicas, tributarias, agrarias, pesqueras, de transporte y sociales. Incluye descuentos para consumidores eléctricos vulnerables, ayudas al bono social térmico y medidas para impulsar la electrificación y las renovables.

El Congreso de los Diputados acuerda derogar el Real Decreto-ley 2/2026, de 3 de febrero, que contenía medidas urgentes en materia tributaria, de vulnerabilidad social y de recursos de los sistemas de financiación territorial. La derogación se hace conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

Aprueba medidas urgentes para proteger a personas en situación de vulnerabilidad social. Incluye cambios en vivienda, energía, empleo, impuestos y en la financiación de comunidades autónomas y ayuntamientos.

Establece ayudas extraordinarias para reparar los daños de los incendios forestales del verano de 2025 en Extremadura y refuerza la prevención de incendios. Incluye subvenciones para el sector agrícola y ganadero, para préstamos a titulares de cultivos, para el turismo, bonificaciones de tasas y cambios en normas de urbanismo, medio ambiente y gestión forestal.

Modifica varias normas catalanas para reforzar la seguridad del suministro eléctrico tras el apagón del 28 de abril de 2025. Cambia reglas de energías renovables, urbanismo, aguas, residuos y calidad del suministro, y facilita el despliegue de líneas eléctricas y plantas solares.

Modifica las normas de nutrición sostenible de los suelos agrarios. Ajusta obligaciones sobre el cuaderno de explotación y el plan de abonado, y facilita el uso de estiércoles y abonos orgánicos. También fija cuándo empiezan a aplicarse estas obligaciones.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos y anexos del Decreto-ley 4/2025 de la Generalitat Valenciana, que modifica la Ley de la Huerta de València y su plan de ordenación territorial. El recurso lo presentan más de cincuenta diputados del Congreso.

Modifica la Ley 6/2023 de protección y modernización de la agricultura social y familiar y del patrimonio agrario de Aragón. Cambia varios artículos de esa ley y fija un régimen transitorio para las unidades mínimas de cultivo.

Esta ley de la Comunidad Autónoma de Galicia reúne medidas fiscales y administrativas para aplicar los presupuestos de 2025. Incluye cambios en impuestos cedidos, un impuesto sobre estancias turísticas y modificaciones en telecomunicaciones, energía eólica, medio ambiente, vivienda, sanidad y empleo público, entre otras áreas.

La ley reúne medidas para simplificar y agilizar los trámites y procedimientos de las administraciones públicas de las Illes Balears. Modifica varias normas y regula la simplificación en sectores como agricultura, agua, educación, energía, medio ambiente, turismo y urbanismo, e impulsa la digitalización.

Corrige un error de votación en el Parlamento de las Illes Balears que aprobó por error 34 enmiendas de otro grupo. Deja sin efecto esos preceptos y restablece el contenido de varias leyes autonómicas sobre espacios naturales, agricultura, educación, empleo público, turismo, urbanismo y vivienda.

Establece medidas urgentes para proteger a las personas y los bienes en las zonas inundables de las Illes Balears. Fija obligaciones para los propietarios o titulares de derechos sobre terrenos en zonas inundables o de flujo preferente.

Establece el marco para simplificar los trámites y procedimientos de la Administración de la Comunitat Valenciana. Crea órganos y planes de simplificación, regula el Canal Empresa, la carpeta ciudadana y el uso de nuevas tecnologías, y modifica normas en muchas materias.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 6/2024, que adopta medidas urgentes para responder a los daños causados por la DANA entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024 en varios municipios. La convalidación mantiene vigente esa norma.