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Establece las directrices y criterios comunes que deben seguir las comunidades autónomas para elaborar sus planes anuales de prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales. Los planes deben cubrir todo el año, con análisis de riesgo, zonificación del territorio, catálogo de medios y medidas preventivas.

Declara «zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil» el territorio dañado por la DANA que afectó a la Península y Baleares entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024. Esta declaración permite aplicar las medidas de ayuda previstas en la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil.

Modifica varias leyes de la Comunidad de Madrid para impulsar la actividad económica y modernizar la Administración. Cambia normas sobre hacienda, tasas, urbanismo, medio ambiente, carreteras, juego, entidades locales, servicios sociales, deporte y organización administrativa.

Esta ley de Extremadura agrupa medidas para agilizar la respuesta de la administración a la ciudadanía y mejorar la prestación de servicios públicos. Incluye cambios en el impulso a proyectos empresariales, en normas ambientales, urbanísticas, tributarias, de consumo, de renta garantizada y de contratación pública, entre otras.

Establece medidas urgentes en Cataluña para paliar los efectos del conflicto de Ucrania, como agilizar proyectos de energías renovables y flexibilizar plantas solares en suelo agrícola y forestal. También actualiza medidas adoptadas durante la pandemia de la COVID-19 en sanidad, servicios sociales y vivienda.

Modifica por segunda vez la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres del País Vasco. Actualiza artículos sobre participación, subvenciones, contratación pública, empleo, cuidados, violencia machista y atención sanitaria, social, policial y judicial. También cambia otras leyes vascas relacionadas.

La Instrucción aclara cómo se reanudan los plazos registrales tras levantarse la suspensión por el COVID-19. Recuerda que el artículo 42 del Real Decreto-ley 8/2020 sigue vigente y que la prórroga de quince días de los plazos de calificación y despacho se aplica a los documentos con asiento de presentación vigente el 13 de marzo de 2020.

Establece la vigilancia epidemiológica obligatoria de la COVID-19 durante la transición hacia la nueva normalidad. Fija cómo se detectan los casos, cómo se obtienen y comunican los datos y cómo deben informar los laboratorios.