Buscar en el BOE

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos del Real Decreto-ley 14/2022. Los recurrentes desistieron de impugnar los artículos 1.1, 1.4 y 2.1, y el recurso se limita a los artículos 10, 29.1 y 29.4. La sentencia analiza si esos preceptos respetan los límites de los decretos-leyes.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso del presidente del Gobierno contra varios artículos del Decreto-ley 3/2022 de Aragón, que regulaba medidas urgentes en contratación pública. La sentencia anula total o parcialmente los preceptos que definían el ámbito de aplicación y las medidas excepcionales de revisión de precios en contratos de obra, servicios y suministros, y da una interpretación conforme a otro precepto.

El Tribunal Constitucional desestima el recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-ley de la Junta de Andalucía 8/2022, que modifica la Ley 2/2003 de transportes urbanos y metropolitanos de viajeros en Andalucía. La sentencia avala que la norma de urgencia está justificada y que la concesión autonómica de autorizaciones de vehículos de transporte con conductor (VTC) no invade competencias estatales ni la autonomía local.

El Tribunal Constitucional resuelve una cuestión de inconstitucionalidad sobre la norma balear que obliga a reservar con 30 minutos de antelación los servicios de alquiler de vehículos con conductor. Declara nulo ese precepto por vulnerar la libertad de empresa.

El Tribunal Constitucional declara extinguida una cuestión de inconstitucionalidad sobre dos preceptos de la Ley gallega 7/2022, de medidas fiscales y administrativas. La extinción se debe a que uno de esos preceptos ya fue anulado por una sentencia anterior del propio Tribunal.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de la Asamblea de Madrid 5/2022, que modifica la Ley 20/1998 de ordenación y coordinación de los transportes urbanos de la Comunidad de Madrid. La sentencia examina si esa ley autonómica invade competencias del Estado y vulnera la autonomía local al regular el arrendamiento de vehículos con conductor (VTC).

El Tribunal Constitucional anula varios preceptos de la Ley de Galicia 7/2022 que fijaban en quince años el plazo para exigir la reposición de la legalidad en la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre y regulaban el inicio de ese cómputo. La anulación se extiende a otros preceptos de la misma ley por conexión.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso del presidente del Gobierno contra la Ley gallega 4/2023, de ordenación y gestión integrada del litoral. Declara nulos algunos preceptos sobre caladeros y vertido de aguas residuales, y da una interpretación conforme a la Constitución a otro sobre ocupación del dominio público por la cadena mar-industria.

El Tribunal Constitucional mantiene en parte la suspensión de varios artículos de la Ley de Galicia 7/2022, que regula medidas fiscales y administrativas. La suspensión afecta a los artículos 10 y 11 y a la disposición transitoria primera, en relación con la zona de servidumbre de protección de costas.

El Tribunal Constitucional decide mantener en parte la suspensión de varios preceptos de la Ley gallega de ordenación y gestión integrada del litoral, recurrida por el presidente del Gobierno. La suspensión se aplica a los preceptos impugnados mientras se resuelve el recurso.

El Tribunal Constitucional desestima el recurso de amparo de una asociación de automovilistas contra resoluciones del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre la ordenanza de movilidad del Ayuntamiento de Madrid. El tribunal concluye que las resoluciones judiciales respondieron de forma motivada y fundada a las pretensiones de la asociación.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso del presidente del Gobierno contra el artículo 173 de la Ley valenciana 7/2021, que añadió una regla de distancias mínimas para almacenamiento de productos petrolíferos. La sentencia declara inconstitucional aplicar esa regla a los puertos de interés general titularidad del Estado.

El Tribunal Constitucional decide mantener en parte la suspensión de varios artículos del Decreto-ley del Gobierno de Aragón 3/2022 sobre contratación pública. La suspensión se limita a los incisos concretos impugnados por el presidente del Gobierno.

El Tribunal Constitucional resuelve un recurso de amparo sobre un menor condenado penalmente por viajar sin billete en el tranvía después de haber pagado ya la sanción administrativa por los mismos hechos. Declara que se vulneró su derecho a no ser sancionado dos veces por lo mismo.

El Tribunal Constitucional resuelve una cuestión de inconstitucionalidad sobre el artículo 6 bis, apartado 4, de la Ley del sector eléctrico canario. Declara nulo en parte ese precepto porque ampliaba el hecho imponible del impuesto municipal sobre construcciones, instalaciones y obras al equiparar autorizaciones administrativas distintas.

El Tribunal Constitucional concede el amparo a un transportista porque las notificaciones de un expediente sancionador se enviaron a una dirección de correo electrónico equivocada. Al no recibir los avisos, no pudo defenderse ni saber de qué se le acusaba. Se anulan las resoluciones administrativas y judiciales impugnadas.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra varios reales decretos del estado de alarma por la COVID-19. Declara nulos en parte los preceptos que restringían la libertad de circulación y los que permitían al ministro de Sanidad modificar medidas de contención. No admite el recurso sobre la orden ministerial de velatorios.

El Pleno del Tribunal Constitucional acepta el desistimiento del presidente del Gobierno en el recurso de inconstitucionalidad contra varios preceptos del Decreto-ley 2/2020 de Andalucía, sobre mejora y simplificación de la regulación para fomentar la actividad productiva. Con ello termina el proceso sin pronunciarse sobre el fondo.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso contra el artículo 5 de la Ley catalana 5/2020, que amplía el impuesto sobre estancias turísticas a los cruceros y permite al Ayuntamiento de Barcelona establecer un recargo. La sentencia analiza si esa regulación respeta las competencias tributarias de la comunidad autónoma.