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Aprueba el Reglamento que fija las condiciones básicas de accesibilidad cognitiva. Regula cómo deben ofrecerse la información y la comunicación para que las personas con dificultades cognitivas puedan entenderlas en ámbitos como administraciones, justicia, transportes, empleo o servicios públicos.

La ley reúne medidas para reducir y simplificar la normativa de la Generalitat Valenciana, agilizar trámites administrativos y garantizar la unidad de mercado. También regula el apoyo a empresas emergentes y a la investigación, y contiene medidas en servicios sociales, vivienda, sanidad, educación, medio ambiente, industria y turismo.

Crea el sello electrónico de la Dirección General de Derechos de la Infancia y de la Adolescencia, del Ministerio de Juventud e Infancia. El sello sirve para identificar y autenticar la actuación administrativa automatizada de ese órgano. La resolución fija sus características técnicas y su uso.

Regula los requisitos y el procedimiento para que los centros, servicios y entidades privadas que atienden a personas en situación de dependencia en Ceuta y Melilla obtengan la acreditación administrativa. Fija requisitos de calidad, recursos humanos y reglas para la vigencia, renovación y revocación de la acreditación.

La ley establece un tipo reducido del 4 % en el impuesto de transmisiones patrimoniales para la compra de primera vivienda habitual por jóvenes menores de 40 años. También modifica la normativa sobre vivienda y la cédula de habitabilidad en La Rioja.

Reorganiza la Justicia para crear los Tribunales de Instancia y las Oficinas de Justicia en los municipios, y regula los medios adecuados de solución de controversias fuera de los tribunales. También modifica varias leyes procesales para adaptarlas a esta nueva organización.

Establece el marco para simplificar los trámites y procedimientos de la Administración de la Comunitat Valenciana. Crea órganos y planes de simplificación, regula el Canal Empresa, la carpeta ciudadana y el uso de nuevas tecnologías, y modifica normas en muchas materias.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 7/2024, que recoge medidas urgentes para responder a los daños causados por la DANA entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024 en varios municipios. La convalidación permite que esas medidas sigan en vigor.

Modifica el Decreto 74/2011, que regula cómo se reconoce la situación de dependencia y el derecho a los servicios y prestaciones económicas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en la Región de Murcia. También cambia el régimen de infracciones y sanciones.

Establece medidas urgentes para responder a los daños de la DANA de octubre y noviembre de 2024 en varios municipios. Incluye actuaciones en energía, impuestos, industria, agricultura, vivienda, empleo, Seguridad Social, educación, cultura, transportes y protección de colectivos vulnerables.

La ley tiene como finalidad mejorar la calidad de vida de las personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y otras enfermedades o procesos de alta complejidad y curso irreversible. Regula el reconocimiento de la discapacidad y la dependencia, con procedimientos de urgencia, y establece medidas de apoyo para las personas afectadas y sus cuidadoras.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso contra el Real Decreto 574/2023, que regula las ayudas a las personas afectadas por la talidomida en España entre 1950 y 1985. Anula varios apartados de los artículos 2, 6 y 8 en lo que se refieren a quienes ya fueron reconocidos como afectados por una administración autonómica.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso de la Asociación de Víctimas de la Talidomida contra el Real Decreto 574/2023, que regula las ayudas a las personas afectadas por la talidomida entre 1950 y 1985. Anula los artículos 2 c), 6.1 h) y 8.2 en la parte que aplican el procedimiento a quienes ya fueron reconocidos como afectados por una comunidad autónoma.

El Tribunal Supremo corrige un error en la sentencia de 25 de junio de 2024 sobre el recurso contra el Real Decreto 574/2023, que regula las ayudas a las personas afectadas por la talidomida en España entre 1950 y 1985. La corrección anula los artículos 2.c), 6.1.h) y 8.2 en la parte que se aplicaban a quienes ya habían sido reconocidos como afectados por una Administración.

Este decreto-ley reúne medidas para simplificar y racionalizar los trámites y la normativa de las administraciones públicas de las Illes Balears. Modifica varias leyes y regula por sectores como agricultura, agua, educación, energía, movilidad, medio ambiente, turismo y urbanismo, e impulsa la digitalización.

Regula la ayuda económica para víctimas de violencias sexuales que carezcan de recursos suficientes, prevista en la Ley Orgánica 10/2022. Fija quién puede solicitarla, cómo se acredita la condición de víctima, el plazo de solicitud, la cuantía, el pago, la tramitación y el reembolso. También modifica el real decreto que regula la ayuda económica para víctimas de violencia de género.

Modifica varias leyes de la Comunitat Valenciana en materia de tasas e impuestos propios y cedidos, y en organización administrativa. También cambia normas sobre vivienda, servicios sociales, infancia, juego, función pública, educación, agricultura, medio ambiente y sanidad.

La ley aprueba medidas fiscales y administrativas para 2024 en La Rioja. Incluye cambios en impuestos cedidos como el IRPF, con una rebaja de tipos, y modificaciones en tasas, juego, sanidad, servicios sociales y gestión de fondos europeos.

Modifica la ley catalana contra la violencia machista para regular las indemnizaciones y ayudas a las mujeres víctimas y ampliar el derecho a la reparación integral. Añade dos disposiciones adicionales a la Ley 5/2008 y fija la coordinación entre departamentos y los efectos presupuestarios.