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Modifica la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios para proteger el acceso a bienes y servicios esenciales durante emergencias. Permite limitar temporalmente los precios cuando una emergencia altere la oferta y la demanda. Incluye medidas para los servicios afectados por el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba).

Aprueba la Ordenanza de seguridad y control en la zona de servicio del Puerto de Gijón. Regula los accesos, la circulación de vehículos y peatones, el control de actividades, la prevención de riesgos laborales, las emergencias y las infracciones y sanciones. Sustituye a la ordenanza anterior de 2020.

Aprueba medidas urgentes para la recuperación tras la DANA de octubre y noviembre de 2024. Incluye préstamos y avales del ICO, apoyo a la industria y el turismo, aplazamientos de cotizaciones a la Seguridad Social, ayudas frente a inundaciones y subvenciones al sector cultural.

Establece los grados C, B y A de formación profesional de varios títulos en cuatro familias profesionales: Industrias Alimentarias, Seguridad y Medio Ambiente, Textil, Confección y Piel, y Transporte y Mantenimiento de Vehículos. Ordena así las enseñanzas de estos títulos dentro del Sistema de Formación Profesional.

Establece los procedimientos administrativos para aplicar las normas técnicas de seguridad de presas y embalses aprobadas por el Real Decreto 264/2021. Regula trámites como la clasificación de presas, los planes de emergencia, la puesta en carga, las normas de explotación y la puesta fuera de servicio.

Establece medidas urgentes para responder a los daños de la DANA de octubre y noviembre de 2024 en varios municipios. Incluye actuaciones en energía, impuestos, industria, agricultura, vivienda, empleo, Seguridad Social, educación, cultura, transportes y protección de colectivos vulnerables.

Declara «zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil» el territorio dañado por la DANA que afectó a la Península y Baleares entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024. Esta declaración permite aplicar las medidas de ayuda previstas en la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil.

Establece medidas urgentes para responder a los daños causados por la DANA entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024. Incluye ayudas a personas, viviendas, empresas y ayuntamientos, medidas fiscales y de Seguridad Social, y líneas de avales y moratorias para hogares y empresas afectados.

Concede una subvención directa al Instituto Volcanológico de Canarias, S.A.U. para desplegar durante cuatro años (2023-2026) un sistema de vigilancia de emisiones de gases tóxicos en Puerto Naos y La Bombilla, en La Palma. La norma regula el procedimiento, la cuantía, el pago y la justificación de la ayuda.

Aprueba la Norma Básica de Protección Civil, que fija las directrices para identificar riesgos de emergencias y catástrofes, el contenido mínimo de los planes de protección civil y las bases para coordinar a los servicios de intervención. También establece el catálogo de riesgos que deben planificarse.

Establece ayudas y medidas urgentes para reparar los daños de la erupción volcánica de La Palma y reconstruir la isla. Incluye apoyos para vivienda, empleo, Seguridad Social, consumo, impuestos, suministros, infraestructuras, agricultura y pesca.

Establece las normas técnicas de seguridad que deben cumplir las presas y sus embalses en todas las fases de su vida: proyecto, construcción, puesta en carga, explotación, revisiones y puesta fuera de servicio. Regula la clasificación de las presas, su inscripción en el Registro de seguridad, los Planes de Emergencia y las Normas de Explotación.

Publica las ordenanzas del Puerto de Gijón que regulan quién puede entrar en la zona portuaria, cómo se circula dentro (vehículos, bicicletas, peatones y transportes especiales), las medidas de prevención de riesgos laborales y cómo se actúa ante emergencias. Incluye también un régimen de infracciones y sanciones.

La ley aprueba medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat Valenciana para 2021. Incluye cambios en tributos propios y cedidos, y modificaciones en normas sobre servicios sociales, vivienda, sanidad, agricultura, educación y sector público.

Modifica varios reales decretos de cualificaciones profesionales para adaptar las unidades de competencia de idiomas al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Actualiza así el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales en distintas familias profesionales.

Aprueba la Directriz básica que fija los criterios mínimos de organización y funcionamiento de los planes especiales de protección civil ante emergencias por accidentes de aviación civil. Estos planes los elaboran las administraciones públicas para coordinar las actuaciones de todos los órganos participantes.

Permite sustituir temporalmente algunos documentos obligatorios para matricular o cambiar de titular un vehículo por una declaración responsable, cuando no se puedan presentar de forma telemática. El interesado se compromete a formalizar el trámite ante la Administración competente en el plazo de un mes desde el fin del estado de alarma.

Modifica el real decreto que declaró el estado de alarma por el COVID-19. Ajusta las actividades permitidas para circular, la suspensión de comercios y locales, el transporte de mercancías y los plazos administrativos y tributarios.