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Suspende el otorgamiento de nuevas autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor (VTC) y de licencias de autotaxi en las Illes Balears. La suspensión se mantiene hasta que se apruebe un decreto que fije los criterios objetivos para concederlas. No afecta a las autorizaciones insulares temporales.

Declara de interés general la producción de hidrógeno a partir de electricidad generada en instalaciones aisladas de energías renovables en Extremadura. Regula el régimen aplicable, los efectos de esa declaración y el procedimiento para reconocer la utilidad pública o interés social.

Modifica el Decreto-ley 1/2022, que regula medidas urgentes urbanísticas y económicas para construir o reconstruir viviendas habituales afectadas por la erupción volcánica de La Palma. La norma cambia el texto anterior para ajustar esas medidas.

Modifica la Ley 7/2013 sobre instalación, acceso y ejercicio de actividades en las Illes Balears, con especial atención a las actividades no permanentes de ocio y entretenimiento. Además, establece el régimen de prestación del servicio de taxi en la isla de Ibiza y modifica otras normas autonómicas.

Regula el alquiler de vehículos con conductor (VTC) en Cataluña. Crea autorizaciones de ámbito urbano con condiciones específicas y fija el régimen de infracciones y sanciones. Se aplica cuando termina el periodo transitorio de cuatro años del Real Decreto-ley 13/2018.

El Decreto-ley regula el transporte público regular de viajeros por carretera en Extremadura para adaptarlo a la crisis sanitaria. Establece un régimen de transporte a la demanda y compensaciones económicas a las empresas que cumplen obligaciones de servicio público. También modifica la Ley del comercio ambulante para dar más autonomía a los ayuntamientos.

Establece medidas urgentes en Canarias sobre vivienda protegida: regímenes, precios máximos, superficie, duración de la protección y derechos de tanteo y retracto. También regula el visado de autorizaciones de transporte por carretera y exenciones de cánones en puertos autonómicos.

Establece deducciones temporales en tasas y tarifas portuarias y una moratoria en su cobro para paliar los efectos del estado de alarma en los puertos de la Generalitat. También modifica la Ley del taxi y la Ley de seguridad ferroviaria de la Comunitat Valenciana.