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Crea el sello electrónico de la Dirección General de Derechos de la Infancia y de la Adolescencia, del Ministerio de Juventud e Infancia. El sello sirve para identificar y autenticar la actuación administrativa automatizada de ese órgano. La resolución fija sus características técnicas y su uso.

Actualiza el marco legal de la economía social. Modifica la Ley de Cooperativas para adaptarla a nuevas formas de participación digital y a la igualdad entre mujeres y hombres, y revisa el régimen de las empresas de inserción. También cambia otras normas relacionadas con prevención de riesgos laborales, contratos públicos, ingreso mínimo vital e incentivos a la contratación.

Crea la sede electrónica del Instituto de la Juventud (INJUVE), con la dirección https://injuve.sede.gob.es. A través de ella se harán los trámites y servicios del organismo que requieran identificación electrónica de la ciudadanía o de la Administración.

Crea la sede electrónica asociada del Ministerio de Juventud e Infancia, vinculada al Punto de Acceso General electrónico de la Administración General del Estado. Regula su ámbito, dirección, titularidad y canales de acceso para que la ciudadanía pueda relacionarse por medios electrónicos con el departamento.

La Orden crea y regula el Portal de Internet del Ministerio de Juventud e Infancia, con el dominio https://www.juventudeinfancia.gob.es. El portal ofrecerá información sobre procedimientos y servicios del Ministerio y facilitará la relación electrónica de la ciudadanía con este departamento.

Modifica las normas de las ayudas para bonos digitales destinados a colectivos vulnerables. Fija un criterio mínimo económico para identificar a las personas beneficiarias y establece reglas más homogéneas para gestionar y conceder los bonos.

Regula la concesión directa de subvenciones a entidades del Tercer Sector para dar formación en competencias digitales a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad. Se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y fija el procedimiento, los gastos subvencionables y las obligaciones de las entidades.

La Diputación Permanente del Congreso convalida el Real Decreto-ley 5/2023, que mantiene y prorroga medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania, apoya la reconstrucción de La Palma y atiende otras situaciones de vulnerabilidad. También incorpora al ordenamiento español directivas europeas sobre modificaciones estructurales de sociedades y conciliación de la vida familiar y laboral.

Este real decreto-ley reúne varias medidas: incorpora directivas europeas sobre fusiones y escisiones de empresas y sobre conciliación familiar y laboral, prorroga ayudas frente a la guerra de Ucrania y para La Palma, y adopta medidas urgentes en materia financiera, energética, agraria, de vivienda y de tráfico.

Desarrolla la Ley 13/2011 para crear entornos de juego más seguros. Obliga a los operadores de juego a aplicar planes de juego seguro, informar a las personas consumidoras y detectar comportamientos de riesgo. Incluye medidas especiales para jóvenes y personas con juego intensivo.

Crea la sede electrónica del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, asociada a la sede del Punto de Acceso General electrónico (PAGe) del Estado. Fija su dirección, su titularidad y quién gestiona sus contenidos y servicios.

Establece medidas para garantizar la protección integral frente a las violencias sexuales. Incluye prevención y detección en ámbitos educativo, sanitario, laboral y digital, formación de profesionales, asistencia integral a las víctimas y actuación policial y judicial.

La ley regula el derecho a la igualdad de trato y a la no discriminación en España. Prohíbe la discriminación por motivos como nacimiento, raza, sexo, religión, edad o discapacidad en ámbitos como el empleo, la educación, la sanidad, la vivienda o los servicios. Crea la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación y fija infracciones y sanciones.

Establece las normas generales de la comunicación audiovisual en España: televisión, radio y plataformas de intercambio de vídeos. Regula los títulos para prestar estos servicios, el servicio público audiovisual, las obligaciones de los prestadores y el régimen sancionador.

Modifica la Resolución de 14 de enero de 2022 del Instituto Nacional de la Seguridad Social para incluir el ingreso mínimo vital entre las prestaciones cuya resolución puede adoptarse de forma automatizada. También cambia el reparto de expedientes entre direcciones provinciales y fija cuál es competente en pensiones con convenios internacionales, incluido el de Senegal.