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Establece el régimen jurídico para el uso civil de sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS o drones) en España y modifica varias normas reglamentarias sobre control de importación, demostraciones aéreas, lucha contra incendios, búsqueda y salvamento, aeronavegabilidad, licencias, matriculación de aeronaves, compatibilidad electromagnética, reglamento del aire y notificación de sucesos.

Adopta enmiendas al Código internacional de seguridad para naves de gran velocidad de 1994. Cambia el capítulo 8, que queda reservado, y sustituye el capítulo 14 sobre equipos de radiocomunicaciones. Las enmiendas se consideran aceptadas el 1 de julio de 2023 y entran en vigor el 1 de enero de 2024.

Adopta enmiendas al Código internacional de seguridad para naves de gran velocidad (Código NGV 2000). Cambia el capítulo 8, sobre dispositivos y medios de salvamento, y sustituye el capítulo 14, sobre radiocomunicaciones. Las enmiendas se consideran aceptadas el 1 de julio de 2023 y entran en vigor el 1 de enero de 2024.

Aprueba enmiendas al Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar (SOLAS). Cambian reglas sobre la fuente de energía eléctrica de emergencia en buques de pasaje y de carga y sobre dispositivos de salvamento y radiocomunicaciones.

Modifica el Código internacional de sistemas de seguridad contra incendios (Código SSCI) para permitir que, en buques de carga y en balcones de camarotes de buques de pasaje con sistema de identificación individual, los detectores de incendios no lleven módulos aisladores si el sistema cumple ciertas condiciones. Las enmiendas entran en vigor el 1 de enero de 2024.

Modifica la norma que regula los servicios de auxilio en las vías públicas para precisar los requisitos técnicos de los dispositivos V-16 con geolocalización. Exige controles en la producción y que la certificación verifique la conectividad con la plataforma de la Dirección General de Tráfico. Fija un periodo transitorio para dispositivos ya certificados sin conectividad.

Modifica la Ley 7/2013 sobre instalación, acceso y ejercicio de actividades en las Illes Balears, con especial atención a las actividades no permanentes de ocio y entretenimiento. Además, establece el régimen de prestación del servicio de taxi en la isla de Ibiza y modifica otras normas autonómicas.

Modifica varias normas reglamentarias sobre seguridad marítima para adaptarlas a la normativa europea y a cambios técnicos. Afecta a buques de pasaje, equipos marinos, flota civil, pesquera y de recreo, y a la función inspectora de la Administración marítima.

Establece qué equipo de seguridad (salvamento, navegación y contra incendios) y de prevención de la contaminación deben llevar a bordo las embarcaciones de recreo. Fija también las obligaciones de propietarios y patrones, las zonas de navegación y el régimen de infracciones y sanciones.

Regula los servicios de auxilio en las vías públicas: cómo se realiza la operación de auxilio, qué vehículos y operarios intervienen, las condiciones de circulación y la retirada y depósito de vehículos. Crea el Registro Estatal de Auxilio en Vías Públicas y modifica normas de tráfico y de vehículos.

Actualiza varias cualificaciones profesionales de la familia Marítimo-Pesquera incluidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y modifica parcialmente otras de las familias Marítimo-Pesquera y Seguridad y Medio Ambiente. Con ello se revisan los contenidos de estas cualificaciones y su formación asociada.

Aprueba la Directriz básica que fija los criterios mínimos de organización y funcionamiento de los planes especiales de protección civil ante emergencias por accidentes de aviación civil. Estos planes los elaboran las administraciones públicas para coordinar las actuaciones de todos los órganos participantes.

Desarrolla el régimen de las extracciones marítimas de buques y bienes naufragados o hundidos previsto en la Ley de Navegación Marítima. Regula las autorizaciones para explorar, localizar y extraer esos restos, y los concursos para extraer bienes de propiedad del Estado.

Modifica varias leyes de Cantabria para adaptar tasas y precios públicos, tributos cedidos y normas administrativas. Incluye cambios en materia de aguas, pesca, transporte, función pública, patrimonio cultural, farmacia, deporte, igualdad y urbanismo.