Orden TED/1071/2022, de 8 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras para los programas de concesión de ayudas a la inversión en la repotenciación de instalaciones eólicas, en la renovación tecnológica y medioambiental de minicentrales hidroeléctricas de hasta 10 MW y en instalaciones innovadoras de reciclaje de palas de aerogeneradores, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea, NextGenerationEU (Programas Repotenciación Circular).
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico · 10 de noviembre de 2022
Establece las bases para conceder ayudas a la inversión en tres tipos de proyectos: repotenciación de instalaciones eólicas, renovación tecnológica y medioambiental de minicentrales hidroeléctricas de hasta 10 MW, y reciclaje de palas de aerogeneradores. Se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea.
Qué cambia
Las empresas que realicen estos proyectos podrán solicitar subvenciones para modernizar instalaciones eólicas e hidroeléctricas y para reciclar palas de aerogeneradores. La norma fija requisitos, costes elegibles, cuantías y el procedimiento de solicitud y pago.
A quién afecta
empresas titulares de instalaciones eólicas · empresas titulares de minicentrales hidroeléctricas de hasta 10 MW · empresas de reciclaje de palas de aerogeneradores · beneficiarios de subvenciones públicas
Cifras
cuota de renovables en la UE en 2030: al menos el 32 % del consumo final bruto de energía
presencia de renovables sobre el uso final de energía en España en 2030: 42 %
generación eléctrica renovable en España en 2030: 74 % del total
potencia de las minicentrales hidroeléctricas incluidas: hasta 10 MW
Energía
Medio ambiente y clima
Economía, empresas y consumo
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Texto
La pandemia provocada por la COVID-19 ha supuesto una crisis económica, social y sanitaria. La magnitud del desafío ha exigido una respuesta común a escala europea. Para dar respuesta a medio plazo, se ha puesto en marcha un ambicioso Fondo de Recuperación y Resiliencia para contribuir al proceso de reconstrucción de las economías europeas en el mundo post-COVID, a partir de 2021.
El nuevo Fondo de Recuperación NextGenerationEU permitirá a España movilizar un volumen de inversión sin precedentes y en este contexto se aprobó el 27 de abril de 2021, por Acuerdo de Consejo de Ministros, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España(1), aprobado por la Comisión Europea el pasado 16 de junio de 2021 y por el Consejo de la Unión Europea el 13 de julio de 2021, que traza la hoja de ruta para la modernización de la economía española, la recuperación del crecimiento económico y la creación de empleo, para la reconstrucción económica sólida, inclusiva y resiliente tras la crisis de la COVID, y para responder a los retos de la próxima década.
(1) https://planderecuperacion.gob.es/.
Este Plan tiene entre sus objetivos que nuestro país apueste por la «descarbonización», invirtiendo en infraestructuras verdes, de manera que se transite desde las energías fósiles hasta un sistema energético limpio, siendo la transición ecológica uno de los cuatro ejes transversales del Plan en nuestro país.
La Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, modifica y refunde los cambios realizados en la Directiva 2009/28/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al fomento del uso de la energía procedente de fuentes renovables y por la que se modifican y se derogan las Directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE. En su artículo 3 dicta que los Estados miembros velarán conjuntamente por que la cuota de energía procedente de fuentes renovables sea de, al menos, el 32 % del consumo final bruto de energía de la Unión Europea en 2030.
Por otra parte, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (en adelante, PNIEC) 2021-2030, remitido a la Comisión Europea en marzo de 2020, proporciona el marco director del programa de inversiones y reformas para una transición medioambiental justa que desarrolle las capacidades estratégicas de la economía verde.
Dicho plan incluye, entre sus objetivos energéticos, lograr en 2030 una presencia de las energías renovables sobre el uso final de energía del 42%, donde la producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovable deberá representar el 74% de la generación eléctrica, conllevando una importante reducción del nivel de emisiones de CO2 y favoreciendo el paso a una economía baja en carbono.
El PNIEC prevé que, sin un plan de renovación tecnológica en proyectos ya existentes de generación eléctrica con energías renovables (medida 1.9), es previsible que se produzca una reducción de la potencia instalada de ese tipo de energías.
Por otro lado, la Estrategia Española de Economía Circular «España 2030», en línea con los objetivos del PNIEC, se materializa para el periodo 2021-2023 por el Plan de Acción de Economía Circular 2021-2023, cuya medida 7.1.8 fomenta la instalación de proyectos de I+D+i incentivadores de soluciones de economía circular para las palas de los aerogeneradores eólicos.
En lo que respecta al almacenamiento, el PNIEC prevé una potencia adicional de 6 GW, que aportará una mayor capacidad de gestión a la generación. Por otro lado, la Estrategia de Almacenamiento Energético, aprobada por el Gobierno el 9 de febrero de 2021, profundiza en las necesidades de almacenamiento establecidas en el PNIEC, cuantificando en, al menos, 20 GW de almacenamiento disponible en 2030 y aborda, entre otras cuestiones, las distintas alternativas disponibles y las líneas de acción prioritarias que permitan un efectivo despliegue del almacenamiento energético y su integración en el sistema, de manera que se aporte flexibilidad a la generación eléctrica renovable, lo cual, junto con el impulso de la gestión de la demanda, permitirá una mayor integración de la generación renovable en el sistema, contribuyendo a la seguridad, fiabilidad y calidad del suministro. La actuación promovida por los presentes programas está alineada con dicha Estrategia de Almacenamiento y contribuye a su desarrollo, en concreto a la línea de acción 3, medidas 3.2 y 3.4, así como a las medidas de la línea de acción 7.
Por otro lado, las prioridades del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia están completamente alineadas con las siete iniciativas bandera europeas (Flagship initiatives) presentadas por la Comisión en la Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible 2021. Entre estas iniciativas destaca el apoyo a la electrificación, la integración de energías renovables, el almacenamiento energético y el hidrógeno renovable.
En este contexto, deben llevarse a cabo medidas en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia establecido por el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, que financiará el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia presentado por el Gobierno, y en el que las ayudas reguladas por esta orden, están incluidas dentro del pilar de la transición ecológica previsto por su artículo 3 así como entre los tipos de intervención a que se refiere su anexo VI, todo ello con el objetivo de hacer frente a los efectos sin precedentes de la crisis de la COVID-19 así como los impactos económicos que conlleva. Estos recursos adicionales deben utilizarse de modo que se garantice el cumplimiento de los objetivos intermedios y las metas pertinentes, en los plazos que se establezcan.
El Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia (MRR) tiene previsto financiar la presente actuación contribuyendo a hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la pandemia, apoyando la inversión y las reformas para lograr una recuperación sostenible y resiliente, al tiempo que se promueven las prioridades ecológicas y digitales de la Unión Europea. La presente actuación será objeto de financiación mediante el «Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –Financiado por la Unión Europea– NextGenerationEU», a través del Eje Transición Ecológica, Política palanca III «Una transición energética justa e inclusiva», Componente 7 «Despliegue masivo de energías renovables, Componente 8 «Infraestructuras eléctricas, promoción de redes inteligentes y despliegue de la flexibilidad y el almacenamiento» y el PERTE de Economía Circular (aprobado por el Consejo de Ministros del 8 de marzo de 2022).
Dentro de las diez políticas palanca que contempla el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, tres de las treinta líneas de acción son el componente 7: Despliegue e integración de las energías renovables; el componente 8: Infraestructuras eléctricas, promoción de redes inteligentes y despliegue de la flexibilidad y el almacenamiento; y el PERTE de Economía Circular. Estos componentes, que desarrollan y anticipan la implementación de las medidas y objetivos del PNIEC y del Plan de Acción de Economía Circular 2021-2023 anteriormente mencionados, incluyen, entre otros, el impulso a la presencia de las energías renovables en el consumo energético nacional fomentando la inversión privada, eliminando barreras al despliegue de renovables y mejorando la integración de la generación renovable en el entorno y el desarrollo de los sistemas de almacenamiento vinculados a instalaciones de energías renovables; y el impulso al despliegue de la economía circular en España.
Este plan constituye uno de los elementos esenciales para el desarrollo de los territorios y la cohesión social y territorial, así como para el incremento de la productividad, la mejora de la competitividad, el aumento del empleo y la capacidad de exportación de la economía. Los programas de incentivos que se aprueban por esta orden ministerial prevén la ejecución de actuaciones que se enmarcan dentro de los mencionados componentes 7, 8 y 12.
Adicionalmente, el 14 de diciembre de 2021, el Consejo de Ministros aprobó el Acuerdo por el que se declara el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica de Energías Renovables, Hidrógeno Verde y Almacenamiento, PERTE ERHA, incluyendo un conjunto de actuaciones que tienen como objetivo situar a España como un líder en la cadena de valor de la transición energética, de manera que se pueda cumplir la hoja de ruta marcada por el Marco Estratégico de Energía y Clima, logrando al mismo tiempo un tejido productivo más competitivo y resiliente. Con este fin, el PERTE ERHA permitirá articular las inversiones públicas de los diferentes componentes del plan, y coordinar las acciones de los distintos eslabones de la cadena de valor, en aras de lograr el impacto deseado en términos de transformación eficiente del sector. Para ello, entre otras, en el PERTE ERHA se recogen estos programas de incentivos como una de las medidas transformadoras, en concreto la medida número 3, para lograr sus tres objetivos principales: (i) Consolidar la cadena de valor nacional en transición energética, (ii) maximizar las oportunidades de generación de empleo sostenible que este proceso de transición energética brinda y (iii) posicionar al sector empresarial nacional.
De la misma manera, el 8 de marzo de 2022, el Consejo de Ministros aprobó el Acuerdo por el que se aprueba el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica en economía circular, PERTE EC, para acelerar la transición hacia un sistema productivo más eficiente y sostenible en el uso de materias primas, que pretende dar cumplimiento a los objetivos contenidos en la Estrategia Española de Economía Circular para el año 2030 y posicionar a España como referente internacional en la gestión, reciclaje y reutilización de residuos. En este sentido, el programa de incentivos a instalaciones innovadoras de reciclaje de palas de aerogeneradores se enmarca entre las actuaciones previstas en la línea de acción 1 del PERTE EC, la cual contempla ayudas para el desarrollo de nuevas generaciones de aerogeneradores de más fácil reciclabilidad y mayor vida útil; para el desarrollo de sistemas de desmantelamiento que faciliten la gestión de residuos; para el aumento de la reutilización de aerogeneradores; y para la implantación de instalaciones capaces de reciclar los aerogeneradores de manera eficiente. Este primer programa de apoyo regulado por las presentes bases responde, por tanto, a ambos PERTEs, y será complementado con futuros programas de ayudas, gestionadas también de forma centralizada por parte del IDAE y enmarcados en el PERTE EC, dirigidos a actuaciones de reciclaje y economía circular relacionadas con los ámbitos de la energía eólica, solar fotovoltaica y baterías.
Estos programas de incentivos serán financiados con los fondos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, estando contemplados en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En particular, los programas contribuyen principalmente a la ejecución y consecución de los hitos de las actuaciones de inversión 1 que se enmarcan dentro del Componente 7 (C7.I1) «para el desarrollo de energías renovables innovadoras, integradas en la edificación y en los procesos productivos» y del Componente 8 (C8.I1) «despliegue del almacenamiento energético» en relación con las energías eólica e hidroeléctrica. El buen desarrollo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se evalúa mediante los hitos y objetivos asignados a cada inversión y cada componente, aprobados en el marco del Plan, que son condición indispensable para el libramiento de los correspondientes fondos a España.
En concreto, los nuevos equipos de generación de las actuaciones incentivadas por los Programas 1 y 2 establecidos en esta Orden Ministerial contribuyen al cumplimiento del objetivo CID 117 de la inversión 1 de la componente 7 de instalar al menos 3.800 MW de generación renovable para el primer semestre de 2026 según el «Anexo de la Propuesta de Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación y Resiliencia de España», de fecha 16 de junio de 2021. Asimismo, contribuye a los indicadores de seguimiento 117.2 y 117.3 mediante, por un lado la publicación de las correspondientes convocatorias de ayudas y, por otro lado, a alcanzar los objetivos de haber convocado ayudas por al menos 3.500 MW en el último trimestre de 2023 y por al menos 3.800 MW en el segundo trimestre de 2025, de acuerdo con el Anexo II de las Disposiciones Operativas del Plan de Recuperación (Operational Agreement, o simplemente «OA» por su denominación en inglés) dentro de los paquetes de actuación de la inversión 1 (I1), Desarrollo de energías renovables innovadoras, integradas en la edificación y en los procesos productivos, de la Componente 7 (C7), Despliegue e integración de energías renovables.
Adicionalmente, los nuevos sistemas de almacenamiento de las actuaciones incentivadas por los Programas 1 y 2 establecidos en esta Orden Ministerial contribuyen positivamente al cumplimiento de los objetivos de almacenamiento con fuentes de energía renovable relativas al Componente 8 (C8.I1), «despliegue del almacenamiento energético», por su contribución a los hitos y objetivos 125 y 126 del anexo I del CID.
Por último, las nuevas instalaciones de reciclaje de palas incentivadas por el Programa 3 establecido en esta Orden Ministerial contribuye, a nivel cualitativo, a los objetivos de despliegue de la economía circular en España relativas al PERTE de Economía Circular.
Las ayudas reguladas por esta orden serán financiadas con el Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia, establecido por el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021. A tal efecto, se han previsto tanto en la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 como en la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, aplicaciones presupuestarias al IDAE para la promoción de energías renovables, eficiencia energética y movilidad sostenible y para el despliegue del almacenamiento energético. Las cuantías previstas en las correspondientes Leyes de Presupuestos Generales podrán verse incrementadas en ejercicios futuros con cargo a los créditos aprobados para su transferencia a IDAE en el Servicio 50 para la consecución de las finalidades previstas en los mencionados Componente 7, 8 y 12, así como con cualesquiera otros que pudieran habilitarse, independientemente de su origen, siempre y cuando se hubieran transferido al IDAE a tal fin o se hubiera aprobado su disposición conforme a los procedimientos estatuariamente previstos para la disposición de fondos propios del IDAE.
Por ello, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha procedido a su ejecución conforme a lo establecido en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria y demás normativa reguladora, habiéndose reconocido la obligación e instrumentado la correspondiente propuesta de pago con fecha 23 de julio de 2021, integrándose el mismo en el patrimonio neto del IDAE, conforme a su normativa contable reguladora.
Con cargo a la aplicación presupuestaria mencionada anteriormente, están legalmente afectados a financiar proyectos o líneas de actuación integrados en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En caso de no realizarse el gasto, el IDAE deberá proceder a reintegrar al Tesoro Público los fondos recibidos que no vayan a destinarse a la finalidad asignada. Asimismo, con la finalidad de permitir su seguimiento, en la formulación de las cuentas anuales, en el remanente de tesorería afectado, el IDAE distinguirá la parte afectada destinada a cubrir estas actuaciones.
En cumplimiento con lo dispuesto en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y su normativa de desarrollo, en particular la Comunicación de la Comisión Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, así como con lo requerido en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España, todos los proyectos de inversión que deben llevarse a cabo en cumplimiento de esta orden deben de respetar el llamado principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente (principio DNSH por sus siglas en inglés, «Do No Significant Harm») y las condiciones del etiquetado climático y digital. Ello incluye el cumplimiento de las condiciones específicas asignadas previstas en los componentes e inversiones mencionadas anteriormente, en las que se enmarcan dichos proyectos, tanto en lo referido al principio DNSH, como al etiquetado climático y digital.
Es por ello que los requisitos de valoración y elegibilidad de las actuaciones darán respuesta a las principales prioridades del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, orientadas a la mitigación y lucha contra el cambio climático.
Estas ayudas podrán impulsar en todo el territorio nacional el desarrollo de proyectos innovadores que se adecúen a las nuevas exigencias de las Directivas Europeas para la integración de las energías renovables en la red eléctrica. De esta forma se contribuye a cumplir los objetivos fijados en la Directiva (UE) 2018/2001, en la Estrategia de Almacenamiento energético, en el PNIEC y también a poner en práctica la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo para movilizar inversiones en la implantación de tecnologías limpias, basadas en fuentes renovables.
Asimismo, el desarrollo de estos programas favorecerá la generación de empleo en todo el territorio y la actividad económica, en un contexto de recuperación económica tras la pandemia, inducida por las distintas líneas de ayuda. Cabe destacar el beneficio derivado de la reducción de las importaciones de combustibles fósiles y mejora de la competitividad de las empresas.
Más concretamente, es previsible que en la década 2021-2030 sea necesario en España el desmantelamiento de entre unos 10 y 12 GW de las actuales instalaciones eólicas para su repotenciación, debido a que hayan alcanzado el final de su vida útil operativa. Es decir, las instalaciones que se acojan a las ayudas que se plantean en las presentes bases, se pueden considerar como potencia adicional de producción de energías renovables. Esto es porque las beneficiarias de estos programas supondrán el aprovechamiento de emplazamientos en los que en cualquier caso se iban a desmantelar las instalaciones eólicas por haber llegado éstas al final de su vida útil.
La repotenciación de instalaciones eólicas supone un importante activo dada su ubicación en lugares de elevado recurso energético, la existencia de infraestructuras y la capacidad existente de conexión a la red, así como el menor impacto ambiental y territorial derivado de desarrollar nuevos proyectos en ubicaciones ya destinadas a la generación de electricidad. La repotenciación de proyectos existentes permite un mejor aprovechamiento del recurso renovable por la sustitución de sistemas obsoletos o antiguos por otros nuevos de mayor eficiencia y contribución a la estabilidad de la red eléctrica. Igualmente, a nivel ambiental, pueden suponer un menor impacto al concentrar la generación renovable en un entorno concreto, reducir el número total de máquinas y por tanto la huella del proyecto y reducir la necesidad de nuevos tendidos de red.
Además, el programa de repotenciación de instalaciones eólicas incluye requisitos de sostenibilidad medioambiental, entre los que destacan la solicitud de criterios de economía circular tanto de los parques eólicos existentes a repotenciar como de los que se construyan nuevos. Dichos requisitos incluyen la reducción, reutilización y reciclado de sus residuos, en especial de las palas de los aerogeneradores. Esta última actividad será potenciada por el programa 3, incluido también en estas bases, de ayudas a la inversión en instalaciones innovadoras de reciclaje de palas de aerogeneradores. Si bien existen hoy en día técnicas de reciclaje para la mayoría de los componentes, todavía persiste el desafío de desarrollar técnicas de reciclaje eficaces y eficientes con criterios de economía circular para las palas de los rotores, por estar conformadas por una combinación de materiales compuestos con fibras de vidrio y resinas de separación compleja. Debido a la ingente cantidad de instalaciones eólicas que se desmantelarán en esta década en el ámbito nacional, resulta urgente e imprescindible encontrar soluciones comerciales y criterios de economía circular para las palas de aerogeneradores. En España no existe a la fecha ninguna instalación comercial de reciclaje y recuperación de los materiales compuestos de las palas de aerogeneradores desmantelados, cuya composición se basa en resinas poliméricas reforzadas con fibras de carbono, de vidrio o fibras híbridas. Además, la economía circular relacionada con las palas de aerogeneradores plantea retos que necesitan soluciones innovadoras, de manera que sus procesos de reciclaje futuro estén presentes desde las fases iniciales de diseño. Estas soluciones favorecerán la reutilización de los componentes de las palas en su proceso de fabricación y contribuirá a cumplir con los objetivos europeos de economía circular dentro de la industria eólica española, evitando, de esta forma, que se depositen en vertederos al final de su vida útil.
Respecto a la tecnología hidroeléctrica, en los próximos años se puede producir un decaimiento de la potencia hidroeléctrica por la baja en el sistema eléctrico de las instalaciones más antiguas. Para el año 2030, unos 1.600 MW de las instalaciones minihidráulicas, incluidas en el antiguo régimen especial, llevarán más de 25 años de funcionamiento desde su puesta en marcha. La renovación tecnológica y medioambiental de centrales hidroeléctricas permite mantener la potencia existente, siempre y cuando sea compatible con la preservación de los valores ecológicos y medioambientales de la zona, al aprovechar gran parte de las infraestructuras, así como el punto de conexión a red, lo que supone un menor impacto ambiental y territorial frente al desarrollo de nuevos proyectos. Adicionalmente supone una oportunidad para adaptar los aprovechamientos hidroeléctricos a futuras nuevas condiciones medioambientales o ecológicas derivados del cumplimiento de la nueva planificación hidrológica y medioambiental, de manera que se pueda realizar un aprovechamiento del recurso hidrológico, que compatibilice ambos usos.
El contenido de los párrafos anteriores permite afirmar que la presente línea apoya proyectos con un claro valor añadido tanto desde un punto de vista medioambiental (reciclaje de palas o mejora de condiciones medioambientales de las centrales) como desde un punto de vista de operación del sistema. Por último, el programa 3 beneficiará proyectos innovadores y también con un claro valor añadido.
Para el diseño del programa de incentivos de esta orden se ha tomado como base no solo las características intrínsecas de los actuales desarrollos, sino también, el resultado de la Manifestación de Expresión de Interés, realizada en enero de 2021, relativa a «Energías Renovables» en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que se publicó con el objetivo de identificar el estado de situación del mercado, los posibles actores implicados y beneficiarios de los proyectos con interés en desarrollar proyectos o nuevas líneas de actuación, así como los aspectos más relevantes de dichos proyectos y actuaciones.
A partir del análisis de esta manifestación de interés, en la que se recibieron 1002 iniciativas, sobre catorce tipologías principales de actuación vinculadas a la mejora y la innovación de las energías renovables, se han establecido las líneas estratégicas de actuación de diferentes programas de ayudas, entre las que se encuentran las reguladas por esta orden.
Adicionalmente, se han tenido en cuenta las aportaciones realizadas en el trámite de audiencia pública que se celebró entre el 9 y el 17 de junio de 2022, ambos inclusive.
Estos programas de incentivos están dirigidos a los beneficiarios que realicen alguna actividad económica por la que ofrezcan bienes y/o servicios en el mercado, por lo que las ayudas objeto de los mismos estarán sometidas a los requisitos y límites establecidos en el Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, aplicándose la exención por categoría de ayudas para la protección del medio ambiente (Sección 7), sin perjuicio del resto de disposiciones tanto de derecho nacional como de la Unión Europea que pudieran resultar de aplicación, particularmente las que se aprueben en el ámbito de la ejecución y gestión tanto del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia establecido por el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, como del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
El Reglamento (UE) 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio, establece que las ayudas a la inversión para la promoción de la energía procedente de fuentes renovables serán compatibles con el mercado interior siempre que cumplan las condiciones previstas en su artículo 41. Las ayudas establecidas en estas bases han sido diseñadas, por un lado, considerando las condiciones establecidas en el epígrafe b) del apartado 6 de dicho artículo 41, para las inversiones asociadas al desmantelamiento y repotenciación de las instalaciones eólicas existentes; y por el otro, considerando las condiciones establecidas en el apartado 2 del artículo 47, para las inversiones en proyectos innovadores de soluciones de economía circular para palas de aerogeneradores, cuando sean residuos generados por otras empresas. Para el caso de adición de activos de almacenamiento en las nuevas instalaciones, deberá cumplirse la condición de que tal adición se destine a la promoción y aprovechamiento de la electricidad generada procedente de la instalación eólica e hidroeléctrica hibridada con el almacenamiento añadido.
Se mantiene el carácter incentivador de las ayudas, por lo que solo se admitirán solicitudes de proyectos cuya ejecución no se haya iniciado con anterioridad a la fecha de registro en la sede electrónica del IDAE de la solicitud de ayuda.
Las ayudas se otorgarán en régimen de concurrencia competitiva, de acuerdo con los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación, así como eficacia y eficiencia, todos ellos establecidos en el artículo 8.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como conforme a los artículos 23, 24, 25, 26 y 27 de dicha Ley.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la presente orden ministerial establece las bases reguladoras de concesión de ayudas a la inversión en la repotenciación de instalaciones eólicas, en la renovación tecnológica y medioambiental de minicentrales hidroeléctricas de hasta 10 MW y en instalaciones innovadoras de reciclaje de palas de aerogeneradores, en todo el territorio nacional, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Esta orden se adecúa a los principios de buena regulación establecidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y, en particular, a los principios de necesidad y eficacia, considerándose necesario «descarbonizar» los distintos sectores de la economía, reactivar la actividad económica del país, en el marco de los objetivos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y del cumplimiento de los objetivos energéticos establecidos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, así como se considera conveniente la puesta en marcha de instalaciones de generación de energía eléctrica con fuentes de energía renovable que contribuyan a la diversificación de las fuentes de energía primaria, a la reducción de la dependencia energética y de emisiones de CO2, favoreciendo el paso a una economía baja en carbono. El dictado de esta norma es, por tanto, el instrumento más adecuado para garantizar la consecución de estos objetivos. incentivar proyectos relativos a desarrollos innovadores, consiguiendo con ello, además de la reducción del consumo de energía final, una menor dependencia energética y menores emisiones de CO2.
La norma cumple con el principio de transparencia, ya que en su elaboración se han seguido todos los procesos de participación y audiencia que establece la normativa, habiéndose realizado el trámite de participación pública. Además, define claramente sus objetivos, reflejados en su preámbulo y en la memoria que la acompaña.
También se adecua al principio de proporcionalidad, en la medida en que la norma contiene las actuaciones imprescindibles para el fin que se persigue, estableciendo las bases reguladoras que permiten articular la concesión de ayudas previstas en la normativa vigente.
Se adecúa, igualmente, al principio de seguridad jurídica en la medida en que la norma contribuye a reforzar dicho principio pues es coherente con los planes y normativa vigente en materia de energías renovables y establece estímulos económicos que facilitarán su mejor cumplimiento.
Finalmente, respecto al principio de eficiencia, la iniciativa normativa no impone cargas administrativas innecesarias o accesorias y racionaliza, en su aplicación, la gestión de los recursos públicos.
Esta orden se dicta al amparo de las competencias exclusivas del Estado sobre bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica y sobre bases del régimen minero y energético, establecidas respectivamente, en los artículos 149.1.13.ª y 149.1.25.ª de la Constitución Española, en la que tienen cobijo normas básicas y asimismo previsiones de acciones o medidas singulares que sean necesarias para alcanzar los fines propuestos dentro de la ordenación del sector (STC 117/1992, FJ 2). Entre estas acciones se encontrarían estos programas de incentivos a la inversión en la repotenciación de instalaciones eólicas, en la renovación tecnológica y medioambiental de minicentrales hidroeléctricas de hasta 10 MW y en instalaciones innovadoras de reciclaje de palas de aerogeneradores, con el objetivo de promover la investigación técnica en el ámbito de estos sectores, que permita obtener información cualitativa así como innovar en las opciones de técnicas de reciclaje eficaces y eficientes con criterios de economía circular para las palas de los rotores desde las fases iniciales de diseño. De ahí, además, el título competencial fundamentado en el artículo 149.1.15.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica.
En consecuencia, fundamentado en los mencionados títulos competenciales, así como con el objeto de asegurar la plena efectividad de las medidas dentro de la ordenación básica del sector y para garantizar las mismas posibilidades de obtención y disfrute por parte de sus potenciales destinatarios en todo el territorio nacional, el Estado puede asumir las gestión de las subvenciones contempladas en estas bases reguladoras. En este sentido, estas ayudas se gestionan de forma centralizada para optimizar la gestión de los fondos públicos limitados, asegurando la plena efectividad del presupuesto disponible y garantizando en todo el territorio español las mismas posibilidades de obtención y aplicación de las ayudas que, especialmente en el caso de las instalaciones innovadoras de reciclaje de palas de aerogeneradores que se pretenden fomentar, presentan un carácter singular e incipiente en nuestro país.
Adicionalmente, la gestión centralizada posibilita alcanzar el objetivo de incentivar proyectos, con un volumen de inversión significativo, que permitan un avance más notable en el desarrollo de la energía eólica e hidroeléctrica, independientemente de la región de España desde donde se promueva, y permitiendo el acceso a las ayudas a proyectos que puedan afectar a más de una comunidad autónoma. En este sentido, no cabría para esta línea de ayudas, el establecimiento de un mecanismo más directo de cooperación con las comunidades autónomas para desplegar sus competencias ejecutivas mediante una territorialización o gestión descentralizada de las ayudas, puesto que la territorialización del presupuesto supondría que, en ciertas regiones, no se podrían incentivar determinados proyectos por superar el importe de la ayuda a la partida territorializada correspondiente o bien que, al afectar a varias comunidades autónomas, no pudiera realizarse en su totalidad. Resaltar que una territorialización de las ayudas requeriría que el presupuesto de cada Comunidad Autónoma estuviera limitado al inicio de las convocatorias, para evitar que se sobrepase la cuantía global de los fondos disponibles. Ahora bien, como la demanda de solicitudes de ayudas es difícilmente previsible, no existe un criterio claro que permitiese asignar estos fondos de una forma eficiente, la territorialización daría como resultado, por un lado, un presupuesto sobrante en las Comunidades Autónomas con una baja demanda de solicitudes y, por otro, un presupuesto insuficiente para aquellas con una alta demanda. Esta situación de desequilibrio solo podría conocerse a la finalización de la correspondiente convocatoria, ya que hasta el último día de su período de vigencia podrían seguir realizándose solicitudes. Por tanto, su corrección, al final del ejercicio, mediante una reasignación de fondos entre Comunidades, conllevaría un importante retraso en la implantación de las medidas y de los ahorros acumulados, así como en el cumplimiento de los exigentes plazos de ejecución previstos tanto por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia como por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Por otra parte, la selección de los proyectos a subvencionar, aunque la instalación afectase inclusive a una sola comunidad autónoma requeriría de una valoración técnica compleja y homogénea, que especialmente en el caso de las instalaciones innovadoras de reciclaje de palas de aerogeneradores que se pretenden fomentar, garantizará la igualdad de acceso únicamente si es realizada por una misma entidad.
De este modo, atendiendo a los dispuesto en la Sentencia del Tribunal Constitucional 13/1992, la gestión centralizada de estas subvenciones resulta imprescindible para asegurar la plena efectividad de las medidas dentro de la ordenación básica del sector y para garantizar las mismas posibilidades de obtención y disfrute por parte de sus potenciales destinatarios en todo el territorio nacional, evitando al propio tiempo que se sobrepase la cuantía global de los fondos estatales destinados al sector y optimizando la aplicación del presupuesto disponible.
En este contexto, se prevé realizar varias convocatorias a nivel nacional con una gestión centralizada de solicitudes por parte del IDAE, como órgano concedente, en régimen de concurrencia competitiva, otorgándose las ayudas a los solicitantes con mejor valoración según los criterios establecidos en las bases reguladoras contenida en esta orden y en cada convocatoria.
Adicionalmente, a efectos de garantizar la coordinación entre la gestión centralizada del Programa destinado a la inversión en instalaciones innovadoras de reciclaje de palas de aerogeneradores y las políticas autonómicas, se incluye la posibilidad de presentar un informe de la comunidad autónoma donde se vaya a ubicar la actuación, en el que el gobierno autonómico podrá valorar la adecuación del proyecto a las prioridades de su política autonómica.
La recepción de solicitudes, instrucción, selección, gestión, resolución, verificación y control y, en su caso, publicación de las convocatorias de estas ayudas serán realizados por E.P.E Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), M.P.
En todas las fases del procedimiento se establece la obligación de relacionarse electrónicamente a todos los sujetos implicados.
Por otra parte, la gestión centralizada de las subvenciones ha sido informada a las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla en la reunión de la Conferencia Sectorial de Energía de fecha 28 de julio de 2022.
Asimismo, esta orden se ajusta a lo establecido en el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con la finalidad de acometer un proceso de modernización de la Administración Pública que le proporcione las herramientas necesarias para acometer la ejecución del Plan y la mejor gestión de fondos, impulsando la colaboración público- privada entre las Administraciones Públicas y el sector privado.
Por ello, en la tramitación de esta orden, adoptada para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se ha aplicado lo previsto por los artículos 47, 60 y 61 del citado Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, habiéndose solicitado antes de su publicación los informes de Abogacía del Estado y de la Intervención Delegada a los que hace referencia el artículo 17.1, párrafo segundo, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Por otro lado, dicho Real Decreto-Ley establece una serie de medidas que van a permitir una gestión más ágil de las subvenciones financiadas con fondos europeos. Entre ellas, se suprime la necesidad de exigir la autorización del Consejo de Ministros prevista en el artículo 10.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Del mismo modo, resulta conforme a los estándares exigidos por la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y por la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Esta orden se dicta al amparo de lo dispuesto en los apartados 13.ª, 15.ª y 25.ª del artículo 149.1 de la Constitución Española, que atribuyen al Estado la competencia exclusiva sobre bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, sobre fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica y sobre bases del régimen minero y energético, respectivamente.
En su virtud, dispongo:
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto y finalidad.
1. Esta orden ministerial tiene por objeto establecer las bases reguladoras para la selección y concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de ayudas destinadas a proyectos de inversión en la repotenciación de instalaciones eólicas, en la renovación tecnológica y medioambiental de minicentrales hidroeléctricas de hasta 10 MW y en instalaciones innovadoras de reciclaje de palas de aerogeneradores.
Los programas en los que se organizan las actividades son los siguientes:
– Programa 1: Repotenciación de instalaciones eólicas. La denominación de dichas instalaciones a efectos de estas bases reguladoras será «instalación de generación». Las actuaciones del Programa 1 podrán incluir la adición de almacenamiento hibridado.
– Programa 2: Renovación tecnológica y medioambiental de minicentrales hidroeléctricas de hasta 10 MW. La denominación de dichas instalaciones a efectos de estas bases reguladoras será «instalación de generación». Las actuaciones del Programa 2 podrán incluir la adición de almacenamiento hibridado.
– Programa 3: Instalaciones innovadoras de reciclaje de palas de aerogeneradores. La denominación de dichas instalaciones a efectos de estas bases reguladoras será «instalación de reciclaje».
2. Las ayudas reguladas en esta orden tendrán como finalidad contribuir al cumplimiento de los objetivos correspondientes a la inversión 1 del Componente 7 (instalaciones de generación de los Programas 1 y 2) y a la inversión 1 del Componente 8 (instalaciones de almacenamiento) del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como al cumplimiento de los objetivos energéticos establecidos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 y a la «descarbonización» mediante el fomento de las inversiones en infraestructuras verdes, de manera que se transite desde las energías fósiles hasta un sistema energético limpio, en consonancia con ambos planes. Adicionalmente y, de manera transversal, el programa 3 favorece el cumplimiento del PERTE de Economía Circular.
Artículo 2. Definiciones.
1. Repotenciación de instalaciones eólicas: Renovación tecnológica de instalaciones eólicas existentes que consista en la sustitución completa de los aerogeneradores por otros nuevos y sin uso previo, sin perjuicio de que tal sustitución pueda afectar parcialmente al número de aerogeneradores existentes frente a la totalidad, con independencia de que se aumente o no la potencia de la instalación previa. Estas actuaciones implican el desmantelamiento de, al menos, torre, rotor y góndola de los aerogeneradores existentes afectados por la actuación y la construcción y puesta en marcha de nuevos aerogeneradores en el emplazamiento previamente ocupado, aunque se modifiquen las coordenadas de posición de las máquinas y potencialmente se incluyan instalaciones adicionales.
2. Renovación de minicentrales hidroeléctricas existentes de potencia hasta 10 MW: Incluye alguno de los siguientes tipos de actuaciones:
a. Renovación tecnológica basada en la sustitución, total o parcial de equipos principales preexistentes, por otros nuevos y sin uso previo, con independencia de que se aumente o no la potencia de la instalación previa, así como la rehabilitación de las instalaciones hidráulicas que componen el aprovechamiento, incluido el edificio que albergue los equipos generadores. Asimismo, se incluirá la instalación de nuevos grupos turbogeneradores para el aprovechamiento de caudales ecológicos en minicentrales existentes, siempre y cuando la potencia total resultante no supere los 10 MW.
b. Renovación medioambiental, dirigida a la protección o mejora de los ecosistemas, adaptación a las condiciones derivadas de la nueva planificación hidrológica y medioambiental y adecuación e integración en el territorio de todas las instalaciones.
3. Instalación innovadora de reciclaje de palas de aerogeneradores: Nueva instalación que suponga la mejora de la calidad o eficiencia de las actividades de reciclaje de las palas -u otros componentes de los aerogeneradores que utilicen materiales compuestos- con respecto a un proceso convencional de actividades de reciclado con la misma capacidad anual de tratamiento. A este respecto, dado el estado actual de la técnica, se utiliza como proceso convencional de referencia en España el depósito en vertedero, salvo que la convocatoria establezca otro proceso convencional de referencia para adaptarlo a los avances tecnológicos que se hubiesen producido. Estas instalaciones podrían ser tanto proyectos comerciales como precomerciales que permitan avanzar en el desarrollo de nuevas alternativas para el reciclaje de los materiales compuestos de los aerogeneradores.
4. Materias primas secundarias: Los diferentes materiales y sustancias recuperados del tratamiento de las palas al final de su vida útil, con objeto de ser de nuevo utilizados en sustitución de materias primas primarias.
5. Materiales compuestos: Materiales basados en resinas poliméricas reforzadas con fibras de carbono (FC), de vidrio (FV) o fibras híbridas (carbono-vidrio, FCV).
6. Actuaciones incentivables: Tipo de actuaciones que podrán ser objeto de las ayudas según quedan definidas en el artículo 8.
7. Coste subvencionable del proyecto: Se corresponde con la suma de los costes elegibles que conforman un proyecto de inversión después de haber restado el coste de la instalación de referencia, según lo previsto en el artículo 9 y en la metodología definida en cada convocatoria.
Artículo 3. Ámbito de aplicación y vigencia.
1. Lo dispuesto en esta orden será de aplicación en todo el territorio nacional.
2. La vigencia de las bases reguladoras aprobadas por esta orden se extenderá desde el día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» hasta el 30 de junio de 2026. No obstante, las ayudas concedidas se seguirán rigiendo por ella y por las correspondientes convocatorias dictadas al amparo de la misma, hasta la finalización y cierre de los correspondientes expedientes, incluyendo los eventuales procedimientos de reintegro.
3. Las ayudas se concederán solo a aquellas entidades beneficiarias cuyos proyectos e inversiones asociadas se desarrollen en territorio nacional, de acuerdo con los requisitos establecidos por cada programa.
Artículo 4. Régimen jurídico aplicable.
1. Las ayudas que se regulan en esta orden se regirán, además de por lo dispuesto en la misma y en las respectivas convocatorias y resoluciones de concesión, por cuantas normas vigentes que por su naturaleza jurídica pudieran resultar de aplicación, y, en particular, por lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en su reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. En defecto de lo previsto en esta normativa, se aplicarán las normas de derecho administrativo y, en último término, el derecho privado.
2. También serán de aplicación las siguientes disposiciones normativas:
a) El Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado.
b) Las normas que se aprueben en el ámbito de la ejecución y gestión del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y en particular:
Reglamento (UE) 2020/2094 del Consejo, de 14 de diciembre de 2020, por el que se establece un Instrumento de Recuperación de la Unión Europea para apoyar la recuperación tras la crisis de la COVID-19.
El Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
El Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de abril de 2021, por el que se aprueba el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
La Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España.
Las disposiciones operativas relativas a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España.
c) La normativa medioambiental que regula la aplicación del principio de «no causar perjuicio significativo» (DNSH):
La «Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (2021/C 58/01)», («Guía Técnica de la Comisión Europea»).
El «Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088», («Reglamento de Taxonomía»).
El Reglamento Delegado (UE) 2021/2139 de la Comisión, de 4 de junio de 2021, por el que se completa el Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo y por el que se establecen los criterios técnicos de selección para determinar las condiciones en las que se considera que una actividad económica contribuye de forma sustancial a la mitigación del cambio climático o a la adaptación al mismo, y para determinar si esa actividad económica no causa un perjuicio significativo a ninguno de los demás objetivos ambientales.
En todo caso, las actuaciones llevarán a cabo los procedimientos de evaluación ambiental establecidos en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre de evaluación ambiental, que sean de aplicación, así como otras evaluaciones y procedimientos que pudieran resultar de aplicación en virtud de la legislación medioambiental.
d) El Real Decreto ley 36/2020, de 30 de diciembre, la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre y la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
e) En todo lo no previsto en esta orden será de aplicación lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y su normativa de desarrollo, así como en las demás disposiciones que resulten de aplicación.
f) La normativa aplicable en materia de prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y el conflicto de intereses:
En aplicación de la Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2017, la Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero por la que se modifica la Ley orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal para transponer directivas de la Unión Europea en los ámbitos financieros y de terrorismo, y abordar cuestiones de índole internacional.
El Reglamento (CE, Euratom) n.º 2988/1995 del consejo, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas;
El artículo 61 del Reglamento (EU, Euratom) 2018/1046, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al Presupuesto General de la Unión europea (Reglamento financiero).
El artículo 53 del real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, relativo a los principios éticos; el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, relativo a la abstención, y el artículo 24 del mismo cuerpo legal, relativo a la recusación.
El artículo 22 del Reglamento (UE) 2021/241, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021.
El artículo 6 de la Orden HFP 1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
g) La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en caso de que en la ejecución de las subvenciones se celebren contratos que deban someterse a esta Ley.
3. Asimismo, será de aplicación la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 y el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, en lo que se refiere a la vinculación legal a finalidad de los fondos recibidos por transferencia a IDAE procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, establecido por el Reglamento (UE) 2021/241, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, así como el tipo de concurrencia, la publicación de las bases, las obligaciones de control, el seguimiento de la ejecución y el reingreso de fondos.
Artículo 5. Características de las ayudas y régimen de compatibilidad.
1. Estas ayudas se otorgarán en régimen de concurrencia competitiva, de acuerdo con los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación que rigen en la gestión de ayudas y subvenciones públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 22 y concordantes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en su Reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
2. Estas ayudas tienen la consideración de ayudas de Estado compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, estando sometidas a los requisitos y límites establecidos en el Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio.
3. La modalidad de las ayudas reguladas por esta orden reviste la forma de subvención a fondo perdido que el IDAE podrá adelantar al beneficiario al objeto de facilitar la financiación de los proyectos. El anticipo consistirá en el abono, por el IDAE, previo depósito de garantía, de un anticipo de la ayuda concedida, en los términos establecidos en el artículo 10.
4. El modelo para la gestión de la concesión de las ayudas se realizará forma centralizada por el IDAE.
5. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 9 del Reglamento (UE) 2021/241, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, las ayudas reguladas en esta orden serán compatibles con otras ayudas concedidas, para la misma actuación, por cualesquiera Administraciones públicas u organismos o entes públicos, nacionales, de la Unión Europea o internacionales, siempre que no se financie el mismo coste de la actuación, no se supere el coste de la actividad subvencionada y se cumpla la condición que, de forma acumulada, las ayudas no superen los límites establecidos por el Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio, para todos los beneficiarios, y en todo caso de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al Presupuesto General de la Unión.
6. En cualquier caso, el beneficiario deberá comunicar la obtención de otras ayudas, subvenciones, ingresos o recursos otorgados por cualesquiera administraciones públicas que financien las actividades subvencionadas, una vez tengan conocimiento de su existencia y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de los fondos percibidos, lo que podrá originar las correspondientes minoraciones en el importe de la ayuda concedida.
7. El beneficiario suscribirá, junto con la solicitud de ayuda, declaración responsable que acredite tanto las ayudas que ha solicitado como las que le han sido concedidas para la misma actuación según modelo facilitado en la convocatoria correspondiente.
8. Las ayudas reguladas en esta orden, en cualquier caso, son incompatibles con la percepción del régimen retributivo específico regulado en el Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. A tal efecto, aquellos beneficiarios que se encontrasen percibiendo el régimen retributivo específico por la instalación a la que se solicita ayuda para su repotenciación o renovación, deberán realizar una renuncia expresa a la percepción de dicho régimen que deberá tramitarse ante el órgano competente para el o los expedientes administrativos afectados por la actuación que, en su caso, permaneciesen inscritos en el registro de régimen retributivo específico en estado de explotación. Esta renuncia se deberá comunicar al IDAE con anterioridad a la finalización del plazo de realización de las actuaciones al que se refiere el artículo 21, que se definirá en la convocatoria correspondiente.
9. Igualmente, las instalaciones que se acojan a las ayudas reguladas en esta orden, en ningún caso, podrán concurrir a las subastas reguladas por el Real Decreto 960/2020, de 3 de noviembre, por el que se regula el régimen económico de energías renovables para instalaciones de producción de energía eléctrica.
10. Cada solicitud de ayuda deberá seleccionar únicamente uno de los tres programas descritos en el artículo 1 y en el artículo 8. La misma solicitud de ayuda no podrá presentarte a más de uno de dichos programas. Además, los activos asociados a una misma actuación sólo podrán estar incluidos en una única solicitud de ayuda.
Artículo 6. Beneficiarios.
1. Podrán obtener la condición de beneficiarios en las correspondientes convocatorias que se celebren al amparo de esta orden, siempre que realicen la actuación que fundamenta su concesión, en los términos establecidos por las mismas, y cumplan todos los requisitos exigidos, cualesquiera personas jurídicas, públicas o privadas; consorcios o agrupaciones empresariales de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, con personalidad jurídica propia; legal y válidamente constituidas, que tengan su domicilio fiscal en España siempre que realicen alguna actividad económica por la que ofrezcan bienes y/o servicios en el mercado y lleven a cabo la inversión o satisfagan el gasto correspondiente a la actuación incentivable.
2. Podrán obtener la condición de beneficiario para los programas 1 y 2 las personas jurídicas que cumplan con los requisitos establecidos en las presentes bases y en la correspondiente convocatoria y con lo regulado en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico en relación con los productores de energía eléctrica.
3. Podrán obtener la condición de beneficiario para el programa 3 las personas jurídicas que cumplan con los requisitos establecidos en las presentes bases y en la correspondiente convocatoria. En cualquier caso, los beneficiarios del programa 3 deberán tener una personalidad jurídica distinta de la de las empresas titulares de las instalaciones que se hayan desmantelado de las que provengan las palas y materiales compuestos que sean objeto del reciclaje.
4. Entre otros, podrán ser beneficiarios del programa de incentivos previsto por las bases reguladoras establecidas por esta orden:
a) Todo tipo de empresas con personalidad jurídica propia (Micro, Pequeña, Mediana y Gran Empresa).
Se entenderá por micro, pequeña y mediana empresa lo establecido en el Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014.
b) Universidades y centros privados de investigación y desarrollo, con personalidad jurídica propia.
c) Consorcios o agrupaciones empresariales de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, con personalidad jurídica propia.
d) El sector público institucional, a que se refiere el artículo 2.2 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas y las Universidades Públicas y sus centros adscritos con personalidad jurídica propia.
Artículo 7. Requisitos y obligaciones esenciales de los beneficiarios.
1. Los beneficiarios deberán cumplir las obligaciones recogidas en los artículos 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y concordantes de su Reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, así como las contenidas en esta orden, las que se determinen en cada convocatoria, las que figuren en la resolución de concesión de las ayudas y en las instrucciones específicas que, en aplicación y cumplimiento de las presente orden y de cada convocatoria, comunique el IDAE en materia de ejecución, seguimiento, pago de las ayudas, información y publicidad, justificación y control del gasto.
2. No podrán obtener la condición de beneficiario de estas ayudas quienes incurran en alguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre. En este contexto, el beneficiario suscribirá, junto con la solicitud de ayuda, declaración responsable que acredite no tener pendientes obligaciones de reintegro de subvenciones o ayudas, o en su caso el cumplimiento de las mismas, conforme a los términos establecidos en el artículo 21 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. Los beneficiarios deberán encontrarse también al corriente en el cumplimiento del resto de obligaciones establecidas por dicho artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, entre ellas, hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, considerándose a este respecto que los beneficiarios/as, con la presentación de su solicitud de ayuda, incluirán autorización expresa al órgano concedente para que pueda consultar directamente dicha información de forma directa con la Administración tributaria o de la Seguridad Social correspondiente, en los momentos en que sea preciso durante la tramitación del procedimiento. En caso de no otorgarse dicha autorización, los beneficiarios/as deberán de aportar los certificados correspondientes.
3. Los beneficiarios deberán aceptar los términos que se establezcan en la resolución de concesión, y realizar el proyecto conforme a los objetivos de la solicitud de ayuda, que tiene carácter vinculante, y a lo establecido en la resolución de concesión y sus eventuales modificaciones.
4. Los beneficiarios deberán declarar su compromiso con la igualdad de género mediante la incorporación de los elementos necesarios en la realización de la actuación para lograr una representación equilibrada entre mujeres y hombres e impulsar la plena igualdad de oportunidades entre ambos.
5. Los beneficiarios estarán obligados a comunicar de inmediato al IDAE, incluso durante la tramitación de la solicitud, cualquier modificación de las condiciones inicialmente informadas con la documentación que se acompaña a la solicitud.
La falta de comunicación de estas modificaciones podrá ser causa suficiente para la pérdida del derecho al cobro de la ayuda o la exigencia del reintegro de la misma.
6. En aplicación del artículo 61 del Reglamento (EU, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, para poder ser beneficiarios de las ayudas, de acuerdo con lo que se establezca en la resolución de concesión, los solicitantes deberán adoptar todas aquellas medidas que eviten un conflicto de intereses potencial entre sus propios intereses y los de la Unión Europea, estableciendo, asimismo, las medidas oportunas para evitar un conflicto de intereses en las funciones que estén bajo su responsabilidad y para hacer frente a situaciones que puedan ser percibidas objetivamente como conflictos de intereses. Resultará de aplicación lo dispuesto en los apartados 2 y 3 de dicho precepto al personal del órgano concedente que intervenga en los procesos de selección de los beneficiarios, o en los procesos de verificación del cumplimiento de las condiciones de las solicitudes de ayuda correspondientes.
7. Además, se consideran obligaciones esenciales de los beneficiarios de las ayudas, las siguientes:
a) Los beneficiarios deberán justificar el cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la subvención y la aplicación de los fondos percibidos ante el órgano concedente o designado para tal fin, así como garantizar el mantenimiento y operación de la actuación subvencionada al menos durante cinco (5) años desde el plazo de realización de las actuaciones al que se refiere el artículo 21.
b) Los beneficiarios deberán llevar a cabo las actuaciones previstas en la forma y en el plazo de ejecución establecidos por esta orden y en la convocatoria correspondiente.
c) Mantener un sistema de contabilidad diferenciado para todas las transacciones relacionadas con las actuaciones objeto de ayuda, en los términos contemplados en el epígrafe f) de este mismo artículo.
d) En su caso, cumplir con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, respecto al proceso de adjudicación de los contratos vinculados a la actuación subvencionada, siempre que resulte de aplicación por razón de la categoría del contrato y de su valor estimado.
Para el resto de supuestos, en la tramitación de los contratos a realizar para llevar a cabo las actuaciones incentivables, se tendrá en cuenta lo siguiente:
1.º La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. En el caso de beneficiarios que no se encuentren sujetos al cumplimiento de esta ley, deberán cumplir con lo dispuesto en el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y disponer como mínimo de tres ofertas de diferentes proveedores con carácter previo a la contratación de la obra, suministro y/o servicio correspondiente, salvo que por sus especiales características no exista en el mercado suficiente número de entidades que los realicen, presten o suministren.
2.º Los beneficiarios deberán disponer, para su posible verificación, de toda la documentación del procedimiento de contratación, especialmente, de los criterios de valoración, la justificación de la selección de la oferta económicamente más ventajosa y las comunicaciones con los ofertantes.
3.º En los documentos (pliegos, anuncios, etc.) que sustenten la contratación de la obra, suministro y/o servicio correspondiente, deberá hacerse constar expresamente la financiación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, establecido por el Reglamento (UE) 2021/241, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, así como referencia a la denominación de los programas de ayudas establecidos por estas bases reguladoras.
4.º No será admisible la inclusión de criterios de valoración discriminatorios o que alteren la concurrencia.
5.º La ejecución de la obra, realización del suministro o prestación del servicio contratado debe ser demostrable y tendrá que estar verificada y aceptada de forma previa a la certificación del pago, conforme a las condiciones que se establezcan en el contrato.
e) Acreditar ante el IDAE la realización de la actuación subvencionable en los términos expuestos en esta orden, facilitando además las comprobaciones encaminadas a garantizar la correcta realización de la actuación, aportando al efecto cuanta documentación le fuera requerida, así como los valores de los indicadores que fueran requeridos para reportar los resultados del proyecto en el marco de la normativa europea y nacional aplicable, y particularmente la que se establezca en cuanto a la gestión y ejecución del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que se apruebe por las instituciones europeas. Con estos fines, el IDAE podrá realizar un procedimiento de control que permita verificar y validar administrativamente el 100 % del gasto declarado por los beneficiarios, así como verificar sobre el terreno un conjunto representativo de las actuaciones realizadas.
f) Cumplir, además, con las siguientes obligaciones, europeas y nacionales, relativas a la financiación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea. A tal efecto, deberán atenerse a lo siguiente:
i. Se someterán a las actuaciones de control de las instituciones de la Unión, en virtud del artículo 22.2.e) del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero. Para ello, se deberá cumplimentar una declaración responsable cuyo modelo se concretará en las correspondientes convocatorias, contemplando que el beneficiario se comprometa a conceder los derechos y los accesos necesarios para garantizar que la Comisión, la OLAF, el Tribunal de Cuentas Europeo, la Fiscalía Europea y las autoridades nacionales competentes ejerzan sus competencias de control.
ii. Serán responsables de la fiabilidad y el seguimiento de la ejecución de las actuaciones subvencionadas, de manera que pueda conocerse en todo momento el nivel de consecución de cada actuación.
iii. Deberán establecer mecanismos que aseguren que las actuaciones a desarrollar, por ellas mismas o por terceros, contribuyen al logro de las actuaciones previstas y aportar la información que, en su caso, fuera necesaria para determinar el valor de los indicadores, hitos y objetivos pertinentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
iv. Asumen el mantenimiento de una adecuada pista de auditoría de las actuaciones realizadas en el marco de esta subvención y la obligación de mantenimiento de la documentación soporte. El suministro de la información se realizará en los términos que establezca el Ministerio de Hacienda de conformidad con la normativa nacional y de la Unión Europea. En su caso, mantener un sistema de contabilidad diferenciado para todas las transacciones relacionadas con las actuaciones objeto de ayuda, contando, al menos, con una codificación contable adecuada que permita identificar claramente dichas transacciones.
v. Tienen la obligación de asegurar la regularidad del gasto subyacente y la adopción de medidas dirigidas a prevenir, detectar, comunicar y corregir el fraude y la corrupción, prevenir el conflicto de interés y la doble financiación.
vi. En la ejecución de las actuaciones subvencionadas, no perjudicarán significativamente al medio ambiente, de acuerdo con el artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020 relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088.
g) Someterse a cualesquiera otras actuaciones de comprobación y control financiero que pueda realizar la Secretaría General de Fondos Europeos, la Intervención General de la Administración del Estado, el Tribunal de Cuentas, los órganos de control y fiscalización de la Comisión Europea y a cualesquiera otras actuaciones de comprobación y/o control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como de la Unión Europea, de acuerdo a lo establecido en la normativa aplicable a la gestión de las ayudas cofinanciadas con fondos de la Unión Europea, aportando para ello cuanta información le sea requerida. En este contexto, con la presentación de la solicitud de ayuda, el beneficiario acepta y consiente expresamente la concesión de los derechos y accesos necesarios para garantizar que la Comisión Europea, la OLAF, el Tribunal de Cuentas Europeo, la Fiscalía Europea y/o las autoridades nacionales competentes ejerzan sus competencias de control y fiscalización, de conformidad con lo establecido en el artículo 22.2.e) del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero.
h) Cumplir con las obligaciones de información y publicidad que las autoridades competentes establezcan relativas a la financiación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. En particular:
i. Toda referencia en cualquier medio de difusión al proyecto subvencionado, cualquiera que sea el canal elegido, deberá cumplir con los requisitos establecidos a tal efecto en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia que figuran en el Manual de Imagen disponible en la web del IDAE, www.idae.es.
ii. Los beneficiarios, como perceptores de fondos de la Unión Europea, deben de mencionar el origen de esta financiación y garantizar su visibilidad, en particular cuando promuevan las actuaciones subvencionables y sus resultados, facilitando información coherente, efectiva y proporcionada dirigida a múltiples destinatarios, incluidos los medios de comunicación y el público, incluyendo, cuando proceda, el emblema de la Unión y una declaración de financiación adecuada que indique «financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU», de conformidad con el artículo 34.2 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Los beneficiarios informarán al público del apoyo obtenido de los fondos europeos, haciendo una breve descripción de la operación en su sitio de Internet, en caso de que disponga de uno, de manera proporcionada al nivel de apoyo prestado.
iii. Asimismo, los materiales asociados a la ejecución de sus actuaciones deberán estar señalizados de acuerdo con lo que se indique en el manual de imagen de estos programas que estará disponible en la sede electrónica de IDAE.
i) Custodiar y conservar los documentos originales o convertidos a formato electrónico, justificativos de la actuación realizada y de la aplicación de los fondos recibidos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control. La disponibilidad de los documentos se ajustará a lo dispuesto en el art. 132 del Reglamento Financiero (Reglamento (UE) n.º 2018/1046), de acuerdo con lo que indica el artículo 22.2.f) del Reglamento (UE) n.º 241/2021.
j) Respetar las normas de subvencionalidad nacionales que pudiera establecer la Secretaría General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda y Función Pública.
k) Disponer de los procedimientos de gestión y control que garanticen el buen uso y aplicación de las ayudas.
l) Proporcionar al órgano competente la documentación necesaria ex post con el contenido mínimo que figure en la correspondiente convocatoria, de justificación de la realización del proyecto.
m) El IDAE transmitirá a los beneficiarios cuantas instrucciones considere necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente orden y en las respectivas convocatorias, siendo obligación del beneficiario dar cumplimiento a lo solicitado.
n) A efectos de auditoría y control, y a tenor de lo establecido en el artículo 22 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero, así como en el artículo 10 de la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, los datos de los perceptores finales de estas ayudas serán públicos, pudiendo recabarse estos datos en una base de datos única, así como accediéndose, en su caso, por parte de los órganos competentes a la información contenida en el Registro de Titularidades Reales o base de datos similar. Se ha de identificar a los perceptores finales de fondos (beneficiarios últimos de las ayudas, contratistas y subcontratistas que resulten adjudicatarios), incluyendo alta en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores de la AEAT o equivalente que refleje la actividad económica que desarrollan, así como la declaración de los mismos de cesión y tratamiento de los datos entre los sistemas de las ayudas y el sistema de Fondos Europeos, en relación con la ejecución de actuaciones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
8. No podrán ser beneficiarias de estas ayudas las empresas en crisis, según se define esta situación en el artículo 2, apartado 18 del Reglamento (UE) n.º 651/2014, de la Comisión, de 17 de junio de 2014. Dicho extremo se acreditará mediante una declaración responsable que se suscribirá junto con la solicitud de subvención.
9. Los beneficiarios garantizarán el respeto al principio de DNSH y el etiquetado climático, conforme a lo previsto en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y su normativa de desarrollo, en particular el Reglamento (UE) 2020/852, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles (Reglamento de Taxonomía); la Guía Técnica de la Comisión Europea (2021/C 58/01) sobre la aplicación de este principio; así como con lo requerido en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España y su documento anexo. Además, los beneficiarios deberán cumplir lo siguiente:
a) Las actuaciones, durante todo su ciclo de vida, deben garantizar que al menos el 70 % (en peso) de los residuos de construcción y demolición no peligrosos (excluyendo el material natural mencionado en la categoría 17 05 04 en la Lista europea de residuos establecida por la Decisión 2000/532/CE de la Comisión) generados en el sitio de construcción está preparado para su reutilización, reciclaje y recuperación de otros materiales, incluidas las operaciones de relleno utilizando residuos para sustituir otros materiales, de acuerdo con la jerarquía de residuos y el Protocolo de gestión de residuos de construcción y demolición de la UE. Análogamente, en los proyectos financiados que impliquen demolición, se incluirá la práctica de demolición selectiva.
b) Se respetará la normativa medioambiental aplicable. En todo caso, se respetarán los procedimientos de evaluación ambiental, cuando sean de aplicación, conforme a la legislación vigente, así como otras evaluaciones de repercusiones que pudieran resultar de aplicación en virtud de la legislación medioambiental.
c) En caso de subcontratar parte o toda la actividad objeto de cualquiera de los programas incluidos en estas bases, el beneficiario habrá de prever mecanismos para asegurar que los subcontratistas cumplan con el principio de «no causar un perjuicio significativo al medio ambiente».
d) Se deben cumplir las indicaciones que aparecen en el Anexo IV, «Indicaciones para actividades específicas», de la «Guía para el diseño y desarrollo de actuaciones acordes con el principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente» elaborada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, disponible en su página Web (a esta fecha, el enlace sería https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/recuperacion-transformacion-resiliencia/transicion-verde/guiadnshmitecov20_tcm30-528436.pdf ). En particular, se debe cumplir lo estipulado para cada uno de los objetivos ambientales correspondiente a las actividades 2 «Realización de obras en general» y 9 «Digitalización y centros de datos».
10. Las convocatorias podrán establecer otros requisitos y obligaciones esenciales adicionales.
11. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones señaladas en los apartados anteriores, podrá ser causa suficiente para la pérdida del derecho al cobro o reintegro de la ayuda concedida.
Artículo 8. Proyectos subvencionables.
1. Tendrán el carácter de actuaciones incentivables, con arreglo a las normas establecidas en esta orden de bases:
a) Programa 1: Podrán ser objeto de las ayudas los proyectos de inversión en la «Repotenciación de instalaciones eólicas», de acuerdo con su definición en el artículo 2.
Tanto las instalaciones existentes asociadas como las nuevas tras la repotenciación deberán estar conectadas a la red de distribución y/o transporte.
Las nuevas instalaciones tras la repotenciación podrán incluir instalaciones de almacenamiento integrado en la instalación de generación en las condiciones establecidas en la convocatoria.
Durante todo el ciclo de vida de la instalación de repotenciación los beneficiarios deberán evaluar la disponibilidad y, cuando sea factible, utilizar equipos y componentes de alta durabilidad y reciclabilidad y que sean fáciles de desmantelar y renovar, sin perjuicio de otros criterios de sostenibilidad adicionales que se establezcan en las correspondientes convocatorias.
Uno de los objetivos de este programa de incentivos es mejorar la eficiencia energética del parque de aerogeneradores instalados en el territorio nacional, por lo que la producción estimada por unidad de potencia de las nuevas instalaciones tras la repotenciación deberá ser superior a la producción real por unidad de potencia de las instalaciones existentes asociadas que se desmantelen.
b) Programa 2: Podrán ser objeto de las ayudas los proyectos de inversión en la «Renovación tecnológica y medioambiental de minicentrales hidroeléctricas de hasta 10 MW», de acuerdo con su definición en el artículo 2.
A los efectos del límite de potencia establecido, se considerará que pertenecen a una única instalación, cuya potencia será la suma de las potencias de las instalaciones unitarias para cada uno de los grupos, las que tengan la misma cota altimétrica de la toma y desagüe dentro de una misma ubicación.
Las instalaciones tras la renovación podrán incluir instalaciones de almacenamiento integrado en la instalación de generación en las condiciones establecidas en la convocatoria.
En el marco de este programa de ayudas, los requisitos a cumplir serán los siguientes:
– Las minicentrales hidroeléctricas para las que se solicite ayuda deberán tener como mínimo cinco años de vigencia restante hasta el final de su plazo concesional, a contar desde la fecha que se establezca en la correspondiente Convocatoria. Se deberá aportar certificación del Registro de Aguas donde se establezcan al menos las características esenciales y la fecha de finalización de la concesión.
– Las actuaciones a realizar para la renovación de una minicentral hidroeléctrica, que presenten solicitud a este programa 2, no podrán modificar las características esenciales de la concesión de aguas de dicha minicentral hidroeléctrica, sin obtener previamente la oportuna autorización de la Confederación Hidrográfica, Organismo de cuenca o del Ministerio para Transición Ecológica y el Reto Demográfico, según proceda. En ningún caso se podrá ampliar el plazo concesional vigente en más de 10 años.
No quedarán afectados por este requisito los cambios de características esenciales de la concesión, cuando éstos sean consecuencia de peticiones de la administración correspondiente, tales como cambios en la magnitud de caudales u otras modificaciones técnicas por cuestiones medioambientales, que deberá ser acreditado mediante la presentación en la fase de solicitud de la ayuda del escrito de requerimiento de la Administración correspondiente.
Adicionalmente, el solicitante deberá acreditar mediante declaración responsable que todas las actividades que se acojan a este programa cumplen con:
1. La Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y, en particular, los artículos 4 y 11 de dicha Directiva, asegurando que se han aplicado todas las medidas de mitigación técnicamente viables y ecológicamente pertinentes para reducir los efectos adversos en el agua, así como en los hábitats protegidos y las especies que dependen directamente del agua.
2. Se han incluido, cuando proceda y en función de los ecosistemas presentes de forma natural en las masas de agua afectadas o ya se dispone de ellas:
a. Medidas para garantizar la migración de peces aguas abajo y aguas arriba.
b. Medidas para garantizar un caudal ecológico mínimo y el flujo de sedimentos.
c. Medidas para proteger o mejorar los hábitats.
Los objetivos de este programa de ayudas para la renovación tecnológica y medioambiental de minicentrales hidroeléctricas de hasta 10 MW son, por un lado, mantener la capacidad hidroeléctrica existente en el territorio nacional y mejorar la eficiencia energética de las instalaciones, mediante la sustitución, total o parcial de equipos principales preexistentes, rehabilitación de las instalaciones hidráulicas e instalación de nuevos grupos turbogeneradores para el aprovechamiento de caudales ecológicos en centrales existentes hasta una potencia total de 10 MW y, por otro lado, adaptar los aprovechamientos hidroeléctricos existentes a futuras nuevas condiciones medioambientales o ecológicas, mediante actuaciones dirigidas a la protección o mejora de los ecosistemas, adecuación e integración en el territorio de las instalaciones, entre otras.
c) Programa 3: Podrán ser objeto de las ayudas los proyectos de inversión en «Instalaciones innovadoras de reciclaje de palas de aerogeneradores», de acuerdo con su definición del artículo 2.
La instalación de reciclaje deberá recuperar al menos el 50 % en peso de los residuos (palas y/u otros componentes del aerogenerador que utilicen materiales compuestos) y transformarlos en materias primas secundarias que puedan introducirse en los procesos productivos.
Estos proyectos deben buscar soluciones comerciales y aplicar criterios de economía circular para el reciclaje de las palas de aerogeneradores.
Durante todo el ciclo de vida de las instalaciones de reciclaje de este programa los beneficiarios deberán evaluar la disponibilidad y, cuando sea factible, utilizar equipos y componentes de alta durabilidad y reciclabilidad y que sean fáciles de desmantelar y renovar. Sin perjuicio de otros criterios de sostenibilidad adicionales que se establezcan en las correspondientes convocatorias.
2. Para los programas 1 y 2, las convocatorias que se realicen al amparo de las presentes bases podrán establecer tanto un valor de la potencia instalada máxima y/o de la potencia instalada mínima a implementar, como de la potencia máxima a incentivar en las actuaciones a las que se pueda otorgar ayuda para cada localización y/o tipo de actuación.
3. Para el programa 3, las convocatorias que se realicen al amparo de las presentes bases podrán establecer un valor de la capacidad anual de tratamiento máxima y/o mínima a implementar en las actuaciones a las que se pueda otorgar ayuda para cada localización y/o tipo de actuación.
4. Para todos los programas, en ningún caso podrán financiarse las siguientes actividades:
i. Las actividades relacionadas con los combustibles fósiles, incluida la utilización ulterior de los mismos, excepto los proyectos en el marco de esta medida relacionados con la generación de electricidad y/o calor utilizando gas natural, así como con la infraestructura de transporte y distribución conexa, que cumplan las condiciones establecidas en el anexo III de la Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo»;
ii. Las actividades y activos en el marco del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (RCDE) en relación con las cuales se prevea que las emisiones de gases de efecto invernadero que van a provocar no se situarán por debajo de los parámetros de referencia pertinentes. En este sentido, en particular para las actuaciones del programa 3, cuando el solicitante prevea que las emisiones de gases de efecto invernadero provocadas por la actividad subvencionada no van a ser significativamente inferiores a los parámetros de referencia pertinentes, deberá facilitarse una explicación motivada al respecto. Los parámetros de referencia para la asignación gratuita de derechos de emisión en relación con las actividades que se inscriben en el ámbito de aplicación del régimen de comercio de derechos de emisión, se encuentran establecidos en el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/447 de la Comisión;
iii. Las actividades relacionadas con vertederos de residuos, incineradoras y plantas de tratamiento mecánico-biológico; y
iv. Las actividades en las que la eliminación a largo plazo de residuos pueda causar daños al medio ambiente.
Artículo 9. Costes elegibles.
1. Los proyectos que se incentiven deberán estar englobados dentro de las actuaciones incentivables que se detallan en el artículo 8.
2. En aplicación de lo establecido por el Reglamento (UE) 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio, a efectos del cálculo de la cuantía de la ayuda, el coste subvencionable del proyecto se corresponde con la suma de los costes elegibles después de haber restado el coste de la instalación de referencia. Para la tipología de actuación del Programa 2, el Reglamento no contempla la sustracción de dicho coste, de manera que, en ese caso, la suma de costes elegibles coincidirá con el coste subvencionable del proyecto.
3. Tendrán la consideración de costes elegibles aquellos gastos que satisfagan lo establecido en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el artículo 83 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
4. Sólo se considerarán elegibles, y por tanto sólo podrán ser objeto de ayuda con cargo a este programa de incentivos, las inversiones asociadas al impulso de los sectores eólico (incluyendo el reciclaje de palas de los aerogeneradores) e hidroeléctrico, que sean derivadas de actividades desarrolladas en territorio nacional y que se realicen en la adquisición de bienes o de servicios por parte del beneficiario de la ayuda, así como que puedan justificarse mediante el correspondiente pedido y/o contrato relativos a las actuaciones realizadas, con sus correspondientes facturas y justificantes de pago al proveedor. No se considerarán, por tanto, elegibles los costes propios (personal, funcionamiento o gastos generales), con la única excepción, en su caso, de los costes propios de gestión de la solicitud y de la justificación de la realización de las actuaciones de la ayuda mencionados en el siguiente apartado.
5. Se considerarán costes elegibles los siguientes conceptos:
a) La inversión en equipos y materiales relacionadas con la tipología de actuación objeto de ayuda. Incluida, en el caso de los programas 1 y 2, la correspondiente a los sistemas de almacenamiento hibridado, en su caso.
b) Los costes de ejecución de las obras y/o instalaciones relacionadas con la tipología de actuación objeto de ayuda.
c) Equipamientos electromecánicos, hidráulicos, de control y auxiliares cuando estén asociados a la actuación objeto de ayuda.
d) Sistema eléctrico general de Alta Tensión y Baja Tensión, incluyendo transformadores, línea de evacuación y sistemas e infraestructuras eléctricas adicionales hasta el punto de conexión con la red eléctrica de transporte o distribución, cuando estén asociados a la actuación objeto de ayuda. En su caso, se incluirán las protecciones y equipamientos que correspondan bajo el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) y sus Instrucciones técnicas complementarias o el Reglamento de Instalaciones Eléctricas en Alta Tensión (RIAT) y sus Instrucciones técnicas complementarias.
e) Sistemas de gestión, control activo y monitorización tanto de la generación como de la acumulación, que ayuden a optimizar la gestión y producción. Estos equipos deberán ser propiedad del beneficiario de la ayuda y estar vinculados a la actuación objeto de la ayuda.
f) Sistemas de gestión, control activo y monitorización de la demanda de energía eléctrica de instalaciones consumidoras abastecidas por el proyecto objeto de la ayuda, que ayuden a optimizar la gestión y producción permitiendo la integración más efectiva en la red, en mercados locales o en su uso para autoconsumo de las fuentes de energías renovables. Estos equipos deberán ser propiedad del beneficiario de la ayuda y estar vinculados al proyecto objeto de la ayuda.
g) Redes de distribución inteligentes (smart grids) para gestionar la generación distribuida localizada en entornos urbanos y periurbanos, y los sistemas de integración de energía eléctrica y gestión de la demanda, en gran medida renovable, y que deberá ser también gestionable y estar abastecida por el proyecto objeto de la ayuda. Solo se considerarán gastos elegibles aquellos equipos vinculados directamente al proyecto objeto de la ayuda que deberán ser propiedad del beneficiario de la misma.
h) Transporte y montaje, puesta en marcha, controles de calidad y ensayos de las instalaciones.
i) Para el programa 1, se incluyen los sistemas de medición del recurso eólico en el emplazamiento.
j) Para el programa 2, se incluirán los sistemas de medida completos de los caudales a turbinar, caudal ecológico y los diferentes niveles en la zona de toma y de desagüe, incluyendo sondas de nivel, registradores, etc.
k) Obras civiles, cuando estén relacionadas con la actuación objeto de ayuda y aquellas que sean necesarias para la correcta ejecución del proyecto, tales como: la adecuación de accesos internos en la poligonal autorizada a un parque eólico. Asimismo, se consideran elegibles como obra civil las siguientes partidas: edificaciones necesarias para el proyecto, campas, excavaciones, zanjas y canalizaciones y tuberías asociados a la instalación de generación, o a los sistemas de integración de energía eléctrica, ayudas de albañilería, instalaciones auxiliares necesarias, viales de servidumbre interna de la instalación, adecuación de accesos internos y hasta la instalación, edificios de control, plataformas de montaje, instalaciones temporales, medidas de protección de hábitats, medidas de seguridad y salud, restauración y medidas medioambientales correctoras después de las obras. Adicionalmente, para la tecnología hidroeléctrica se considerarán elegibles las actuaciones en canales, tuberías forzadas, azudes o presas, obras de toma, aliviaderos y cualquier instalación hidráulica que integre la instalación completa, así como las obras de limpieza y drenajes aguas abajo de las salidas de compuertas.
l) Para el programa 2, el coste de las medidas de protección medioambiental, mejora de los hábitats, protección de los recursos hídricos e integración en el territorio de las instalaciones.
m) Para los programas 1 y 2, el coste del desmantelamiento de las instalaciones existentes asociadas que darán lugar a las nuevas instalaciones tras la repotenciación o renovación tecnológica y medioambiental.
n) Cimentaciones u otros sistemas de anclaje, si procede en la actuación objeto de ayuda.
o) Los costes de la redacción de los proyectos o memorias técnicas relacionados con la tipología de actuación objeto de ayuda.
p) Los costes de la dirección facultativa, incluida la emisión y visado de certificaciones de obra, relacionados con la tipología de actuación objeto de ayuda.
q) Coordinación de Seguridad y Salud de la obra y montaje relacionado con la tipología de actuación objeto de ayuda.
r) Los costes de gestión de la solicitud y de la justificación de la realización de las actuaciones de la ayuda, incluida la redacción de informes y demás documentación requerida para la solicitud y justificación, el/los informe(s) de autoevaluación del cumplimiento de no causar daño significativo al medio ambiente, inclusive. A estos efectos, se considerarán como costes de gestión de solicitud de la ayuda, aquellos gastos que el solicitante o destinatario último de la ayuda pudiera llevar a cabo él mismo o pudieran satisfacer a empresas o profesionales por llevar a cabo la gestión administrativa y documental de su solicitud y/o su justificación, así como los asociados a procesos de toma de decisiones y a la gestión de procesos participativos. Para que estos costes se puedan considerar elegibles deben reflejarse en el presupuesto incluido en la solicitud de ayuda y justificarse, junto con el resto de costes de ejecución del proyecto, mediante contrato, facturas y justificantes de pago. Los costes de gestión relacionados con la justificación podrán efectuarse durante el periodo concedido para presentar la documentación justificativa. Sólo serán elegibles los costes de gestión que no superen el 7 % del importe de los costes elegibles totales sin ser incluidos los costes presentados en este párrafo, con un límite máximo de 10.000 euros por expediente, en caso de que estos gastos sean satisfechos por empresas o profesionales distintos del solicitante o destinario último de la ayuda; añadiéndose a este límite un límite de 60 euros/hora ordinaria de trabajo en caso de que dichos costes sean satisfechos por el propio personal de la entidad solicitante o destinatario último de la ayuda.
s) Costes relativos al cumplimiento de las obligaciones del principio DNSH.
t) Costes de comunicación relativos al cumplimiento de las obligaciones de información y publicidad en el marco del NextGenerationEU y el PRTR, con un límite máximo de 3.000 euros por expediente.
u) Para el programa 3, aquellas partidas de inversión adicionales destinadas a la incorporación de instalaciones renovables para la cobertura de los autoconsumos eléctricos y térmicos asociados a los procesos productivos de las plantas de reciclaje de palas objeto de la actuación relacionada con la actuación.
6. Para que los gastos puedan ser considerados elegibles, deben cumplir los siguientes requisitos:
a) Cumplir la normativa local, autonómica, nacional y de la Unión Europea aplicable.
b) Deben estar relacionados de manera indubitada con la actividad objeto de la ayuda, ser necesarios para su ejecución y realizados en el plazo establecido en las bases reguladoras y/o en la convocatoria.
c) Ser reales y abonados efectivamente con anterioridad a la finalización del período de justificación establecido en las bases reguladoras y/o en la convocatoria. Cuando se utilicen medios de pago diferido (entre otros: cheque, pagaré, letra de cambio aceptada) sólo se subvencionarán aquellos importes efectivamente cargados en cuenta a través de entidad financiera con anterioridad a la finalización del plazo citado.
d) Debe existir constancia documental y ser verificables.
e) Para beneficiarios de naturaleza jurídica pública, responder a un contrato o contratos formalizados para llevar a cabo la actuación, de acuerdo a alguna de las tipologías previstas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, entre la entidad beneficiaria y la empresa o empresas que participen en la ejecución de las actuaciones, o a un encargo a un medio propio de las entidades o administraciones que realicen el proyecto.
7. No se considerarán costes elegibles los englobados en los siguientes conceptos:
a) Costes relativos a la ejecución de la actuación correspondiente que haya sido facturado con anterioridad a la fecha de registro en la sede electrónica del IDAE de la solicitud de ayuda, ni tampoco lo serán los costes fijos existentes, como el coste asociado a personal existente de la entidad beneficiaria.
b) Autorizaciones administrativas, licencias, permisos, coste de avales y/o fianzas, multas, tasas, impuestos o tributos.
c) Cualesquiera gastos asociados a gestiones, contrataciones, consultas o trámites administrativos, aun siendo necesarios para la obtención de permisos o licencias que no estén enumerados en el apartado 5 del artículo 9.
d) Coste de adquisición o arrendamiento de terrenos utilizados tanto para el proyecto de inversión como para las infraestructuras de evacuación.
e) Seguros suscritos por el solicitante.
f) La vigilancia y seguridad durante la ejecución de la obra hasta la fecha de puesta en marcha.
g) Cualesquiera costes financieros.
h) El Impuesto sobre el Valor Añadido o, en su caso, el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) soportado.
i) El Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación (IPSI) soportado, en su caso.
j) Los gastos propios, ya sean de personal, funcionamiento o gastos generales.
k) Visado de proyectos técnicos.
l) Adecuaciones, remodelaciones o ejecuciones de otras líneas eléctricas diferentes de las exclusivas para hacer viable la evacuación de la energía. Por tanto, sólo se consideran elegibles las líneas necesarias para unir la instalación de generación, o los sistemas de integración de energías renovables en red, con el punto de conexión de las citadas instalaciones y la línea de transporte o distribución, según lo establecido en el Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico.
m) Adecuación de los accesos en las carreteras públicas y caminos existentes hasta la instalación, cuando no fuesen necesarios directamente para la realización de la actuación.
8. Las actuaciones deberán cumplir con la normativa vigente que les sea de aplicación, así como contar con las preceptivas licencias, certificados y autorizaciones administrativas en el caso de que la actuación lo requiera.
9. A efectos de dar cumplimiento al artículo 6 del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, relativo al efecto incentivador de las ayudas, solo serán elegibles las adquisiciones y actuaciones cuya ejecución se inicie en fecha posterior a la fecha de registro en la sede electrónica del IDAE de la solicitud de ayuda.
El hito que marcará el inicio de los trabajos para las empresas y entidades públicas será la publicación de los pliegos de licitación y en el caso de empresas privadas, la fecha del primer compromiso en firme para el pedido de equipos u otro compromiso que haga irreversible la inversión.
Los trabajos preparatorios para la obtención de permisos y la realización de estudios previos de viabilidad no influirán en la determinación de la fecha de inicio de la ejecución del proyecto de inversión, pudiendo por tanto haberse realizado éstos antes de la fecha de registro en la sede electrónica del IDAE de la solicitud de ayuda.
10. En cada convocatoria se podrán ampliar los costes elegibles e incluir instrucciones u orientaciones detalladas que deberán ser tenidos en cuenta para la determinación de los mismos.
Artículo 10. Cuantía e intensidad de la ayuda y criterios para su determinación.
1. Las ayudas otorgadas al amparo del programa de incentivos objeto de esta orden se instrumentarán como una subvención.
2. A los efectos del cálculo de la ayuda, a cada tipología de actuación se le asignará un coste subvencionable máximo.
3. Dicha cuantía de la ayuda máxima otorgable será la suma de la Ayuda Base y la Ayuda Adicional que pudiera corresponder en cada caso, conforme se establece en los apartados siguientes y, en cualquier caso, dicho importe estará sometido a los límites que establezca la normativa comunitaria aplicable de ayudas de estado.
a. Ayuda base. Se establece como un porcentaje del coste subvencionable del proyecto y, en su caso, de la instalación de almacenamiento en los Programas 1 y 2.
b. Ayuda adicional. La ayuda base podría complementarse con una ayuda adicional, ante el cumplimiento de determinadas condiciones que se especificasen en las convocatorias.
4. La cuantía de la ayuda total estará, en cualquier caso, limitada por el importe máximo que resulte de la aplicación de la normativa comunitaria de ayudas de Estado, correspondiente a la tipología de actuación y al tipo de beneficiario. Sin perjuicio de otros límites establecidos en dicha normativa comunitaria, en estas bases reguladoras aplican los siguientes límites de ayuda:
a. La resolución de concesión de la ayuda especificará el importe de la ayuda total concedida, expresado en €, que no podrá superar el límite de 15 millones de euros por empresa y por proyecto, en virtud de lo establecido en el artículo 4 del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio 2014, aplicables a las actuaciones a las que se refieren estas bases reguladoras.
5. A continuación, se indican las intensidades de ayuda base máximas, en función del programa al que corresponda el proyecto, y siempre que las convocatorias no fijen porcentajes inferiores:
a. Programas 1 y 2: Hasta el 35 % del coste subvencionable del proyecto, calculado sin incluir la instalación de almacenamiento, y hasta el 40% del coste subvencionable de la instalación de almacenamiento, en ayudas concedidas a beneficiarios catalogados como «Gran Empresa». La intensidad de ayuda podrá incrementarse en 20 puntos porcentuales en el caso de las ayudas concedidas a «Pequeñas empresas» y en 10 puntos porcentuales si las ayudas van destinadas a «Medianas empresas».
b. Programa 3: Hasta el 30 % del coste subvencionable del proyecto en ayudas concedidas a beneficiarios catalogados como «Gran Empresa». La intensidad de ayuda podrá incrementarse en 20 puntos porcentuales en el caso de las ayudas concedidas a «Pequeñas empresas» y en 10 puntos porcentuales si las ayudas van destinadas a «Medianas empresas».
Ayuda adicional: La intensidad de ayuda base definida para los programas 1, 2 y 3 se podrá incrementar en 5 puntos porcentuales de ayuda adicional cuando la actuación se sitúe en islas y/o en municipios de hasta 5.000 habitantes, o municipios no urbanos de hasta 20.000 habitantes cuyos núcleos tengan una población menor o igual a 5.000 habitantes y/o en municipios incluidos en los Convenios de Transición Justa. La identificación del carácter no urbano un municipio, se determinará de acuerdo con el Atlas de Áreas Urbanas del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. A efectos de determinar la cifra de habitantes de los municipios, será de aplicación el Real Decreto 1065/2021, de 30 de noviembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del padrón municipal referidas al 1 de enero de 2021. Serán subvencionables también aquellos municipios que pudieran cumplir las cifras de población establecidas en este apartado en las sucesivas revisiones de ambas fuentes oficiales. En cuanto a los municipios incluidos en los Convenios de Transición Justa será de aplicación la lista publicada en la página web del IDAE.
En ningún caso podrán superarse los límites de intensidad de ayuda establecidos en los artículos 41 - para las actuaciones de los programas 1 y 2 - y 47 – para las actuaciones del programa 3 - del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio.
A efectos del cálculo de la cuantía de la ayuda y del coste subvencionable del proyecto, todas las cifras empleadas se entenderán antes de cualquier deducción fiscal u otras cargas.
Para la determinación del coste subvencionable del proyecto se tendrá en cuenta lo establecido en los artículos 9 y 10, así como lo estipulado en el Reglamento 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio.
El importe de las ayudas a conceder se determinará en la convocatoria, de acuerdo a las intensidades y límites establecidos, en su caso, por el Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión de 17 de junio.
6. El criterio económico o «Reducción sobre la ayuda máxima» establecido en el anexo I de estas bases reguladoras, así como en la convocatoria correspondiente, permite obtener una mayor puntuación al solicitar una ayuda inferior a la ayuda máxima calculada para el proyecto. Por ello, se podrán solicitar ayudas inferiores a las máximas aplicables a cada actuación, este concepto se denomina ayuda solicitada, la cual deberá ser inferior a la ayuda máxima correspondiente a cada programa, calculada de acuerdo a la metodología establecida en este apartado y en cada convocatoria, considerando igualmente las posibles variaciones, en su caso, en función del tipo de empresa y emplazamiento del proyecto.
7. Para calcular la ayuda máxima en cada uno de los programas, se multiplicará la intensidad de ayuda máxima correspondiente por el coste subvencionable del proyecto.
8. Las convocatorias podrán fijar un límite máximo de ayuda por proyecto y tipo de beneficiario que pudiese ser más restrictivo que el límite fijado en este mismo artículo, así como una inversión mínima por proyecto, y asignar un presupuesto máximo o un coste subvencionable máximo por tipología de actuación. Asimismo, las convocatorias podrán fijar los tipos o áreas de actuación y/o beneficiarios objeto de las mismas, así como, en su caso, el reparto presupuestario por Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo establecido por esta orden.
9. La convocatoria definirá, conforme a lo regulado en este artículo, el método a aplicar para el cálculo de las ayudas y, en su caso, las intensidades de ayuda a aplicar.
10. Se autoriza la convocatoria de ayudas amparadas en las bases reguladoras aprobadas por esta orden cuyo gasto sea imputable a ejercicios posteriores a aquél en que recaiga la resolución de concesión, de acuerdo con lo establecido en el artículo 57 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Artículo 11. Régimen de financiación.
1. Los fondos destinados a la financiación de las ayudas reguladas por esta orden se realizan con cargo a los fondos del IDAE previa transferencia tanto desde las respectivas aplicaciones presupuestarias al IDAE para la promoción de energías renovables, eficiencia energética y movilidad sostenible (en adelante, «Presupuesto C7») como, en su caso, para el despliegue del almacenamiento energético (en adelante, «Presupuesto C8»), ambos con fondos provenientes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, con las partidas presupuestarias y presupuestos asignados que se concretarán en las correspondientes convocatorias. Los presupuestos correspondientes podrán ser ampliados siempre que exista disponibilidad de fondos y no hubiera expirado el plazo de vigencia de las bases reguladoras aprobadas por esta orden. La citada ampliación de fondos podrá tener origen en partidas presupuestarias de presupuestos generales del estado de futuros ejercicios, siempre que se transfieran al IDAE o se le encomiende su gestión directa.
2. Las ayudas serán financiadas con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, dado que los programas de incentivos aprobados por esta orden han resultado incluidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia aprobado por las instituciones europeas competentes.
A estos efectos, se reconoce la plena aplicación de los mecanismos de gestión y control aplicables a la ejecución tanto del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia como del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como las específicas relativas a la información y publicidad, criterios de selección de operaciones, etc., cuya aplicación sea de obligado cumplimiento.
3. De acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en las convocatorias correspondientes se establecerá cuantía total máxima de las subvenciones convocadas dentro de los créditos disponibles o, en su defecto, la cuantía estimada de las subvenciones, sin perjuicio, en su caso, de lo establecido en los apartados 2 y 3 del artículo 57 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Tanto la concesión como la cuantía de las ayudas estarán supeditadas a la disponibilidad del crédito correspondiente.
4. Cada Convocatoria definirá el origen de fondos del presupuesto consignado para cada programa (provenientes de «Presupuesto C7» y/o «Presupuesto C8»).
Artículo 12. Subcontratación.
1. Podrán subcontratarse las actuaciones objeto de las ayudas respetando los requisitos y prohibiciones establecidos en el artículo 29 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones y en el artículo 68 de su reglamento de desarrollo.
2. Se podrá subcontratar con terceros hasta el 100% de la actividad incentivada, en conformidad con el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. En caso de subcontratar parte o toda la actividad subvencionada, el beneficiario/a habrá de prever mecanismos para asegurar que los subcontratistas cumplan con el principio «no causar perjuicio significativo» y con el resto de condiciones establecidas en las bases y en la normativa general de subvenciones.
3. Los subcontratistas quedarán obligados solo ante la entidad beneficiaria, que asumirá la total responsabilidad de la ejecución de la actuación subvencionada frente a la Administración.
4. La entidad beneficiaria deberá, en todo caso, informar sobre los contratistas y subcontratistas al órgano concedente de la subvención, cuya información deberá estar disponible, conforme al artículo 10 de la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre.
CAPÍTULO II
Procedimiento de gestión y concesión de las subvenciones
Artículo 13. Formalización y presentación de solicitudes.
1. El plazo y forma para la presentación de las solicitudes y su documentación será definido en la convocatoria correspondiente.
2. El plazo de presentación de solicitudes y de la documentación correspondiente no podrá ser inferior a veinte días ni superior a tres meses desde la fecha de publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». Las fechas de finalización del plazo de presentación de solicitudes se señalarán en la convocatoria.
3. Las solicitudes presentadas fuera del plazo establecido darán lugar a su inadmisión.
4. Las solicitudes para la obtención de las ayudas se dirigirán al órgano instructor, y estarán disponibles para su cumplimentación y presentación en la sede electrónica del IDAE (https://sede.idae.gob.es), donde se dispondrán los medios electrónicos de ayuda necesarios.
Los beneficiarios que opten a las ayudas reguladas por esta orden deberán adjuntar, junto con la solicitud correspondiente, una memoria del proyecto, conforme al contenido que se especificará en la convocatoria correspondiente.
El formulario de solicitud, la memoria y documentación a aportar con la misma, deberán presentarse en castellano, excepto la documentación de carácter oficial que pueda ser expedida por una Administración pública en relación con las tramitaciones que le competan, que podrá figurar en cualquiera de las lenguas cooficiales del Estado en el ámbito territorial de ejercicio de sus competencias.
Para formular la solicitud, además de completar el correspondiente formulario con los datos requeridos, se deberá aportar, a través de la sede electrónica, como mínimo, la siguiente documentación:
I. Para todos los programas
a) En función del tipo de beneficiario:
a.1) Para personas jurídicas públicas:
Deberán aportar copia del Certificado acreditativo de la resolución o acuerdo del órgano de gobierno o de representación competente de la entidad solicitante en el que, de forma expresa, se aprueben:
1.º La participación y aceptación expresa del procedimiento regulado por esta orden.
2.º El compromiso para dotar presupuestariamente el proyecto asociado a la actuación de la solicitud (en las anualidades correspondientes, si fuera el caso). Dicho compromiso podrá condicionarse a la obtención de la resolución de concesión de ayuda, así como del anticipo o pago a cuenta que sobre la misma pueda concederse.
a.2) Para personas jurídicas privadas, incluidos consorcios o agrupaciones empresariales con personalidad jurídica propia:
Deberán aportar copia de las escrituras de constitución y estatutos vigentes; el certificado de inscripción en el Registro Mercantil o el registro público que corresponda; la inscripción en el censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores; así como el poder de representación del firmante de la proposición.
b) Formulario de Solicitud de ayuda: Generado desde los medios electrónicos especificados en la convocatoria correspondiente. Tras cubrir todos los campos obligatorios del formulario será firmado electrónicamente por el solicitante.
c) Memoria del proyecto, que deberá ajustarse al contenido mínimo que, en su caso, se establezca en la correspondiente convocatoria para cada uno de los programas, de acuerdo con el formato y modelo del documento disponible en la página web del IDAE, www.idae.es. La memoria deberá de estar firmada, fechada y referenciada por técnico titulado competente.
d) En su caso y si se dispone de ella, de acuerdo a la convocatoria correspondiente y al programa, informe favorable para la Declaración de Impacto Ambiental o figura ambiental equivalente del proyecto, o documento administrativo que lo exima de tal trámite medioambiental emitido por el organismo oficial competente. Para que los documentos nombrados anteriormente sean válidos, será condición necesaria que estén vigentes en el momento de la presentación de la solicitud.
e) Otros elementos que se definan en la convocatoria de la ayuda.
f) Tarjeta de identificación fiscal donde conste el NIF de la persona jurídica, así como el NIF o NIE de su representante. No será necesaria su aportación si el interesado presta su consentimiento expreso para que sus datos de identidad personal puedan ser consultados por el órgano instructor mediante el Sistema de Verificación de Datos de Identidad que cada comunidad autónoma y ciudad de Ceuta y Melilla pudiera tener establecido. No obstante, conforme a lo establecido por el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, se eximirá a los interesados de la presentación de documentación que haya sido elaborada por cualquier Administración, o que haya sido ya aportada anteriormente por los mismos, siempre que el interesado no se oponga a que la administración actuante pueda consultar o recabar dichos documentos.
Por su parte, la disposición adicional octava de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales reconoce la potestad de verificación de las administraciones públicas, en relación con los datos personales que obren en su poder, para comprobar la exactitud de los mismos.
En el caso de que la solicitud se presente a través de un representante, el firmante de la solicitud de la ayuda deberá estar debidamente acreditado en los términos legalmente establecidos.
g) Documentación acreditativa de las facultades de representación de la persona que formule la solicitud de ayuda como representante de las mismas, debidamente inscrita, en su caso, en los registros públicos correspondientes. La intervención por medio de representante de las entidades solicitantes o beneficiarias de las ayudas exige la acreditación de la representación necesaria para cada actuación, en los términos establecidos en el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
h) Para las empresas: Tarjeta de identificación fiscal (NIF).
i) Cuando el beneficiario sea una comunidad de energías renovables con personalidad jurídica propia, deberá acreditar su condición aportando la siguiente documentación adicional:
i. NIF de la entidad jurídica que gestione la comunidad. Dicha entidad será la considerada como beneficiaria de la ayuda.
ii. Domicilio social de la entidad.
iii. Composición, estructura y régimen de funcionamiento y acuerdos de los órganos de gobierno de la entidad, para acreditar que todos los socios o miembros son personas físicas, pymes o autoridades locales, incluidos los municipios. Adicionalmente se aportará la declaración responsable incluida la correspondiente convocatoria acreditando el cumplimiento de los requisitos necesarios para adquirir la condición de proyecto de comunidad de energías renovables o comunidades ciudadanas de energía.
iv. Para acreditar que la comunidad está efectivamente controlada por socios o miembros que están situados en las proximidades de los proyectos, se presentará el certificado de empadronamiento para la persona física situada a mayor distancia de la dirección del proyecto presentado y/o tarjeta NIF donde conste la dirección social para las pymes socios o miembros de la misma. Se deberán situar sobre un mapa todas las ubicaciones mencionadas en este punto, debiendo quedar todas ellas circunscritas dentro de una circunferencia de radio inferior o igual a veinticinco kilómetros con centro en la dirección del proyecto presentado.
v. Para acreditar que su finalidad primordial sea proporcionar beneficios medioambientales, económicos o sociales, deberán aportar copia de los estatutos donde quede debidamente justificado el cumplimiento de este requisito.
j) Cuando el beneficiario no sea una comunidad de energías renovables, pero sí conforme asociaciones con personalidad jurídica propia o incluya mecanismos que faciliten su desarrollo, así como la gestión de la demanda y participación ciudadana, o comunidades ciudadanas de energía, éste deberá acreditar su condición aportando la siguiente documentación adicional:
i. NIF de la entidad jurídica que gestione la comunidad. Dicha entidad será la considerada como beneficiaria de la ayuda.
ii. Domicilio social de la entidad.
iii. Composición, estructura y régimen de funcionamiento y acuerdos de los órganos de gobierno de la entidad, para acreditar que el control efectivo de la entidad lo ejercen socios o miembros que sean personas físicas, pymes o autoridades locales, incluidos los municipios, cuando se trate de comunidades ciudadanas de energía. Adicionalmente se aportará la declaración responsable incluida la correspondiente convocatoria acreditando el cumplimiento de los requisitos necesarios para adquirir la condición de proyecto de comunidad de energías renovables o comunidades ciudadanas de energía.
iv. Para acreditar que su finalidad primordial sea proporcionar beneficios medioambientales, económicos o sociales, deberán aportar copia de los estatutos donde quede debidamente justificado el cumplimiento de este requisito.
k) Documentación acreditativa de encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, que se sustituirá por la autorización expresa a la consulta telemática a los organismos competentes por parte del órgano concedente. En caso de no otorgarse dicha autorización, los beneficiarios deberán de aportar los certificados correspondientes. Cuando no estén habilitados los medios técnicos necesarios para realizar dichas consultas, el órgano concedente requerirá al beneficiario la presentación de los correspondientes certificados emitidos por la Hacienda estatal o autonómica, según proceda, y por la Seguridad Social, justificativos del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social conforme a lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
l) Declaración responsable, según modelo establecido en la correspondiente convocatoria, que acredite el cumplimiento de los requisitos generales necesarios establecidos para adquirir la condición de beneficiario. Y declaración responsable de aceptación de las bases y de la convocatoria, según el modelo establecido en la convocatoria correspondiente.
m) Declaración responsable de cesión y tratamiento de datos en relación con la ejecución de actuaciones del plan de recuperación, transformación y resiliencia (PRTR), según el modelo incluido en la correspondiente convocatoria.
n) Declaración responsable de compromiso en relación con la ejecución de actuaciones del plan de recuperación, transformación y resiliencia (PRTR), según el modelo del incluido en la correspondiente convocatoria.
o) Cuestionario de autoevaluación, con resultado favorable, del cumplimiento del principio de «no causar un perjuicio significativo» al medio ambiente en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), conforme al anexo de la Guía para el diseño y desarrollo de actuaciones acordes con el principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente, debidamente cumplimentado. La evaluación podrá ser realizada por el interesado o por una entidad independiente. El formulario está disponible en la web del MITECO, «https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/recuperacion-transformacion-resiliencia/transicion-verde/guiadnshmitecov20_tcm30-528436.pdf» y se facilitará en la sede electrónica del IDAE.
En el caso de los programas 1 y 2 que incluyan almacenamiento, se deberán entregar dos cuestionarios de autoevaluación, uno referente al sistema de generación y otro referente al sistema de almacenamiento.
p) Aquellos solicitantes que, de acuerdo con los requisitos de concesión de la ayuda, deban de adoptar medidas para evitar conflictos de interés, según lo indicado en el artículo 7, deberán aportar una declaración de ausencia de conflicto de intereses (DACI), conforme al modelo incluido en la correspondiente convocatoria.
q) En su caso, resguardo de constitución de garantía de ejecución del proyecto ante la Caja General de Depósitos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24 de la presente orden.
II. Para las solicitudes con tipo de actuación dentro del programa 1 se deberá añadir la siguiente documentación adicional
r) La autorización de explotación definitiva de la instalación existente a repotenciar. En caso de no presentar la autorización de explotación definitiva, se entenderá como documento igualmente válido otra documentación justificativa con indicación del año en el que la instalación de generación existente comenzó su operación ya sea la puesta en marcha definitiva o provisional.
El número de años entre la fecha del documento mencionado en el párrafo anterior y la fecha límite para la realización de las actuaciones que estipule la convocatoria correspondiente, debe ser igual o superior a veinte años.
s) Informe justificativo firmado, incluyendo el compromiso explícito en cuanto a la realización de buenas prácticas relacionadas con la «Estrategia Española de Economía Circular (España Circular 2030)» en relación con los activos que se desmantelen, con especial atención a la utilización de criterios de economía circular con las palas y otros componentes del aerogenerador que utilicen materiales compuestos.
t) Si se dispone de ella, copia del acuerdo previo favorable de autorización en materia de servidumbres aeronáuticas de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) o del Ministerio de Defensa, en su caso, para la nueva instalación resultante tras la repotenciación.
u) Si se dispone de ella, autorización administrativa previa del proyecto, que haya sido aprobada por la administración correspondiente.
III. Para las solicitudes con tipo de actuación dentro del programa 2 se deberá añadir la siguiente documentación adicional
v) La autorización de explotación definitiva de la instalación existente a renovar. En caso de no presentar la autorización de explotación definitiva, se entenderá como documento igualmente válido otra documentación justificativa con indicación del año en el que la instalación de generación existente comenzó su operación ya sea la puesta en marcha definitiva o provisional.
w) Inscripción definitiva en el Registro Administrativo de Instalaciones de Producción de Energía Eléctrica o documento equivalente del organismo competente en materia de industria y energía donde figure la potencia total autorizada de la instalación de generación.
x) Concesión administrativa de aguas y certificado de inscripción de la concesión en el Registro de Aguas del Organismo de Cuenca.
y) Si se dispone de él, justificante de registro oficial de entrada de la solicitud de la autorización administrativa previa o aprobación de las actuaciones a realizar, dirigida al organismo competente que corresponda; o documento administrativo eximente.
IV. Para las solicitudes con tipo de actuación dentro del programa 3 se deberá añadir la siguiente documentación adicional
z) Si se dispone de ello, Informe del Gobierno autonómico donde se realice la actuación, indicando la adecuación de la misma a las prioridades de su política autonómica, según modelo facilitado en sede electrónica de IDAE (https://sede.idae.gob.es ).
aa) Si se dispone de ello, documentación administrativa disponible del proyecto, que haya sido aprobada por la administración correspondiente, como la autorización administrativa previa y/o, en su caso, la documentación urbanística correspondiente vinculada al inicio de la ejecución de las instalaciones, como la licencia de obras o documento equivalente.
5. La convocatoria correspondiente podrá requerir la aportación de documentación adicional o ser más exigente con alguno de los requisitos para la documentación ya referida en este artículo, ya sea para todos los programas o para alguno en concreto.
6. Tal y como se establece en el artículo 15, la documentación requerida en este artículo se presentará exclusivamente por vía electrónica.
7. Por tratarse de procedimientos de concesión en régimen de concurrencia competitiva y, como tales, iniciados de oficio, no se admitirán las mejoras voluntarias de la solicitud. No obstante, el órgano instructor podrá requerir aclaraciones sobre aspectos de la solicitud que no supongan reformulación ni mejora de esta.
8. Si la documentación presentada junto con la solicitud no reúne los requisitos exigidos, el órgano instructor requerirá al interesado para que, en el plazo de diez (10) días hábiles desde el siguiente al de recepción del requerimiento, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con advertencia de que, si no lo hiciese, se le tendrá por desistido de su solicitud, mediante resolución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. En particular, en referencia a la casuística mencionada en el artículo 5.10, si una misma actuación se presentase a más de un programa, se le requerirá al interesado que seleccione únicamente uno de ellos, para su subsanación.
Artículo 14. Convocatoria de las ayudas e inicio del procedimiento.
1. Las ayudas reguladas en esta orden se articularán a través de las convocatorias que se aprueben, mediante resolución del órgano competente conforme establece el artículo 10 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2. Las convocatorias detallarán, como mínimo el contenido previsto en el artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
3. Las convocatorias se aprobarán por el IDAE, mediante resolución de su Consejo de Administración, de conformidad con lo establecido en el artículo 23.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en los apartados 6 y 7 del Estatuto del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), aprobado por Real Decreto 18/2014, de 17 de enero, en relación con lo dispuesto en la disposición adicional vigésima sexta de la Ley General de Subvenciones. Dichas convocatorias serán publicadas en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS). Un extracto de las mismas será publicado en el «Boletín Oficial del Estado».
Artículo 15. Tramitación electrónica del procedimiento y representación.
1. De acuerdo con lo establecido en los artículos 14.2, 14.3 y 41.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, para las personas jurídicas y resto de sujetos contemplados en el artículo 6, que tengan la consideración de beneficiarios, la tramitación electrónica del procedimiento será obligatoria en todas sus fases y tramitación. Las solicitudes, comunicaciones y demás documentación exigible relativa a las actuaciones objeto de ayuda serán presentadas a través del correspondiente sistema telemático alojado en el portal de ayudas de la sede electrónica de IDAE (https://sede.idae.gob.es/), en el que también se contendrá la información necesaria para la cumplimentación de la solicitud y tramitación del expediente.
Las notificaciones a los interesados se realizarán mediante comparecencia en dicho portal de la sede electrónica del IDAE, en los términos recogidos en el artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
2. El solicitante y el representante, en su caso, podrán acceder a sus expedientes y a las comunicaciones electrónicas asociadas, mediante certificado de persona física o con DNI electrónico. En el enlace correspondiente habilitado podrán consultar los documentos presentados y el estado de tramitación del expediente.
La presentación de la solicitud con firma electrónica conllevará la conformidad del solicitante para recibir todas las comunicaciones y notificaciones de la tramitación del expediente electrónico a través de dicho registro electrónico accesible por medio de la sede electrónica del IDAE. Adicionalmente a la puesta a disposición del interesado de las comunicaciones y notificaciones a través de la sede electrónica, existe un sistema complementario de alertas por medio de correo electrónico, de carácter meramente informativo, por lo que carece de efectos jurídicos respecto a su contenido y fecha de realización.
En esta misma sede electrónica, los interesados, tras identificarse electrónicamente de forma segura, podrán consultar los actos del procedimiento que les sean notificados y efectuar la presentación de la documentación adicional que pudiera ser requerida por el órgano actuante.
3. Sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas, se publicarán en la sede electrónica del IDAE las propuestas de resolución, las resoluciones de concesión y sus posibles modificaciones y demás actos del procedimiento.
4. En aquellos casos en los que tuviera lugar un procedimiento de reintegro, las notificaciones relacionadas con dicho procedimiento se realizarán bajo la modalidad de notificación por comparecencia electrónica.
5. Los formularios, las declaraciones responsables y los demás documentos electrónicos a cumplimentar en las diferentes fases del procedimiento, estarán disponibles en el mencionado portal de ayudas de la sede electrónica del IDAE y deberán ser obligatoriamente utilizados cuando proceda.
6. En aquellas fases del procedimiento en las que en aras de la simplificación administrativa se permita la presentación de declaraciones responsables en lugar de determinada documentación, dichas declaraciones deberán presentarse en formato electrónico firmado electrónicamente por el declarante.
Artículo 16. Valoración y selección de las solicitudes.
1. La valoración y selección de las solicitudes se realizará en régimen de concurrencia competitiva a partir de la documentación aportada por la entidad solicitante en la fase de presentación de solicitudes.
Como parte de la instrucción del procedimiento, las convocatorias incluirán una fase de preevaluación siguiendo lo establecido en el segundo párrafo del artículo 24.3.b) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en la que el órgano instructor verificará el cumplimiento de las condiciones impuestas para adquirir la condición de entidad beneficiaria de la subvención y si el proyecto se adecúa a los objetivos de la convocatoria.
En todo caso, tal fase sólo podrá afectar a aquellos requisitos cuya concurrencia no requiera de ninguna valoración científica, técnica, o social.
2. Una vez analizadas todas las solicitudes, así como las posibles subsanaciones presentadas en plazo, y, en su caso, finalizada la fase de preevaluación, se procederá a la evaluación de las solicitudes conforme a los criterios excluyentes y de valoración establecidos en la convocatoria correspondiente, de acuerdo con lo contemplado en el Anexo I de estas bases reguladoras.
3. Durante todo el proceso de clasificación y selección de las solicitudes, la suma de «Presupuesto C8» para los Programas 1 y 2 únicamente podrá utilizarse para la parte de las ayudas asignadas a la instalación de almacenamiento asociada a cada actuación.
Por su parte, la suma de «Presupuesto C7» para los Programas 1, 2 y 3 únicamente podrá utilizarse para la parte de las ayudas asignadas a las instalaciones de generación de las actuaciones de los Programas 1 y 2 y a las instalaciones de reciclaje asociadas a las actuaciones del Programa 3.
4. La metodología para la «clasificación y selección de las solicitudes» para la asignación presupuestaria de las ayudas es la siguiente:
a) A efectos de aplicación de esta metodología para clasificar y seleccionar las solicitudes de los programas 1 y 2 que incluyan almacenamiento y del cumplimiento de lo indicado en el apartado 3 de este artículo, la ayuda máxima, o, en su caso, la ayuda solicitada a la que se refiere el artículo 10 -incluyendo tanto la ayuda base como la ayuda adicional, en su caso-, con objeto de asignar una parte de la ayuda al sistema de generación y otra parte al sistema de almacenamiento, será prorrateada utilizando los costes subvencionables unitarios máximos correspondientes que se definan en cada convocatoria.
b) Para la selección de las solicitudes, se establecerá un orden de prelación, de mayor a menor puntuación, por cada programa, con su correspondiente presupuesto y origen de fondos (provenientes de «Presupuesto C7» y «Presupuesto C8», en su caso) consignados en la convocatoria. Descartando aquellas en las que concurra alguno de los criterios excluyentes establecidos en el Anexo I y en la convocatoria correspondiente. Las convocatorias podrán añadir criterios excluyentes. Esto resultará en la creación de tres listas, una para cada programa.
c) A igualdad de puntuación, tendrá prioridad la solicitud con mayor puntuación en el criterio económico. Si el empate se mantiene, las solicitudes con el mismo valor se ordenarán en función de la fecha, hora y minuto de presentación de la solicitud, dándose prioridad a la solicitud realizada con mayor proximidad a la fecha de inicio de presentación de solicitudes de cada convocatoria.
d) Se eliminarán de las listas las solicitudes que no lleguen al mínimo de puntuación establecido, en su caso, para ser elegibles según el anexo I y la puntuación mínima que pueda establecerse en las convocatorias.
e) En una primera ronda, en cada programa se irán asignando ayudas provenientes del «Presupuesto C7» y, en su caso, del «Presupuesto C8» a las solicitudes de cada una de las listas siguiendo el orden de prelación, bien hasta agotar los presupuestos establecidos para cada programa, bien hasta que no resten solicitudes sin ayuda asignada. A la solicitud cuya asignación de ayuda agotase alguno de los «Presupuesto C7» o «Presupuesto C8», se le asignará el presupuesto restante correspondiente, lo que podría dar lugar a asignaciones parciales de la ayuda solicitada en esta primera ronda.
f) Tras finalizar este proceso, en una segunda ronda, tanto las solicitudes a las que no se haya asignado la ayuda como a aquellas a las que se les haya asignado ayuda parcialmente; así como la suma, por separado, de los presupuestos «Presupuesto C7» y «Presupuesto C8», en su caso, no asignados en primera ronda en cada programa –en adelante, «Excedente Presupuestos C7» y «Excedente Presupuestos C8», respectivamente–, constituirán una única lista y la asignación de las ayudas en la misma se realizará por orden de prelación, en sentido descendente de puntuación. La puntuación será la misma que fue asignada al principio del proceso de evaluación. A la solicitud cuya asignación de ayuda agotase el «Excedente Presupuesto C7» o el «Excedente Presupuesto C8», se le asignará el presupuesto restante correspondiente, lo que podría dar lugar a asignaciones parciales de la ayuda solicitada en esta segunda ronda.
Artículo 17. Órganos competentes para convocar, instruir y resolver el procedimiento de concesión y órgano responsable del seguimiento.
1. El IDAE será el órgano concedente, y por ello será competente para convocar, instruir y resolver las ayudas reguladas en esta orden.
Las convocatorias correspondientes se aprobarán mediante resolución del Consejo de Administración del IDAE, de conformidad con lo previsto en el artículo 14.3.
La instrucción y ordenación del expediente se realizará por la persona titular de la Dirección General del IDAE, actuando como órgano instructor.
2. La persona titular de la presidencia del IDAE resolverá y notificará el procedimiento de conformidad con lo previsto en los artículos 10 y 25 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, previa resolución que dicte el Consejo de Administración de conformidad con lo establecido en el artículo 7.6 del Estatuto de IDAE, aprobado por Real Decreto 18/2014, de 17 de enero.
3. El órgano responsable de la instrucción de los procedimientos de concesión, podrá asistirse de departamentos o áreas especializados para las labores de gestión y notificación a los interesados. Asimismo, se podrán utilizar para la gestión plataformas informáticas específicas, que serán accesibles a través de la sede electrónica del órgano concedente.
4. Será competente para valorar las ayudas, en los términos previstos en el artículo 22.1 de la Ley 38/2003, como órgano colegiado, una Comisión Técnica de Valoración integrada por:
a) La persona titular de la Dirección de Energías Renovables y Mercado Eléctrico del IDAE, que actuará como Presidente.
Vocales:
b) La persona titular de la jefatura del departamento de Eólica y Energías del Mar y/o del departamento de Hidroeléctrica, Geotermia y Energía Ambiente del IDAE.
c) Un representante designado por la Secretaría de Estado de Energía.
d) Un representante de la Dirección General del Agua, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente.
e) Un representante de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente.
f) La persona titular de la jefatura o un representante del departamento de Eólica y Energías del Mar o del departamento de Hidroeléctrica, Geotermia y Energía Ambiente del IDAE, que actuará como Secretario con voz, pero sin voto.
En casos de ausencia o de enfermedad y, en general, cuando concurra alguna causa justificada, cualquiera de los miembros titulares de la Comisión Técnica de Valoración podrá ser sustituido por suplentes que designe la persona titular de la Dirección General del IDAE, a propuesta de la persona titular del órgano o dirección al que pertenezcan.
Asimismo, podrán asistir a las reuniones de dicha Comisión, con voz, pero sin voto, todas aquellas personas que sean convocadas por su Presidente, en calidad de expertos en las materias incluidas en el orden del día.
La pertenencia y/o asistencia a la Comisión Técnica de Valoración no conlleva derecho a la percepción de ninguna retribución.
El funcionamiento de esta Comisión será atendido, en todo caso, con los medios personales, técnicos y presupuestarios del IDAE.
Artículo 18. Propuesta de resolución provisional y definitiva.
1. El órgano instructor, a la vista del expediente, y de la correspondiente propuesta que le eleve la Comisión Técnica de Valoración, una vez realizada la fase de valoración de las solicitudes siguiendo el procedimiento del artículo 16.2 y clasificación y selección de las solicitudes para la asignación presupuestaria del artículo 16.4, formulará la propuesta de resolución provisional de concesión de ayudas, debidamente motivada que deberá notificarse a los interesados conforme a lo establecido en esta orden.
2. La propuesta de resolución provisional se notificará a los interesados mediante su publicación en la sede electrónica del IDAE. Surtiendo dicha publicación los efectos de la notificación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Esta propuesta de resolución provisional no genera derecho alguno a favor del beneficiario frente a la Administración.
3. En el plazo de diez (10) días hábiles a contar desde el siguiente al de publicación de la propuesta de resolución provisional, las entidades solicitantes podrán formular las alegaciones que estimen convenientes ante el IDAE, a través de la sede electrónica del órgano concedente o el medio alternativo que pueda fijarse en la convocatoria.
4. Examinadas las alegaciones, en caso necesario, realizando de nuevo el procedimiento de clasificación y selección de las solicitudes de acuerdo con el artículo 16.4 de estas bases, y de acuerdo con el apartado 4 del artículo 24 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, el órgano instructor formulará la propuesta de resolución definitiva que será notificada a los interesados mediante su publicación en la sede electrónica del órgano concedente, o el medio alternativo que pueda fijarse en la convocatoria, para que en el plazo de diez (10) días hábiles contados a partir del siguiente al de su notificación, tanto las entidades adjudicatarias propuestas como aquellas que figuren en la lista de espera, definida en el siguiente apartado, comuniquen su aceptación, entendiéndose que desisten de su solicitud de no producirse contestación en dicho plazo. En el caso de las solicitudes en lista de espera con ayuda parcial asignada, la comunicación de aceptación se referirá al importe de tal ayuda parcial. Para las solicitudes en lista de espera sin ninguna ayuda asignada, la comunicación de aceptación se referirá al caso de que resultasen adjudicatarias en la resolución definitiva, por el desistimiento o renuncia de otras solicitudes.
5. La propuesta de resolución definitiva podrá incluir una lista de espera, que será una relación ordenada -con indicación del programa que le aplica a cada solicitud y de la puntuación otorgada a cada una de ellas en función de los criterios de valoración previstos en la orden de bases- de todas las solicitudes que, cumpliendo con las condiciones administrativas y técnicas establecidas en esta orden para adquirir la condición de beneficiario, no hayan sido propuestas como adjudicatarias y, en su caso, de aquellas que, aun habiendo sido propuestas, se les haya asignado ayuda de manera parcial respecto a la solicitada.
En el caso de desistimiento o renuncia a la subvención por alguna o algunas de las solicitudes propuestas como adjudicatarias en la propuesta de resolución definitiva, el órgano concedente acordará, sin necesidad de una nueva convocatoria, la inclusión en su caso como adjudicatarias, en la resolución definitiva, de solicitudes admitidas que no habían resultado propuestas como adjudicatarias, lo que tendría lugar en función del programa o programas correspondientes a las solicitudes en lista de espera y de la disposición de fondos relativos a los «Presupuesto C7» y «Presupuesto C8» de cada programa, siguiendo la siguiente metodología:
Para cada solicitud, el «Presupuesto C7» únicamente podrá asignarse a la parte de la ayuda prorrateada correspondiente al sistema de generación o a las instalaciones de reciclaje, mientras que el «Presupuesto C8» únicamente podrá asignarse a la parte de la ayuda prorrateada correspondiente al sistema de almacenamiento.
El órgano concedente acordará la concesión de la subvención a las solicitudes no propuestas como adjudicatarias y/o, en su caso, completará o complementará la parte de la ayuda asignada parcialmente a las solicitudes propuestas; a la entidad o entidades solicitantes en el mismo programa 1, 2 o 3 de la que desistió o renunció, en orden de prelación, de mayor a menor puntuación, siempre y cuando con el desistimiento o la renuncia por parte de alguna o algunas de las solicitudes propuestas como adjudicatarias, se haya liberado crédito suficiente bien en el «Presupuesto C7» y/o, en su caso, en el «Presupuesto C8». Posteriormente, en el caso de que existan todavía «Presupuesto C7» o «Presupuesto C8» sobrantes, tales presupuestos podrán destinarse, de la misma manera, a la concesión de la subvención o, en su caso, complemento de la ayuda correspondiente, de la solicitud y/o solicitudes siguientes en la lista de espera de los otros programas distintos del de la que desistió o renunció, teniendo lugar en esa circunstancia en orden de prelación, de mayor a menor puntuación. En la aplicación de esta metodología, a aquellas solicitudes incluidas en la lista de espera que no hubiesen sido propuestas como adjudicatarias en la propuesta de resolución definitiva, sólo se les podrá asignar ayuda parcial siempre y cuando el importe de tal ayuda parcial a asignar sea igual o superior al 50% de la ayuda solicitada.
Únicamente a aquella o aquellas solicitudes incluidas en la lista de espera, que no hubiesen sido propuestas como adjudicatarias en la propuesta de resolución definitiva y que, durante el proceso descrito en este apartado, se les hubiesen asignado ayudas parciales por presupuestos «C7» y «C8» liberados, pero insuficientes para cubrir la totalidad de la ayuda correspondiente a sus solicitudes, el Órgano Instructor ofrecerá un plazo extraordinario de diez (10) días hábiles, para aceptar una propuesta de esta asignación parcial manteniendo su compromiso a la ejecución por la totalidad de la actuación objeto de solicitud, entendiéndose que desisten de su solicitud de no producirse contestación en dicho plazo.
6. De acuerdo con el artículo 24.6 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor del beneficiario propuesto, mientras no se le haya notificado la resolución definitiva de concesión.
Artículo 19. Resolución definitiva.
1. El órgano concedente resolverá el procedimiento, adoptando la resolución de acuerdo con lo previsto en el artículo 25 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2. La resolución, además de contener la entidad solicitante o relación de entidades solicitantes a las que se concede la subvención, hará constar, en su caso, de manera expresa, la desestimación del resto de las solicitudes. Asimismo, en la resolución se hará constar cualquier información adicional que la correspondiente convocatoria contemple, así como lo siguiente, con el nivel de detalle que señale cada convocatoria:
a) Las actuaciones a llevar a cabo y el importe del coste subvencionable del proyecto.
b) La cuantía de la subvención prevista sobre la base de los costes elegibles admitidos, y las anualidades, en su caso, que la convocatoria correspondiente pudiera prever.
c) La planificación prevista para la ejecución y realización de las actuaciones, así como para la presentación de la justificación de su realización.
d) Otras condiciones de obligado cumplimiento relacionadas con la ejecución de las actuaciones objeto del proyecto subvencionado que pudieran haberse requerido por la normativa de aplicación, así como la convocatoria correspondiente.
3. La resolución se notificará a los interesados mediante su publicación en la sede electrónica del órgano concedente o el medio alternativo que pueda fijarse en la convocatoria, surtiendo dicha publicación los efectos de la notificación conforme a lo establecido en dicho artículo, y sin perjuicio de la remisión de la información correspondiente a la Base de Datos Nacional de Subvenciones.
4. El plazo máximo para la resolución del procedimiento y su notificación es de seis meses contados desde el inicio del plazo de presentación de solicitudes que se marque en la convocatoria correspondiente, salvo que la misma posponga sus efectos a una fecha posterior, según establece el artículo 25 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Si transcurrido dicho plazo el órgano competente para resolver no hubiese notificado dicha resolución, los interesados estarán legitimados para entender desestimada la solicitud de concesión de la subvención.
5. Contra la resolución, que pondrá fin a la vía administrativa según lo establecido en el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y el artículo 7.6 del Estatuto del IDAE, aprobado por Real Decreto 18/2014, de 17 de enero, se podrá interponer recurso potestativo de reposición en los términos y plazos previstos en los artículos 123 y 124 de la citada ley o recurso contencioso-administrativo ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
6. Las entidades adjudicatarias de la ayuda serán incluidas en una lista de beneficiarios, publicada de conformidad con el artículo 115.2 del Reglamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021, por el que se establecen las disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo Plus, al Fondo de Cohesión, al Fondo de Transición Justa y al Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura, así como las normas financieras para dichos Fondos y para el Fondo de Asilo, Migración e Integración, el Fondo de Seguridad Interior y el Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras y la Política de Visados.
7. Las ayudas concedidas se publicarán en la Base de Datos Nacional de Subvenciones de acuerdo con lo estipulado en el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Artículo 20. Modificación de la resolución.
1. Los proyectos con ayuda concedida deberán ejecutarse en el tiempo y forma aprobados en la resolución de concesión. No obstante, cuando surjan circunstancias concretas –a tal efecto, entre ellas específicamente se citan la necesidad de prolongación del plazo para la realización de las actuaciones o la posibilidad de efectuar modificaciones internas en los costes inicialmente presupuestados– que, excepcionalmente, alteren de forma objetiva las condiciones técnicas o económicas tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda, se podrá solicitar la modificación de la citada resolución de concesión, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos:
a) Que la modificación solicitada no afecte a los objetivos perseguidos con la ayuda, a sus aspectos fundamentales, a la determinación del beneficiario, ni perjudique derechos de terceros. A tales efectos, no se considerará que la modificación afecta a la determinación del beneficiario cuando sea debido a operaciones de fusión, absorción o escisión de la entidad jurídica inicialmente beneficiaria, conforme a la normativa vigente.
b) Que la modificación solicitada obedezca a causa o causas sobrevenidas y excepcionales, que no pudieron preverse en el momento de la solicitud.
c) Que no suponga un incremento de la subvención concedida.
d) Que la solicitud de modificación se realice, al menos, tres meses antes de la finalización del plazo de ejecución del proyecto.
e) En ningún caso se podrá autorizar una ampliación del plazo para la realización de la actuación objeto de ayuda que supere, en su cómputo total, los treinta y seis meses contados desde la fecha de notificación de la resolución definitiva de concesión de la ayuda; o que supere el plazo de realización de las actuaciones establecido en el artículo 21.
2. La solicitud de modificación se acompañará de una memoria en la que se expondrán los motivos de la modificación y se justificará la imposibilidad de cumplir las condiciones impuestas en la resolución de concesión, y el cumplimiento de los requisitos expuestos en el apartado 1 anterior.
3. El órgano responsable para resolver las solicitudes de modificación será el órgano que dictó la resolución de concesión. Dictará la correspondiente resolución estimando o desestimando la modificación solicitada.
4. El plazo máximo para dictar la resolución será de tres meses.
CAPÍTULO III
Plazo de realización de las actuaciones y justificación de las ayudas.
Artículo 21. Plazo de realización de las actuaciones.
1. El plazo máximo para la realización de las actuaciones objeto de ayuda será el establecido en las convocatorias correspondientes.
2. Podrá ampliarse el anterior plazo de ejecución de las actuaciones mediante la modificación de la resolución de concesión, que podrá llevarse a cabo de acuerdo con lo previsto en el artículo 20 de esta orden.
3. En cualquier caso, los beneficiarios/as deberán llevar a cabo las actuaciones previstas en los plazos que se indiquen en las convocatorias, y como máximo el 30 de junio de 2026.
4. A los efectos de las ayudas reguladas en estas bases, se considera que una instalación está completamente finalizada cuando se cumplan los siguientes requisitos:
i. Programas 1 y 2:
a) Que cuente con todos los elementos, equipos e infraestructuras relacionados con la actuación que son necesarios para producir energía y verterla al sistema eléctrico.
b) Que haya obtenido la inscripción con carácter provisional en el registro administrativo de instalaciones de producción de energía eléctrica dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, cuando sea necesario.
c) Que haya comenzado a verter energía eléctrica con los elementos, equipos e infraestructuras relacionados con la actuación. En su caso, cuando sea necesario, la acreditación del comienzo del vertido de energía eléctrica en pruebas deberá realizarse mediante un certificado emitido por el encargado de la lectura en el que se indiquen expresamente las medidas y las fechas de lectura de las mismas. A estos efectos, conforme a lo establecido en el artículo 46.a) del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, el encargado de la lectura deberá realizar una lectura en el plazo máximo de quince días desde la comunicación por el titular de la instalación del inicio del vertido en pruebas.
ii. Programa 3:
a) Que cuente con todos los elementos, equipos, sistemas e infraestructuras que son objeto de la ayuda.
b) Que haya obtenido la autorización de explotación que permita, una vez ejecutado el proyecto, proceder a su explotación. Cuando no sea preceptiva la autorización de explotación, deberá justificarse la finalización del proyecto mediante la documentación que acredite que la actuación ha sido finalizada en los términos por los que se les concedió la ayuda.
Para todos los programas, la convocatoria correspondiente podrá establecer cualquier otra documentación necesaria para el cumplimiento de este apartado.
Artículo 22. Justificación de las ayudas.
1. Las entidades beneficiarias deberán justificar el cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la subvención y la aplicación de los fondos percibidos ante el órgano concedente o designado para tal fin.
2. La justificación de las ayudas se realizará de acuerdo con lo establecido en los artículos 30 y concordantes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en el título II, capítulo II, de su reglamento, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y conforme a los requisitos específicos que se establezcan por la normativa aplicable y en las correspondientes convocatorias.
3. La justificación por parte de los beneficiarios/as de la realización de las actuaciones que conformen el proyecto subvencionable deberá realizarse ante el órgano instructor en el plazo máximo de tres meses, contados a partir de la fecha en que expire el plazo máximo otorgado para la ejecución de las actuaciones objeto de ayuda.
4. La justificación documental por parte de los beneficiarios/as de la ejecución y pago de las actuaciones objeto del proyecto subvencionable se realizará telemáticamente a través de la Sede Electrónica del órgano concedente o el medio alternativo que pudiera haberse establecido por la correspondiente convocatoria, mediante escrito dirigido al órgano instructor, junto al que se aportará, con carácter general, la siguiente documentación:
a) Cuenta justificativa con aportación de informe de auditor, según lo previsto en el artículo 74 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, que acredite que la subvención recibida se ha empleado en las actuaciones para las que le fue otorgada y en el plazo previsto, cumpliendo los requisitos establecidos en las bases y en las correspondientes convocatorias, incluyendo el principio de «no causar un perjuicio significativo», y certificando que se han cumplido los objetivos de acuerdo con los valores de los indicadores reflejados en la resolución de concesión de las ayudas. Esta cuenta justificativa será conforme al alcance, condiciones y modelos publicados por IDAE en su página web, será suscrita por el beneficiario mediante el certificado de firma electrónica y deberá acompañarse de la siguiente información y documentación que formará parte integrante de la misma:
a.1 Notificación dirigida al órgano instructor comunicando la documentación aportada, fechada y suscrita por el beneficiario mediante el certificado de firma electrónica correspondiente, conforme al modelo publicado en la página web de IDAE.
a.2 Declaración responsable del beneficiario (según modelo que estará disponible en Web del IDAE) que garantice:
El proceso de contratación de las actuaciones del proyecto objeto de ayuda, la existencia de una contabilidad diferenciada que permita la trazabilidad de todas las transacciones relacionadas, encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.
El cumplimiento de las normas nacionales y comunitarias sobre requisitos de igualdad de oportunidades y no discriminación, aplicables a este tipo de actuaciones,
El cumplimiento de las normas medioambientales nacionales y comunitarias, y sobre desarrollo sostenible, concretamente y atendiendo al contenido del PRTR, que se han respetado los principios de economía circular y evitado impactos negativos significativos en el medio ambiente (DNSH) en la ejecución de las actuaciones llevadas a cabo en el marco de dicho Plan, y manifiesta que no ha incurrido en doble financiación y que, en su caso, no le consta riesgo de incompatibilidad con el régimen de ayudas de Estado,
El compromiso con los estándares más exigentes en relación con el cumplimiento de las normas jurídicas, éticas y morales, habiendo adoptado las medidas necesarias para prevenir y detectar el fraude, la corrupción y los conflictos de interés, comunicando en su caso a las autoridades que proceda los incumplimientos observados.
a.3 Justificación por parte del beneficiario sobre el proceso de contratación de las actuaciones que integran el proyecto incentivado. En el caso de personas jurídicas públicas sometidas a la legislación de contratos del sector público, dicha justificación consistirá en la cumplimentación por parte de éstas de una lista de chequeo relativa al cumplimiento del procedimiento de contratación que sea de aplicación, según lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, conforme al modelo publicado en la página web de IDAE. Dicha lista de chequeo será suscrita por el beneficiario y sellada y firmada por la persona auditora.
a.4 Identificación del perceptor final de fondos (beneficiarios últimos de las ayudas, contratistas y subcontratistas), mediante: NIF, Nombre, Domicilio, Inscripción en el Censo de empresarios de la AEAT o equivalente (si desarrollan actividad económica) y la Aceptación de la cesión de estos datos entre las Administraciones Públicas implicadas.
a.5 Informe de una persona auditora o empresa de auditoría inscrita como ejerciente en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC), que deberá ajustarse al modelo que se publique en la página web de IDAE, y a través del cual se llevará a cabo la revisión de la cuenta justificativa con el alcance y metodología prevista en el presente apartado. En aquellos casos en que el beneficiario esté obligado a auditar sus cuentas anuales, este mismo auditor será el encargado de revisar la cuenta justificativa. En estos casos, el beneficiario puede solicitar de forma motivada el cambio de auditor mediante la correspondiente solicitud que debe ser aprobado por IDAE. En el resto de los casos, el auditor será designado por el beneficiario.
i. Se ha de formalizar un contrato entre el auditor y el beneficiario en el que figurarán como mínimo los siguientes extremos:
1.º Obligación del beneficiario de confeccionar y facilitar al auditor cuantos libros, registros y documentos le sean solicitados para efectuar la revisión.
2.º Obligación del auditor de realizar la revisión y emitir un informe de acuerdo a las normas especiales reguladoras de la subvención y la resolución de concesión.
3.º Sometimiento a lo dispuesto en la normativa vigente sobre auditoría de cuentas en cuanto a independencia e incompatibilidad del auditor.
4.º Deber de confidencialidad del auditor de cuentas y del personal a su cargo y compromiso del beneficiario/a de autorización de comunicación entre auditores.
ii. El informe a emitir por la persona o empresa auditora debe hacer mención expresa a los siguientes extremos de la revisión de la cuenta justificativa: objeto, naturaleza, alcance, resultado, fecha y firma.
iii. El alcance de la revisión de la cuenta justificativa por parte de la persona o empresa auditora incluirá, como mínimo, el análisis y comprobación y copia de los siguientes documentos e información:
1.º La memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas para la concesión del incentivo, conforme a lo exigido por las bases reguladoras, la normativa de aplicación, convocatoria y la resolución de concesión, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos. Esta memoria será realizada y suscrita por un técnico titulado competente que será el autor del proyecto o el responsable de la dirección de la ejecución de las actuaciones. Además, la memoria se realizará siguiendo el formato y modelo que estará disponible en la página web del IDAE.
Dicha memoria incluirá como mínimo:
i. Información suficiente sobre el desarrollo y el grado de cumplimiento del proyecto incentivado, de forma concreta y detallada, con un informe sobre la situación final del mismo, indicando así mismo, la fecha de comienzo y conclusión de las actuaciones. Deberá incluir descripción del sistema de monitorización incorporado de acuerdo con lo indicado en la convocatoria. Y en su caso, información sobre la modificación de las condiciones técnicas del punto de acceso y conexión a la red eléctrica y/o del emplazamiento de la actuación declaradas en el momento de la solicitud en la memoria descriptiva de las actuaciones.
ii. Información sobre los valores de indicadores energéticos e hitos y objetivos conseguidos.
iii. Relación de las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas con las que cuenta y que le sean de aplicación conforme a la normativa vigente.
iv. Certificado final de obra suscrito por el director de obra y director de ejecución de la obra, en caso de que sea preceptivo
v. Autorización de explotación o acta de puesta en servicio de la instalación cuando esta sea preceptiva y Certificado de Instalación Eléctrica (CIE), de acuerdo con el Reglamento electrotécnico de baja tensión (en instalaciones eléctricas de cualquier tipología), emitido por la empresa instaladora y diligenciado por el órgano competente de la comunidad autónoma. Cuando no sea preceptiva la autorización de explotación, deberá aportarse documentación que acredite que la instalación está construida y se encuentra en condiciones de ser puesta en tensión y proceder a su explotación. Adicionalmente, se adjuntará copia del proyecto o memoria técnica de diseño (según proceda para la tipología de actuación) que se haya aportado al órgano competente de la comunidad autónoma para la obtención de la autorización de explotación o acta de puesta en servicio y/o Certificado de Instalación Eléctrica (CIE).
vi. Reportaje fotográfico de las actuaciones, infraestructuras, equipos e instalaciones principales objeto de la ayuda, identificando equipos y/o instalaciones, así como de las placas de características de los mismos, y donde se muestre, de ser aplicable, el cartel publicitario de la actuación, según el Manual de Imagen disponible en la web de IDAE. Información y enlace al sitio de Internet del beneficiario, en caso de que disponga de uno, donde éste informará al público del apoyo obtenido de los Fondos de la Unión Europea, haciendo una breve descripción de la operación, de manera proporcionada al nivel de apoyo prestado, con sus objetivos y resultados, y destacando el apoyo financiero de la Unión Europea.
vii. Informe que contenga:
vii.1 Justificación del cumplimiento por el proyecto del principio de no causar perjuicio significativo (principio do no significant harm – DNSH) a ninguno de los objetivos medioambientales establecidos en el Reglamento (UE) 2020/852 el Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles, y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088. En este caso, para actuaciones dentro del programa 2, si la actuación no supera los 100 kW de potencia el beneficiario deberá presentar una declaración responsable de este cumplimiento. A estos efectos el IDAE podrá publicar guías que faciliten la elaboración de esta justificación.
vii.2 Para la correcta acreditación del cumplimiento de la valorización del 70 % de los residuos de construcción y demolición generados en las obras civiles realizadas, se presentará una memoria resumen donde se recoja la cantidad total de residuo generado, clasificados por códigos LER, y los certificados de los gestores de destino, donde se indique el porcentaje de valorización alcanzado. Los residuos peligrosos no valorizables no se tendrán en cuenta para consecución de este objetivo.
2.º La memoria económica abreviada. Esta memoria económica incluirá, al menos:
i. El estado representativo de la totalidad de los gastos e inversiones incurridos en la realización de las actividades subvencionadas, debidamente agrupados, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago, así como cualquier otro extremo relacionado. Asimismo, incluirá, en su caso, una justificación de las desviaciones acaecidas respecto al presupuesto considerado en la concesión del incentivo. En su caso, se aportará la acreditación del reintegro de remanentes no aplicados y la relación detallada de otros ingresos o ayudas percibidas que hayan financiado la actividad, con indicación de su importe y procedencia. Los documentos originales, o convertidos a formato electrónico, acreditativos del gasto y del pago quedarán en poder del beneficiario, a disposición de los órganos de comprobación y control.
Asimismo, los justificantes de pago deberán ser claramente identificables y relacionables con las facturas aportadas y deberán permitir identificar al beneficiario siendo este el único pagador, ya sea mediante un pago directo por el mismo o en su nombre (mediante la correspondiente acreditación documental), al tercero que percibe las cantidades pagadas y la fecha de pago (fecha valor) o salida efectiva de los fondos del beneficiario.
Con carácter general, se considerará realizado el pago o gasto correspondiente cuando haya sido satisfecho efectivamente con anterioridad a la conclusión del plazo de justificación definido en la presente orden, con su correspondiente justificante, y no aceptándose pagos en metálico. La fecha de los justificantes de pago deberá ser, en todo caso, posterior a la fecha de registro en la sede electrónica del IDAE de la solicitud de ayuda.
ii. La relación de los pedidos y/o los contratos relativos a las actuaciones realizadas, así como relación de las facturas, y de sus correspondientes justificantes bancarios de pago y copia de los mismos. En el caso de existir contratación pública, relación certificada y copia de los contratos suscritos por el beneficiario para la realización de las actuaciones objeto de ayuda, así como documentación justificativa del procedimiento de contratación: dirección web del perfil del contratante, pliegos, anuncios de licitación y formalización de contratos, acuerdos del órgano de contratación. Se exime de la obligación de presentar aquellas facturas que tengan un importe inferior a 3.000 euros, de conformidad con lo establecido por la letra b) del artículo 63 del Real Decreto-ley 36/2020, de diciembre.
iii. Asimismo, debe acreditar:
iii.1 La existencia de una contabilidad diferenciada que permita una adecuada pista de auditoría de las actuaciones realizadas en el marco de esta subvención y el mantenimiento de la documentación soporte, en los términos que establezca el Ministerio de Hacienda de conformidad con la normativa nacional y de la Unión Europea, cuando le resulte de aplicación.
iii.2 La legalidad del procedimiento de contratación de las actuaciones a través del análisis y comprobación de la justificación realizada por el beneficiario sobre dicho proceso o de la lista de chequeo de contratación, en su caso.
iii.3 Que dispone de, al menos, tres ofertas de diferentes proveedores en los supuestos previstos en el artículo 31.3 de la Ley General de Subvenciones, y de una memoria que justifique razonablemente la elección del proveedor cuando la misma no haya recaído en la oferta económica más ventajosa.
iii.4 El cumplimiento de las obligaciones de publicidad impuestas al beneficiario, de conformidad con lo establecido en la presente orden.
iii.5 Detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado las actuaciones incentivadas con indicación del importe y su procedencia. Debe acreditar la existencia o no de otras subvenciones o ayudas cobradas para la misma actuación o finalidad que la solicitada en el contexto de estos programas de incentivos, de cualquier Administración, organismo o entidad pública, nacional o internacional.
iv. Cuando el beneficiario sea una persona jurídica pública, se podrá sustituir esta cuenta justificativa con informe de auditor por la entrega de una cuenta justificativa con aportación de un informe de la Intervención General de la misma, en los mismos términos y condiciones que los establecidos anteriormente para la aportación de informe de auditor, cuando puedan ser de aplicación. En cualquier caso, si fuera preciso, se podrá exigir informe de auditoría externa para completar el informe anterior.
v. Cuando la ayuda concedida sea inferior a 100.000 euros, y de manera opcional, podrá sustituirse la cuenta justificativa con el informe de auditor previsto en este apartado por la entrega de una cuenta justificativa simplificada, según lo previsto en el artículo 75 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, que acredite que la subvención recibida se ha empleado en las actuaciones para las que le fue otorgada y en el plazo previsto, cumpliendo los requisitos establecidos en esta orden, la normativa de aplicación y en las correspondientes convocatorias, incluyendo el principio de «no causar un perjuicio significativo», y certificando que se han cumplido los objetivos de acuerdo con los valores de los indicadores reflejados en la resolución de concesión de las ayudas. Esta cuenta justificativa será conforme al alcance, condiciones y modelos publicados por IDAE en su página web, y será suscrita por el beneficiario mediante el certificado de firma electrónica, debiendo acompañarse de la información y documentación que se establezca en la normativa de aplicación y las correspondientes convocatorias, formando parte integrante de la misma.
vi. El alcance y condiciones de la revisión de la cuenta justificativa podrá ser determinado por el IDAE en una «Guía para la justificación de la realización de las actuaciones», que estará disponible en la sede electrónica de IDAE.
b) Además de la cuenta justificativa prevista en el apartado anterior, el beneficiario deberá presentar los siguientes documentos:
b.1 Documentación justificativa de que el beneficiario/a es titular del número o números de cuenta indicados en la solicitud y desde las que se hayan realizado pagos de facturas y, en su caso, el ingreso de ayudas.
b.2 Factura emitida por la persona auditora y justificante de su pago.
c) La acreditación por parte del beneficiario de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, que se sustituirá por la consulta telemática a los organismos competentes por parte del órgano concedente. La presentación de la cuenta justificativa suscrita por el beneficiario incluirá autorización expresa para la realización de dichas consultas telemáticas. En caso de no otorgarse dicha autorización, los beneficiarios deberán de aportar los certificados correspondientes. Cuando no estén habilitados los medios técnicos necesarios para realizar dichas consultas, el órgano concedente requerirá al beneficiario la presentación de los correspondientes certificados emitidos por la Hacienda estatal o autonómica, según proceda, y por la Seguridad Social, justificativos del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social conforme a lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
d) Declaración responsable, garantizando que se cumplen las normas nacionales y comunitarias sobre requisitos de igualdad de oportunidades y no discriminación aplicables a este tipo de actuaciones, el cumplimiento de las normas medioambientales nacionales y comunitarias, y sobre desarrollo sostenible, se han aplicado medidas antifraude eficaces y proporcionadas en el ámbito de gestión del proyecto objeto de ayuda (según modelo que estará disponible en Web del IDAE).
e) Para los programas 1 y 2, deberá además aportarse documentación que acredite el correcto cumplimiento de la Declaración de Impacto Ambiental o figura medioambiental aportada durante la solicitud de la ayuda y sus medidas correctoras cuando corresponda.
f) Adicionalmente, para el programa 1, en el caso de instalaciones superiores a 15 MW de potencia nominal de generación; y para el programa 3, en el caso de una inversión total del proyecto superior a los 5 M€, se aportará un «Plan Estratégico Socioeconómico tras la actuación» que indique el origen o lugar de fabricación (nacional, europeo o internacional) de los componentes de la instalación, así como el efecto tractor sobre PYMES y autónomos que se espera que tenga el proyecto. Deberá incluir, además, estimaciones de su impacto sobre el empleo local, incluyendo una perspectiva de género, y sobre la cadena de valor industrial local, regional y nacional y deberá informar sobre los elementos de formación, mejora de las capacidades y reciclaje profesional que se contemplen en el proyecto.
5. Toda la documentación justificativa será revisada durante el proceso de evaluación final para poder certificar los costes incurridos. En aquellos casos en los que sea necesario, se podrá completar la auditoría técnica mediante controles puntuales y verificaciones in situ si así lo considera el órgano concedente.
6. El beneficiario informará proactivamente sobre cualquier evento importante o imprevisto que pueda afectar a la consecución de los hitos y objetivos establecidos.
7. En todo caso, si realizada la actividad y finalizado el plazo para justificar, se hubiera pagado sólo una parte de los costes en que se hubiera incurrido, a efectos de pérdida del derecho a la percepción de la ayuda o, en su caso, exigencia de reintegro correspondiente, se aplicará el principio de proporcionalidad.
8. La finalización de la verificación de la información justificativa no constituye en ningún caso la aceptación de cualquier desviación existente con respecto a lo establecido en la resolución de concesión de subvención.
9. La no justificación en plazo por parte de los beneficiarios, de acuerdo con lo establecido en los apartados anteriores, supondrá la pérdida del derecho a su percepción y, en su caso, la exigencia del reintegro de la ayuda que se hubiera percibido hasta el momento.
10. El órgano instructor podrá requerir al beneficiario la aportación de cualquier documentación justificativa adicional a la expuesta, para verificar la efectiva adecuación de la actuación ejecutada a la que fue objeto de ayuda, quedando el beneficiario obligado a su entrega en un plazo máximo de diez (10) días hábiles desde la recepción de la comunicación que se le efectúe por parte de aquél.
11. El órgano instructor podrá realizar las verificaciones sobre el terreno de las operaciones concretas que se determinen para la correcta certificación del gasto, quedando el beneficiario obligado a facilitarlas.
12. El órgano instructor podrá, por un lado, designar al personal del IDAE que estime oportuno y/o, por otro, utilizar los servicios de empresas independientes especializadas o medios propios de la entidad para la que realice sus funciones para realizar la inspección y el seguimiento, control y verificación de las actuaciones aprobadas, no sólo en la fase final de comprobación, sino también en momentos intermedios, donde se pueda comprobar el cumplimiento de los fines para los cuales se conceden las ayudas así como todo lo relacionado con el procedimiento de control establecido.
13. El IDAE o cualquier organismo fiscalizador, nacional o de la Unión Europea, podrán solicitar en cualquier momento, durante el plazo previsto de cinco (5) años en general y de tres años en los casos en los que la financiación sea de un importe igual o inferior a 60.000 €,a contar desde la fecha de finalización del plazo establecido para la ejecución de las actuaciones objeto de ayuda, la exhibición de cualquiera de los documentos originales -o convertidos a formato electrónico- que hayan servido para el otorgamiento de la ayuda, o para justificar la realización de las actuaciones y costes elegibles necesarios para la ejecución de las actuaciones correspondiente (incluyendo facturas y justificantes de pago de las mismas).
Procederá, en su caso, la exigencia del reintegro de la ayuda o la pérdida del derecho a su percepción, de no facilitarse la exhibición de tales documentos en un plazo máximo de treinta días hábiles, a contar desde el día siguiente al que el órgano concedente le hubiera requerido en tal sentido, considerándose tal circunstancia como un incumplimiento de la obligación de justificación del destino de la ayuda otorgada.
14. Con independencia de lo anterior, el órgano Instructor podrá elaborar instrucciones de acreditación y justificación complementarias para los casos en los que la complejidad de la actuación o el importe elevado de la ayuda así lo requieran.
CAPÍTULO IV
Procedimiento de pago de las ayudas y garantías
Artículo 23. Pago de las ayudas concedidas.
1. El beneficiario recibirá la subvención correspondiente a la ayuda concedida, con carácter definitivo, una vez se verifique la ejecución de las actuaciones y se acrediten en tiempo y forma los costes elegibles incurridos y el cumplimiento de la actuación subvencionable, conforme a los requisitos y condiciones establecidos en este real decreto.
2. Cuando las convocatorias así lo establezcan, los beneficiarios que lo soliciten, mediante escrito dirigido a la Dirección General del IDAE, y siguiendo el procedimiento establecido en la propia convocatoria, podrán solicitar anticipos como máximo del importe de la ayuda concedida, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:
a. La solicitud de anticipo deberá ser aceptada por el órgano concedente, que podría denegarla o condicionarla a la entrega de documentación adicional.
b. El anticipo se abonará, en su caso, teniendo en consideración las garantías asociadas reguladas a tenor de lo establecido en el artículo 24.
c. En el supuesto de incumplimientos imputables al beneficiario que reduzcan la cuantía de la ayuda establecida en la certificación final provisional respecto al anticipo abonado, procederá el reintegro parcial o total del mismo según lo establecido en el artículo 27. El órgano concedente notificará al beneficiario las cantidades que deba reembolsar del anticipo percibido.
d. Dichos anticipos no superarán el 100 % del importe total de la ayuda que se vaya a conceder al beneficiario.
e. Dichos anticipos deberán destinarse exclusivamente a cubrir gastos del proyecto objeto de subvención.
f. De acuerdo con lo establecido en el artículo 61.3 del Real Decreto Ley 36/2020, de 30 de diciembre, los beneficiarios de estos anticipos deberán acreditar que se encuentran al corriente del pago de las obligaciones de reembolso de cualesquiera otros anticipos concedidos anteriormente con cargo a los créditos específicamente consignados para la gestión de fondos europeos en los Presupuestos Generales del Estado.
g. Asimismo, el beneficiario de dichos anticipos deberá también encontrarse al corriente en el cumplimiento del resto de obligaciones establecidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, entre ellas, hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
h. La solicitud de anticipo podrá realizarse desde la notificación de la resolución definitiva hasta seis meses antes de la finalización del plazo máximo de ejecución. En las convocatorias correspondientes podrá establecerse un periodo específico para solicitar el anticipo de la ayuda y la liquidación de las ayudas concedidas.
3. No procederá pago anticipado o final de la ayuda en tanto la entidad beneficiaria no acredite que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o que no sea deudor por resolución de procedencia de reintegro.
Para tramitar el pago final de la ayuda deberán haberse entregado los documentos acreditativos de que las actuaciones del proyecto objeto de ayuda han sido efectivamente realizadas en las condiciones impuestas por esta orden, la normativa de aplicación, la convocatoria y resolución de concesión correspondiente, o en su caso en la resolución modificativa correspondiente, incluyendo los justificantes de gasto, con el fin de facilitar la verificación del cumplimiento de las mismas.
El pago final y definitivo de la ayuda no podrá realizarse hasta la plena justificación de los costes elegibles y la ejecución total de las actuaciones correspondientes.
Este pago final tendrá en cuenta, en su caso, el anticipo abonado, de la siguiente forma:
Pago final = Importe de ayuda correspondiente al gasto elegible justificado – importe los pagos anticipados de la ayuda concedida.
4. A la finalización del proyecto, y una vez realizada la correspondiente verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos por esta orden, así como de las obligaciones establecidas en la resolución de concesión correspondiente, se extenderá certificación final provisional de verificación por parte del IDAE, cuyo resultado será notificado por el órgano instructor a la entidad beneficiaria a través de la sede electrónica del IDAE, otorgándose, de conformidad con lo previsto en el artículo 48 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, un plazo de cinco (5) días hábiles a ésta para formular alegaciones. Transcurrido dicho plazo y examinadas, en su caso, las alegaciones presentadas, se formulará por el órgano instructor certificación final definitiva de verificación, con la que se dará cumplimiento a la obligación de comprobación de la realización de la actividad y del cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión y disfrute de la ayuda, tal y como se recoge en el artículo 85 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
Esta certificación final definitiva indicará la cuantía definitiva de la ayuda otorgada, así como cualquier otra información que la correspondiente convocatoria pudiera especificar.
5. En el caso de que así se dispusiera en la convocatoria, si el beneficiario hubiera solicitado el pago anticipado de la ayuda, las garantías correspondientes se liberarán, de oficio, tras la verificación final del proyecto, una vez acreditado el cumplimiento total de los objetivos y condiciones del proyecto y la inversión válidamente justificada resulte igual a la inversión aprobada o, en caso contrario, tras el reintegro total o parcial del importe del cobrado en exceso, incrementado en los intereses que correspondan.
En el caso de que el importe de la ayuda que finalmente corresponda fuera inferior al anticipo abonado y, previo el oportuno procedimiento de reintegro, si el beneficiario no efectuara el reintegro correspondiente, se procederá a solicitar la incautación de la garantía asociada por el importe que corresponda al importe cobrado en exceso más los intereses que correspondan.
Artículo 24. Garantías.
1. La garantía deberá ser constituida por el beneficiario, a disposición del IDAE.
2. Las garantías se constituirán ante la Caja General de Depósitos, en la forma y procedimiento que establece el Real Decreto 937/2020, de 27 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Caja General de Depósitos, y según lo dispuesto en la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, y con los requisitos que determina su regulación.
3. Cuando la garantía se constituya ante la Caja General de Depósitos, ésta se constituirá bajo las modalidades de aval o seguro de caución establecidas en el Reglamento de la Caja General de Depósitos y de acuerdo con la disposición final quinta y con la disposición transitoria tercera, «Vigencia de los modelos de presentación de documentos ante la Caja actualmente existentes» del Real Decreto 937/2020, de 27 de octubre.
4. Cuando la garantía se constituya ante la Caja General de Depósitos la incautación se realizará según la normativa aplicable para la tramitación y ejecución de las garantías recogida en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, así como en el Real Decreto 161/1997, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de la Caja General de Depósitos.
5. La descripción de la obligación garantizada incluirá el texto que se establezca en la correspondiente convocatoria.
6. Las garantías se liberarán tras la certificación final definitiva, si en ella se acredita el cumplimiento total de la ejecución de las actuaciones y condiciones del proyecto o, en caso contrario, tras el reintegro total o parcial de la ayuda correspondiente.
Una vez acreditado por el beneficiario de la ayuda que el proyecto se encuentra totalmente finalizado en plazo en virtud del artículo 21 y emitida la certificación final definitiva prevista en esta orden, el órgano concedente, de oficio, procederá a solicitar la cancelación de la garantía que corresponda.
7. Procederá la constitución de garantías relativas a los pagos anticipados asociados a los programas, de acuerdo con las siguientes condiciones:
a) El abono del anticipo será objeto de una garantía con arreglo a lo previsto en los artículos 42 y siguientes del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. A estos efectos, no será de aplicación la exención establecida en el punto 2 del artículo 42 de dicho reglamento.
b) La garantía deberá estar constituida al momento de la solicitud del anticipo.
c) Previo al abono del anticipo, en los términos que se establezcan en la correspondiente convocatoria, se requerirá el resguardo de la Caja General de Depósitos, acreditativo de haber depositado dicha garantía, a favor del órgano concedente.
d) El período de vigencia de la garantía será como mínimo por el plazo máximo de finalización de las instalaciones en virtud del artículo 21 más un periodo de 18 meses o el establecido por la convocatoria correspondiente.
e) El importe a garantizar será igual a la cuantía del anticipo más los intereses calculados al tipo de interés legal, para la vigencia de la garantía.
f) La falta de constitución y acreditación ante el órgano competente de las garantías en la modalidad establecida en esta orden, previo trámite de audiencia al beneficiario, supondrá la renuncia presunta al anticipo concedido para la realización del proyecto.
g) En el caso de que el importe de la ayuda recogida en la certificación final definitiva fuera inferior al anticipo abonado y, previo el oportuno procedimiento de reintegro, si el beneficiario no efectuara el reintegro correspondiente, se procederá a solicitar la incautación de la garantía asociada.
h) En caso de otros incumplimientos y, previo el oportuno procedimiento de reintegro, si el beneficiario no efectuara el reintegro, se procederá a solicitar la incautación de la garantía que corresponda.
8. Procederá la constitución de garantía para la ejecución del proyecto en los programas, únicamente en el caso de que la convocatoria correspondiente así lo contemplase, de acuerdo con las siguientes condiciones:
a) La convocatoria podrá establecer un importe mínimo de la ayuda solicitada para que se requiera la garantía para la ejecución del proyecto a los solicitantes.
b) La solicitud deberá ir acompañada del resguardo de la Caja General de Depósitos acreditativo de haber depositado una garantía económica a favor del IDAE. A estos efectos, será de aplicación la exención establecida en el punto 2 del artículo 42 de dicho reglamento. La cuantía de la garantía será:
Programa 1: 20.000 €/MW.
Programa 2 y 3: 2 % del Coste subvencionable del proyecto, que se ha de incluir en la Memoria del mismo que acompañe a la solicitud de ayudas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 13 de estas bases.
Estos valores podrán ser modificados en las convocatorias correspondientes.
c) El período de vigencia mínimo de la garantía aportada deberá expresarse con referencia al plazo máximo de finalización de la actuación que se establezca en la correspondiente convocatoria en virtud del artículo 21, más un periodo de 6 meses o el establecido por la convocatoria correspondiente.
d) Una vez se publique en la sede electrónica del IDAE la resolución definitiva de concesión de la ayuda, el IDAE procederá de oficio a la cancelación de la garantía de aquellas solicitudes que no hayan sido beneficiarias de ayudas.
e) Una vez superado el plazo de realización de la actuación, previsto en el artículo 21, si se ha ejecutado menos del 50% del coste elegible comprometido o lo ejecutado no tuviera utilidad propia, en virtud del artículo 27, el IDAE iniciará de oficio el procedimiento de incautación de la garantía.
CAPÍTULO V
Gestión, seguimiento e incumplimiento de condiciones
Artículo 25. Gestión y seguimiento.
1. El órgano concedente, en el ámbito de sus competencias, garantizará la adecuada gestión, interpretación y resolución de todos los aspectos relativos a los expedientes de concesión de ayudas solicitadas, así como el seguimiento, evaluación y comprobación de las mismas.
2. Asimismo, las convocatorias podrán establecer el procedimiento de seguimiento, que deberá ser eficaz, transparente y basado en la calidad y el impacto social y económico de las actuaciones financiadas, para lo cual podrán prever la creación de cuantas comisiones estimen necesario.
3. El seguimiento de la actuación se realizará en los términos que determinen las convocatorias.
4. Las convocatorias podrán establecer mecanismos que permitan proceder a una minoración de la ayuda concedida en los casos en que las actividades de seguimiento pongan de manifiesto un grado de cumplimiento de los indicadores inferior al establecido en la resolución de concesión.
5. Las convocatorias podrán especificar el cumplimiento de hitos de control intermedios.
Artículo 26. Responsabilidad y régimen sancionador.
Las entidades beneficiarias de las ayudas quedarán sometidas a lo establecido en materia de reintegros, control financiero e infracciones y sanciones administrativas en materia de subvenciones en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y a lo previsto por las disposiciones nacionales y de la Unión Europea en relación al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y su normativa de desarrollo.
Artículo 27. Criterios de graduación del incumplimiento de condiciones.
1. En los supuestos de incumplimiento parcial o total de las condiciones establecidas en las resoluciones de concesión, se procederá a iniciar el procedimiento para, en su caso, la exigencia del reintegro o la pérdida del derecho a la percepción de la ayuda correspondiente.
2. Se producirá la exigencia de reintegro o la pérdida del derecho a la percepción total de la ayuda otorgada en aquellos casos en los que se ejecute el proyecto subvencionable con manifiesto incumplimiento de los requisitos establecidos o cuando no se ejecute, al menos, un 50 % del coste subvencionable del proyecto, debiendo tener lo ejecutado utilidad propia, así como siendo explotadas y gestionadas las instalaciones realizadas; procediendo el ajuste proporcional correspondiente y la pérdida del derecho al cobro parcial de la ayuda otorgada en caso de ejecutarse un porcentaje igual o superior al 50 % del coste subvencionable del proyecto.
Para los programas 1 y 2, en el caso de que la potencia instalada real de la instalación sea menor que la potencia para la que se concedió la ayuda, y que recoge la resolución definitiva de concesión de ayuda, se reducirá la ayuda total percibida proporcionalmente a la potencia no construida, manteniéndose constante el importe de la ayuda unitaria concedida, expresado en €/MW.
Para el programa 3, en caso de que la capacidad anual real de tratamiento, utilizada para calcular el coste subvencionable unitario de acuerdo al artículo 10 y a la respectiva convocatoria, sea menor que la capacidad anual estimada de tratamiento para la que se concedió la ayuda, y que recoge la resolución definitiva de concesión de ayuda, se reducirá la ayuda total percibida proporcionalmente a la capacidad anual de tratamiento no satisfecha, manteniéndose constante el importe de la ayuda unitaria concedida, expresado en €/ton-año.
Para el programa 3, en caso de que en una convocatoria se utilizase como criterio de valoración de las solicitudes el porcentaje de recuperación en peso estimado de los residuos y transformación en materias primas secundarias, que se recogerá en la resolución definitiva de concesión de ayuda, dicha convocatoria podrá incluir una consideración de incumplimiento parcial, en el sentido de prever la reducción de la ayuda total percibida tras la ejecución de la actuación, de comprobarse, durante los primeros 5 años desde la finalización de la actuación, que el porcentaje de recuperación en peso y transformación de los residuos real resultase inferior al estimado en la solicitud de la ayuda.
Podrá dar lugar, así mismo, a la pérdida total o parcial del derecho al cobro o el reintegro de la ayuda, el informe desfavorable de fiscalización de cualquiera de las administraciones correspondientes (Intervención General de la Administración del Estado, Tribunal de Cuentas, Comisión Europea), que concluya con la necesidad de devolución total o parcial de la ayuda concedida, basado en cualquier incumplimiento de la normativa de aplicación a las mismas, así como, en caso de incumplimiento del principio de «no causar un perjuicio significativo al medio ambiente», y de las condiciones recogidas en la medida, en cuyo caso el beneficiario final deberá reintegrar las cuantías percibidas que pudieran determinarse por los organismos competentes.
3. Cuando la reducción de la ejecución del coste subvencionable del proyecto sea consecuencia de una reducción de los costes derivada de las licitaciones en el proceso de contratación de las actuaciones del proyecto, se procederá al ajuste automático correspondiente de la ayuda a percibir o, en su caso, a exigir el reintegro de las cantidades percibidas en exceso. Las correspondientes convocatorias podrán establecer los casos adicionales y la forma en que el coste subvencionable del proyecto podrá ser ajustado.
4. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones señaladas en el artículo 7, así como de las obligaciones adicionales que pudieran establecerse en la correspondiente convocatoria, podrá ser causa de la pérdida de derecho al cobro o del reintegro de la ayuda concedida, según la fase procedimental en que se halle la tramitación del expediente.
5. El incumplimiento de la obligación de comunicar la obtención de otras subvenciones o ayudas públicas será causa suficiente para la exigencia del reintegro o la pérdida del derecho a la percepción de la ayuda otorgada, en función de la cuantía de la ayuda obtenida por las actuaciones y no notificada al IDAE.
6. El incumplimiento de las obligaciones de publicidad establecidas por esta orden, la normativa de aplicación y, en su caso, la convocatoria correspondiente dará lugar a la exigencia del reintegro o, en su caso, la pérdida del derecho a la percepción total de la ayuda correspondiente.
7. Será de aplicación el procedimiento de revocación y reintegro previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
Artículo 28. Información, comunicación y visibilidad. Publicidad.
1. Toda referencia a la actuación objeto de las ayudas reguladas por este real decreto en publicaciones, actividades de difusión, páginas web y en general en cualesquiera medios de difusión debe cumplir con los requisitos que figuren en el manual o manuales de Imagen de los programas de incentivos que estará disponible en la web del IDAE, en el que figurarán el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, establecido por el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, todo ello conforme a lo que se establezca al respecto, y en los términos previstos en el artículo 18.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y 31 de su Reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. Adicionalmente, los beneficiarios deberán cumplir con las obligaciones de Comunicación sobre las actuaciones objeto de ayuda que les sean de aplicación en virtud de lo establecido en artículo 9 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre.
2. Los receptores de financiación de la Unión Europea deben mencionar el origen de esta financiación y garantizar su visibilidad, en particular cuando promuevan las actuaciones subvencionables y sus resultados, facilitando información coherente, efectiva y proporcionada dirigida a múltiples destinatarios, incluidos los medios de comunicación y el público.
3. Publicidad: La publicidad de las ayudas concedidas se llevará a cabo a través del sitio web del IDAE (www.idae.es) y a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones y el «Boletín Oficial del Estado».
Artículo 29. Protección de datos de carácter personal.
Será de aplicación la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
Disposición final primera. Título competencial.
Esta orden se dicta al amparo de lo dispuesto en los apartados 13.ª, 15.ª y 25.ª del artículo 149.1 de la Constitución Española, que atribuyen, al Estado las competencias exclusivas sobre bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, sobre fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica y sobre bases del régimen minero y energético, respectivamente.
Disposición final segunda. Instrucciones de cumplimiento.
El órgano instructor, en el ámbito de sus competencias, podrá emitir cuantas instrucciones sean precisas para el cumplimiento de los requerimientos de esta orden y las respectivas convocatorias y para la ejecución de las actuaciones de los proyectos objeto de ayuda y certificación de los costes elegibles correspondientes.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
Esta Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 8 de noviembre de 2022.–La Vicepresidenta Tercera del Gobierno y Ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera Rodríguez.
ANEXO I
Criterios de valoración y procedimiento de aplicación de las valoraciones
Tanto los criterios excluyentes como los criterios de valoración y su puntuación, podrán ser modificados por las convocatorias.
1. Criterios excluyentes. Son criterios excluyentes los siguientes:
a) La no adecuación del beneficiario o del proyecto a los requisitos de la convocatoria, incluido el no cumplimiento de los límites de ayuda estipulados en el artículo 10.
b) No encuadrarse el proyecto en ninguna de las tipologías de actuación que figuran en el artículo 8.
c) No serán elegibles aquellas actuaciones que no acrediten el cumplimiento del «principio DNSH», de acuerdo al artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020 relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles, ni aquellas cuyo resultado del informe citado en el artículo 13.4.o) no sea favorable.
d) Para el Programa 1, no serán elegibles aquellas actuaciones que no entreguen el informe al que se hace referencia en el artículo 13.4, subapartado s), incluyendo el compromiso explícito en cuanto a la realización de buenas prácticas relacionadas con la «Estrategia Española de Economía Circular (España Circular 2030)».
e) En cada convocatoria podrá establecerse una puntuación mínima para el conjunto de los criterios de valoración que figuran en el siguiente apartado 2, que podría ser distinta para cada uno de los programas 1, 2 y 3. Esta puntuación o puntuaciones mínimas actuarían como criterio excluyente adicional.
2. Criterios de valoración. Las solicitudes se valorarán de acuerdo con los siguientes criterios, cuyo modo de aplicación en detalle se especificará en las correspondientes convocatorias, sin que tengan que utilizar la totalidad de los subcriterios incluidos dentro de cada criterio:
Criterio | Puntuación máxima
Viabilidad administrativa y medioambiental: DIA, autorización administrativa. | 30
Nivel de desarrollo tecnológico y grado de innovación: Inclusión de almacenamiento hibridado, contribución a la robustez del sistema eléctrico. | 10
Externalidades positivas: Participación ciudadana, impacto en cadena de valor nacional o de la Unión Europea, generación de empleo, formación, mejora de capacidades y reciclaje profesional, transición justa y reto demográfico, economía circular. | 30
Económico: Reducción sobre la ayuda máxima. | 30
Total (puntuación máxima). | 100
Criterio | Puntuación máxima
Viabilidad administrativa: DIA, autorización administrativa. | 25
Medioambiental: Incorporación de medidas de mejora ambiental, protección de ecosistemas, adaptación al régimen hidrológico e integración territorial, entre otras. | 10
Nivel de desarrollo tecnológico y grado de innovación: Inclusión de almacenamiento hibridado. | 10
Externalidades positivas: Participación ciudadana, impacto en cadena de valor nacional o de la Unión Europea, generación de empleo, formación, mejora de capacidades y reciclaje profesional, transición justa y reto demográfico, economía circular. | 30
Económico: Reducción sobre la ayuda máxima. | 25
Total (puntuación máxima). | 100
Criterio | Puntuación máxima
Viabilidad administrativa: DIA, autorización administrativa. | 10
Nivel de desarrollo tecnológico y grado de innovación: Recuperación en peso de los residuos para su transformación en materias primas secundarias que puedan introducirse en los procesos productivos, grado de contribución a una cadena de valor de calidad por las materias primas secundarias, replicabilidad/escalabilidad. | 30
Externalidades positivas: Participación ciudadana, impacto en cadena de valor nacional o de la Unión Europea, generación de empleo regional, formación, mejora de capacidades y reciclaje profesional, transición justa y reto demográfico, adecuación a política autonómica, economía circular. | 30
Económico: Reducción sobre la ayuda máxima. | 30
Total (puntuación máxima). | 100
A continuación, se desarrollan la definición y modo de valoración de los criterios:
1. Viabilidad administrativa
La evaluación del criterio «Viabilidad administrativa» se realizará en función del mayor desarrollo administrativo del proyecto, que facilitará su ejecución en los plazos fijados. Se deberá acreditar la disponibilidad de cada documentación solicitada en dicho criterio antes de la fecha final para presentación de solicitudes.
En el programa 1, la convocatoria correspondiente podrá valorar en mayor o menor grado la disponibilidad de la Declaración de Impacto Ambiental favorable.
2. Criterio medioambiental
En el programa 2, este criterio se valorará en función de la mayor contribución medioambiental de las medidas propuestas por el solicitante, en relación con la incorporación de medidas de mejora ambiental, protección de ecosistemas, adaptación al régimen hidrológico e integración territorial, entre otras, debidamente justificado. Para este criterio, no se tendrán en cuenta las medidas relacionadas con la renovación tecnológica de equipos de generación ni cualquier actuación que tenga como fin único la producción de energía eléctrica.
3. Nivel de desarrollo tecnológico y grado de innovación
Incorporación de un sistema de almacenamiento hibridado-Programas 1 y 2: La valoración, en su caso, de la incorporación de «sistemas de almacenamiento hibridado», se basará en la capacidad de las instalaciones eólicas o hidroeléctricas de acumular energía para su uso posterior, optimizando la captación y gestión del recurso renovable.
Se podrá utilizar cualquier tecnología de almacenamiento, no estando limitado al uso de baterías electroquímicas. En ningún caso será elegible un almacenamiento ubicado fuera del territorio nacional, ni un almacenamiento virtual, debiendo el almacenamiento formar parte de la instalación renovable, no pudiendo estar directamente conectado a la red.
Para concederse los puntos correspondientes a este criterio se evaluarán las características técnicas del sistema de almacenamiento utilizado, según los datos del diseño y de los fabricantes de los equipos que conformen el sistema de almacenamiento.
Recuperación de residuos y transformación en materias primas secundarias-Programa 3: Las actuaciones del programa 3 están obligadas a recuperar al menos el 50 % en peso de los residuos (palas y/u otros componentes del aerogenerador que utilicen materiales compuestos) y transformarlos en materias primas secundarias que puedan introducirse en los procesos productivos. Se podrá asignar puntuación a aquellas actuaciones que aumenten el porcentaje de recuperación.
Grado de contribución a una cadena de valor de calidad por las materias primas secundarias-Programa 3: Se podrán valorar las actuaciones en función de la separación de tipos de materiales que se obtenga y de la mayor contribución a una cadena de valor de calidad debido a la introducción de las materias primas secundarias transformadas en los procesos productivos asociados a dicha cadena de valor.
Replicabilidad y escalabilidad-Programa 3: Se podrán valorar actuaciones en base a su grado de replicabilidad y escalabilidad:
– Poca replicabilidad: A aquellas actuaciones que se valoren como difícilmente replicables y que requerirán, a juicio de la Comisión Técnica de Valoración, de mayores incentivos o de condiciones especiales para reproducirse en otro destino.
– Elevado grado de replicabilidad/escalabilidad: A aquellas actuaciones que se valoren como fácilmente replicables y escalables ya que no se prevean condicionantes técnicos, económicos o logísticos que lo impidan, a juicio de la Comisión Técnica de Valoración, tras el análisis de la documentación presentada por el solicitante.
4. Externalidades positivas
Proyecto con mecanismos de participación ciudadana, así como otras modalidades de comunidades energéticas: La evaluación de este criterio se realizará considerando el interés actual por el desarrollo de las comunidades energéticas y los mecanismos de participación que facilitarán la integración de las energías renovables en el sistema energético, aumentando su capacidad de penetración y abastecimiento de la demanda.
Por ello, se valoran los proyectos realizados por una comunidad de energías renovables y los proyectos que sean de otras modalidades de comunidades energéticas incluidas las comunidades ciudadanas de energía, y aquellos que no siendo comunidades de energías renovables conforman asociaciones o incluyen mecanismos que facilitan su desarrollo, así como la gestión de la demanda y la participación ciudadana.
Impacto en cadena de valor: Se podrán valorar aquellas actuaciones que cumplan con que el origen de fabricación y/o ensamblaje de los equipos e instalaciones principales que se instalen, asociados a la actuación, provenga de suministradores directos, agentes de la cadena de valor o plantas industriales ubicadas en el territorio español o en otro u otros países de la Unión Europea.
Impacto en generación de empleo: Se podrán valorar aquellas actuaciones que cumplan con un impacto positivo en la generación de empleo.
Impacto en la formación, en la mejora de capacidades y el reciclaje profesional: Se podrán valorar aquellas actuaciones que cumplan con un impacto positivo en la formación, en la mejora de las capacidades y en el reciclaje profesional, dentro del área de actuación de su programa correspondiente.
Transición justa y/o reto demográfico: Se podrán valorar positivamente los proyectos desarrollados parcial o totalmente en municipios de reto demográfico.
Igualmente se podrán valorar positivamente los proyectos desarrollados parcial o totalmente en municipios incluidos en los Convenios de Transición Justa.
5. Criterio «Económico»
Se asignarán los puntos de este criterio, según se concrete en la convocatoria correspondiente, otorgando más puntos a los proyectos que propongan una mayor reducción sobre la ayuda máxima.
Ayudas
Energía eólica
Gestión de residuos
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía
Obras hidráulicas
Producción de energía
Subvenciones
Referencias
Afecta a disposiciones anteriores (3)
de conformidad conel Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre
se deja sin efectolo indicado, SE MODIFICA determinados preceptos y, en la forma indicada, las referencias señaladas, por Orden TED/1444/2025, de 11 de diciembreOrden TED/1444/2025, de 11 de diciembre, por la que se modifican las bases reguladoras de varios programas de ayudas, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea-Next Generation EU.