Buscar en el BOE

Modifica varias normas catalanas para reforzar la seguridad del suministro eléctrico tras el apagón del 28 de abril de 2025. Cambia reglas de energías renovables, urbanismo, aguas, residuos y calidad del suministro, y facilita el despliegue de líneas eléctricas y plantas solares.

Prorroga varias medidas de protección social y adopta medidas urgentes en materia tributaria y de Seguridad Social. Incluye normas sobre vivienda, energía, pensiones, empleo, impuestos y financiación de comunidades autónomas y ayuntamientos.

Establece las bases para conceder ayudas a proyectos de inversión que adapten físicamente la infraestructura portuaria nacional en puertos de interés general. Estas ayudas se destinan al despliegue de la eólica marina y otras renovables marinas en España, dentro del Programa PORT-EOLMAR y del Plan de Recuperación financiado por la Unión Europea.

Regula los grados A, B y C de Formación Profesional en cuatro familias profesionales: Edificación y Obra Civil, Electricidad y Electrónica, Energía y Agua e Industrias Extractivas. Establece los títulos, su duración, acceso, profesorado, espacios y equipamientos, y la correspondencia con los estándares de competencias profesionales.

Establece el régimen para instalar plantas fotovoltaicas flotantes en embalses de dominio público hidráulico gestionados por el Estado. Modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico para regular la tramitación de concesiones y las condiciones ambientales.

Desarrolla el mecanismo para fomentar el uso de biocarburantes y otros combustibles renovables en el transporte. Establece objetivos obligatorios de venta o consumo, un sistema de certificación y un régimen de control y sanciones.

Este real decreto-ley reúne medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo y para paliar los efectos de la sequía. Incluye cambios en hipotecas, pagos, un nuevo fondo de coinversión, medidas fiscales, energéticas, de transporte, de Seguridad Social, de empleo y de vivienda.

Establece medidas urgentes para el transporte discrecional de viajeros en autobús y en vehículos de turismo en las Illes Balears, con el fin de ajustar la oferta a la demanda turística. Regula la contratación por plaza, licencias temporales de autotaxi y autorizaciones de alquiler con conductor, y modifica varias leyes autonómicas.

Modifica tres reales decretos de ayudas públicas para la transición energética: el programa MOVES III de movilidad eléctrica, las ayudas a instalaciones de energías renovables térmicas y el programa de eficiencia energética en empresas industriales. Cambia las normas que regulan estas subvenciones.

Declara de interés general la producción de hidrógeno a partir de electricidad generada en instalaciones aisladas de energías renovables en Extremadura. Regula el régimen aplicable, los efectos de esa declaración y el procedimiento para reconocer la utilidad pública o interés social.

La ley establece el marco de Canarias para luchar contra el cambio climático y avanzar hacia la transición energética. Crea órganos de coordinación y planificación, e integra criterios climáticos en urbanismo, contratación pública, energía, transporte y otras políticas. Incluye un régimen de infracciones y sanciones.

Este real decreto-ley reúne medidas para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania y para apoyar la reconstrucción de La Palma. Incluye actuaciones en energía, sector primario, transporte y protección de colectivos vulnerables.

Establece las bases para conceder ayudas a la inversión en proyectos piloto, plataformas de ensayo e infraestructuras portuarias para energías renovables marinas. Se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y regula solicitudes, valoración, pago, garantías y seguimiento.

Establece las bases para conceder ayudas a la inversión en tres tipos de proyectos: repotenciación de instalaciones eólicas, renovación tecnológica y medioambiental de minicentrales hidroeléctricas de hasta 10 MW, y reciclaje de palas de aerogeneradores. Se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea.

Permite que los proyectos de energía eólica y solar fotovoltaica en Castilla-La Mancha puedan acogerse, si lo pide el promotor, a un procedimiento más rápido para determinar sus efectos sobre el medio ambiente. También modifica varias leyes autonómicas para ajustar aspectos competenciales.

Establece medidas para abaratar el transporte público, con bonificaciones del 50% en abonos ferroviarios y ayudas a empresas de autobuses y ferrocarril por la subida de carburantes. También crea complementos para becas y ayudas al estudio, y fija planes de ahorro energético en climatización y fomento del autoconsumo eléctrico.