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Adopta enmiendas al Código internacional de seguridad para naves de gran velocidad (Código NGV 2000), que regula la radiocomunicaciones de estas naves. Las enmiendas se consideran aceptadas el 1 de julio de 2019 y entran en vigor el 1 de enero de 2020.

Aprueba enmiendas al Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar (SOLAS, 1974). Añade definiciones sobre zonas de aterrizaje y de carga con helicópteros y modifica reglas sobre medios de evacuación.

Modifica el Código Internacional de Dispositivos de Salvamento (Código IDS) para cambiar los requisitos de resistencia y seguridad de los dispositivos de puesta a flote y embarque de los barcos. Estas enmiendas se aplican a los buques sujetos al Convenio SOLAS.

Actualiza varias cualificaciones profesionales de la familia Marítimo-Pesquera incluidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y modifica parcialmente otras de las familias Marítimo-Pesquera y Seguridad y Medio Ambiente. Con ello se revisan los contenidos de estas cualificaciones y su formación asociada.

Aprueba la Directriz básica que fija los criterios mínimos de organización y funcionamiento de los planes especiales de protección civil ante emergencias por accidentes de aviación civil. Estos planes los elaboran las administraciones públicas para coordinar las actuaciones de todos los órganos participantes.

Desarrolla el régimen de las extracciones marítimas de buques y bienes naufragados o hundidos previsto en la Ley de Navegación Marítima. Regula las autorizaciones para explorar, localizar y extraer esos restos, y los concursos para extraer bienes de propiedad del Estado.

Modifica varias leyes de Cantabria para adaptar tasas y precios públicos, tributos cedidos y normas administrativas. Incluye cambios en materia de aguas, pesca, transporte, función pública, patrimonio cultural, farmacia, deporte, igualdad y urbanismo.

Modifica las directrices básicas y los planes estatales de protección civil para mejorar la atención a las personas con discapacidad y a otros colectivos en situación de especial vulnerabilidad ante emergencias. Incluye criterios de accesibilidad en la información y en los servicios de emergencia.