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El acuerdo regula la cofinanciación entre España y el FIDA del Proyecto Paulo Freire II en el Estado de Ceará (Brasil), destinado a superar el hambre y reducir la pobreza rural extrema. España aporta un crédito de hasta 92 millones de euros y una donación de 4 millones, y el FIDA un préstamo de 8 millones.

Regula la situación jurídica en España de la Oficina Global de UNICEF, sus locales y el personal asignado. España y UNICEF acuerdan las condiciones para que esa oficina desarrolle funciones normativas, administrativas, operativas y técnicas de apoyo a las operaciones de UNICEF en el mundo.

Modifica la norma que regula vacaciones, permisos, reducciones de jornada y licencias de los miembros de las Fuerzas Armadas. Actualiza estas medidas para adaptarlas a los cambios recientes en el régimen de permisos del personal público, en especial el permiso de nacimiento y cuidado y las medidas de conciliación.

Declara el uso del sistema de lectoescritura braille de las lenguas españolas como Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial. La declaración produce efectos desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Fija el reparto entre las empresas del sector eléctrico de las cantidades que financian el bono social y el coste del suministro de electricidad de determinados consumidores vulnerables durante 2026. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia propone el reparto y el Ministerio lo aprueba.

Actualiza los estándares de competencias profesionales de catorce familias profesionales (como Agraria, Energía y Agua, Química o Transporte y Mantenimiento de Vehículos) recogidos en el Catálogo Nacional de Estándares de Competencias Profesionales. Estos estándares son la referencia para diseñar y actualizar las ofertas de formación profesional.

Aprueba el traspaso a la Comunidad Autónoma del País Vasco de los medios personales que gestionan las prestaciones familiares no contributivas y el subsidio por nacimiento y cuidado de menor no contributivo. El traspaso se rige por el Acuerdo de la Comisión Mixta de 16 de enero de 2026.

Regula el Observatorio Estatal del Voluntariado, un órgano colegiado de participación de las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla, la Federación Española de Municipios y Provincias y las entidades de voluntariado. Establece su objeto, naturaleza, funciones, composición y régimen de funcionamiento.

Crea y regula el Registro Electrónico de Colaboradores de Extranjería, donde se inscriben entidades habilitadas para presentar por vía electrónica solicitudes de extranjería en nombre de otras personas. La orden fija los órganos competentes, el procedimiento de inscripción, las obligaciones de los colaboradores y su baja del registro.

Suprime el centro de internamiento de extranjeros de Algeciras y su anexo de Tarifa, y crea un nuevo centro en Algeciras en otra ubicación. La Dirección General de la Policía se encarga de trasladar a los internos y reorganizar los recursos humanos.

Aprueba el Marco de Asociación para el Desarrollo Sostenible España-Colombia 2025-2029, que fija la estrategia de cooperación entre ambos países para ese periodo. El objetivo principal es la construcción de una paz duradera y sostenible, con prioridades como la lucha contra el cambio climático, el hambre y las desigualdades.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones aporta 4 millones de euros a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para ejecutar proyectos en 2026 sobre reasentamiento, retorno voluntario asistido y reintegración, movilidad laboral e inclusión social.

Fija los precios de los cargos del sistema eléctrico y otros costes regulados para 2026. También aprueba el reparto de las cantidades para financiar el bono social y el suministro de electricidad de determinados consumidores ese año.

Convoca las ayudas del Plan de Atención Socio-Sanitaria de la Mutualidad General Judicial para 2026. Cubre programas para personas mayores, personas con discapacidad, personas drogodependientes y gastos de productos ortoprotésicos. Mantiene los requisitos y cuantías de la convocatoria de 2025.

Establece los procedimientos básicos para acreditar que una persona es víctima de violencias sexuales. La acreditación sirve para acceder a los derechos y recursos previstos en la ley. Se aprueba en el marco de la Conferencia Sectorial de Igualdad.

Establece las bases reguladoras para conceder becas a empleados públicos que preparen las pruebas de acceso, por promoción interna, a los cuerpos y escalas del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Fija los requisitos, el procedimiento de concesión, los criterios de valoración y las cuantías de las ayudas.

El Ministerio del Interior aporta financiación a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para dos proyectos: retorno voluntario y reintegración de migrantes vulnerables desde Marruecos, y apoyo a la gestión de flujos migratorios hacia España. El acuerdo fija la contribución, los plazos de pago y su duración hasta el 31 de diciembre de 2026.

Atribuye el número corto 018 al servicio telefónico de atención a víctimas de siniestros de tráfico, gestionado por la Dirección General de Tráfico. El servicio es gratuito, accesible desde todo el Estado y de interés social.

Publica un acuerdo entre el Estado y Canarias para abrir negociaciones sobre una discrepancia en el artículo 1 del Decreto-ley canario 4/2025, que regula cómo se valora y califica el grado de discapacidad en Canarias. Se crea un grupo de trabajo para proponer una solución.