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Aprueba el Reglamento que fija las condiciones básicas de accesibilidad cognitiva. Regula cómo deben ofrecerse la información y la comunicación para que las personas con dificultades cognitivas puedan entenderlas en ámbitos como administraciones, justicia, transportes, empleo o servicios públicos.

Crea el procedimiento para que las entidades del Tercer Sector de Acción Social de ámbito estatal sean reconocidas como colaboradoras de la Administración General del Estado. Fija los derechos y obligaciones de estas entidades, los requisitos y la documentación para solicitarlo, y crea una Comisión de Evaluación que instruye y resuelve.

Establece criterios generales para adaptar medios y tiempos y aplicar otros ajustes razonables en los procesos selectivos de acceso al empleo público para personas con discapacidad. Regula quiénes se benefician, cómo se piden las adaptaciones y cómo se conceden.

Regula cómo se reparten entre comunidades y ciudades autónomas las personas menores de edad migrantes no acompañadas cuando se declara una situación de contingencia migratoria extraordinaria. Fija el procedimiento de traslado, las actuaciones de las administraciones de origen y destino y el seguimiento de su cumplimiento.

Modifica las reglas para conceder traslados a funcionarios de carrera de la Administración General del Estado por discapacidad sobrevenida, agravación de la discapacidad o motivos de salud propios o de familiares a cargo. Concreta cómo se valora la solicitud cuando la persona está de baja médica.

Actualiza los acuerdos que fijan qué comprueba la Intervención General antes de autorizar ciertos gastos públicos. Revisa los requisitos básicos para gastos generales, contratos públicos, convenios y transferencias a comunidades autónomas.

Publica el acuerdo del Consejo Territorial que fija el marco de cooperación y los criterios para repartir entre las comunidades autónomas los créditos estatales de 2022 para el nivel acordado de la dependencia. Estos créditos se recogen en el presupuesto del Imserso.

Publica el acuerdo por el que la Comunidad Foral de Navarra asume la gestión de la prestación no contributiva del ingreso mínimo vital en su territorio. Navarra se encarga de informar, tramitar, resolver, controlar y pagar esta prestación a las personas residentes en Navarra.

Publica el acuerdo por el que el País Vasco asume la gestión de la prestación no contributiva del ingreso mínimo vital en su territorio. El acuerdo se recoge en un convenio entre la Administración del Estado y la comunidad autónoma.

La ley aprueba los Presupuestos Generales del Estado para 2022: fija los ingresos previstos y autoriza los gastos del Estado y de los organismos que dependen de él. También regula la gestión de esos gastos, el personal público, las pensiones, la deuda pública, algunas normas tributarias y la financiación de comunidades autónomas y entidades locales.

Modifica el Real Decreto 581/2017 para ajustar el procedimiento de reconocimiento de cualificaciones profesionales en España a la normativa europea. Añade la obligación de informar al solicitante, en el plazo de un mes, de los documentos que falten en su expediente y amplía el plazo para subsanarlos.