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La ley modifica normas de la Generalitat Valenciana en varias materias: tributos propios y cedidos, vivienda, cooperativas, urbanismo, función pública, sanidad, servicios sociales, educación, agricultura, justicia, emergencias e industria. También reorganiza entes del sector público autonómico.

La ley reúne medidas para reducir y simplificar la normativa de la Generalitat Valenciana, agilizar trámites administrativos y garantizar la unidad de mercado. También regula el apoyo a empresas emergentes y a la investigación, y contiene medidas en servicios sociales, vivienda, sanidad, educación, medio ambiente, industria y turismo.

Modifica normas fiscales y administrativas de Cantabria para 2026. Incluye cambios en la tasa de gestión final de residuos urbanos y en tributos cedidos, y ajusta varias leyes autonómicas sobre administración, subvenciones, protección civil, urbanismo, carreteras, sanidad y personal sanitario.

Modifica varias leyes catalanas de vivienda y urbanismo para facilitar el acceso a la vivienda. Cambia normas sobre obra pública, fianzas de alquiler, urbanismo, vivienda protegida, barrios y equipamientos comerciales.

La ley aprueba medidas fiscales y administrativas para aplicar los presupuestos de Galicia de 2026. Incluye cambios en tributos cedidos, tasas y precios públicos, y modificaciones de normas sobre seguridad, medio ambiente, educación, política social, empleo público, vivienda, sanidad, cultura y medio rural.

Aprueba los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2026: fija los gastos e ingresos de la Administración y sus organismos, regula las modificaciones de créditos, el gasto de personal, las operaciones de crédito y algunas normas tributarias y de tasas.

El Real Decreto excluye de la Red de Carreteras del Estado el tramo de la carretera B-23 entre los puntos kilométricos 0+000 y 6+920 (calzada ascendente) y 0+000 y 7+100 (calzada descendente), en la provincia de Barcelona. Ese tramo pasa a ser titularidad de la Generalitat de Catalunya, que lo incorporará a su catálogo de carreteras.

Aprueba los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2026: fija los gastos e ingresos de la Junta y de sus entes dependientes, regula las retribuciones del personal y las operaciones financieras y tributarias. También establece las transferencias y delegaciones de competencias a los ayuntamientos.

Modifica varias normas catalanas para reforzar la seguridad del suministro eléctrico tras el apagón del 28 de abril de 2025. Cambia reglas de energías renovables, urbanismo, aguas, residuos y calidad del suministro, y facilita el despliegue de líneas eléctricas y plantas solares.

Modifica la Ley 2/1995 del Principado de Asturias sobre régimen jurídico de la Administración para adaptarla a las leyes estatales de 2015. Incluye medidas de simplificación administrativa en carreteras, montes, patrimonio, patrimonio cultural y subvenciones, y regula el uso de medios digitales e inteligencia artificial en los procedimientos.

Modifica la Ley de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias para regular el transporte de viajeros en automóviles de turismo, como el arrendamiento con conductor. Incluye la suspensión temporal del otorgamiento de nuevos títulos habilitantes y criterios sobre emisiones y uso del espacio público.

Modifica varias leyes de la Comunitat Valenciana en materia de tasas, impuestos cedidos y tributos propios, y cambia normas sobre servicios sociales, vivienda, sanidad, educación, medio ambiente y organización administrativa. También reorganiza entes del sector público autonómico.

Modifica varias leyes de Castilla-La Mancha en materias administrativas y tributarias para aplicar los objetivos de los presupuestos de 2025. Ajusta normas sobre hacienda, archivos, educación, montes, patrimonio cultural, ordenación del territorio, infancia, integridad pública y juego.

Modifica doce leyes y una norma reglamentaria de la Comunidad de Madrid para reorganizar la administración local y autonómica. Cambia el reparto de competencias en transporte urbano, el régimen de las mancomunidades de municipios y varios procedimientos administrativos.

Esta ley de la Comunidad Autónoma de Galicia reúne medidas fiscales y administrativas para aplicar los presupuestos de 2025. Incluye cambios en impuestos cedidos, un impuesto sobre estancias turísticas y modificaciones en telecomunicaciones, energía eólica, medio ambiente, vivienda, sanidad y empleo público, entre otras áreas.

La ley aprueba medidas fiscales y administrativas para 2025 en La Rioja. En impuestos, prorroga una deducción del IRPF por intereses de préstamos hipotecarios y bonifica al 100 % el impuesto sobre el patrimonio. También modifica tasas y varias leyes autonómicas.

La ley reúne medidas para simplificar y agilizar los trámites y procedimientos de las administraciones públicas de las Illes Balears. Modifica varias normas y regula la simplificación en sectores como agricultura, agua, educación, energía, medio ambiente, turismo y urbanismo, e impulsa la digitalización.

Modifica varias leyes de Cantabria en materia fiscal y administrativa. Incluye cambios en tributos propios y cedidos, tasas de residuos y agua, y en normas sobre finanzas, subvenciones, urbanismo, carreteras, vivienda protegida, turismo, discapacidad y sanidad.

La ley regula cómo se valoran y fomentan los beneficios sociales y económicos de los proyectos que usan recursos naturales en Galicia, como las energías renovables y la minería. Integra esa valoración en la evaluación de impacto ambiental y crea instrumentos de participación y financiación.