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Modifica dos reales decretos que regulan subvenciones directas en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Estas subvenciones financian proyectos de accesibilidad universal a la vivienda para personas mayores, con discapacidad o en situación de dependencia, y proyectos de innovación, investigación y divulgación sobre accesibilidad, incluidos un centro de accesibilidad cognitiva y un centro piloto sobre autismo.

Regula la concesión directa de subvenciones a los ayuntamientos de Lepe y Moguer (Huelva) para impulsar la erradicación de asentamientos irregulares de personas trabajadoras temporeras en sus municipios. Fija las entidades beneficiarias, las actuaciones y gastos financiables, las cuantías, el procedimiento de concesión, el pago, la justificación y el control.

Publica un protocolo de actuación entre el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, la Junta de Andalucía y los ayuntamientos de Lepe y Moguer para impulsar la eliminación de asentamientos irregulares de personas trabajadoras temporeras. El protocolo es una declaración de intenciones sin obligaciones jurídicas exigibles.

Regula la concesión directa de subvenciones a las comunidades autónomas y a Ceuta y Melilla para desarrollar proyectos que mejoren la accesibilidad universal a la vivienda de personas mayores, con discapacidad o en situación de dependencia. Se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y detalla el procedimiento, la financiación y las obligaciones de las entidades beneficiarias.

Regula la concesión directa de subvenciones a los ayuntamientos de Madrid y Rivas-Vaciamadrid para programas de realojo de familias en situación de vulnerabilidad social extrema en los sectores cuatro, cinco y seis de la Cañada Real Galiana. Fija las entidades beneficiarias, las actuaciones y gastos financiables, la cuantía, el procedimiento, los plazos y la justificación.

Publica el acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia que fija los criterios de reparto entre comunidades y ciudades autónomas de un crédito para financiar obras de accesibilidad universal en viviendas de personas mayores, con discapacidad o en situación de dependencia.

Aprueba el modelo que las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla deben usar para enviar cada mes al Ministerio de Derechos Sociales información sobre las medidas de sus servicios sociales ante situaciones de vulnerabilidad. Los datos se refieren a las comunicaciones recibidas, los informes emitidos, el plazo para emitirlos y las medidas sociales adoptadas.

Publica el listado de entidades del Tercer Sector que actúan como mediadores sociales colaboradores de la Administración General del Estado. Estas entidades pueden certificar la situación de consumidor vulnerable o vulnerable severo para evitar el corte de luz, gas y agua.