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Establece las condiciones del segundo tramo de avales públicos para financiación de pymes y autónomos afectados por la DANA de octubre y noviembre de 2024. El tramo asciende a hasta 240 millones de euros y el Instituto de Crédito Oficial subvenciona los intereses de esa financiación avalada.

Modifica el Código de Buenas Prácticas para deudores hipotecarios en riesgo de vulnerabilidad para adaptarlo al Real Decreto-ley 7/2024, aprobado tras la DANA de octubre y noviembre de 2024. Las entidades ya adheridas siguen adheridas salvo que pidan la exclusión, y las no adheridas pueden hacerlo en 15 días.

Regula la protección de las personas que informan sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. Crea canales internos y externos para recibir denuncias y establece medidas de protección frente a represalias. Crea la Autoridad Independiente de Protección del Informante.

La ley busca facilitar la creación de nuevas empresas y reducir los obstáculos que frenan su crecimiento. Para ello modifica normas sobre sociedades, unidad de mercado, contratos públicos y morosidad, y regula las plataformas de financiación participativa.

La ley aprueba los Presupuestos Generales del Estado para 2022: fija los ingresos previstos y autoriza los gastos del Estado y de los organismos que dependen de él. También regula la gestión de esos gastos, el personal público, las pensiones, la deuda pública, algunas normas tributarias y la financiación de comunidades autónomas y entidades locales.

Aprueba los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para 2021. Fija los créditos iniciales de la Administración General, sus organismos autónomos y entidades públicas, y regula su financiación. Incluye normas sobre gastos de personal, gestión presupuestaria, deuda pública y tributos.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 25/2021, de medidas en materia de Seguridad Social y otras medidas fiscales de apoyo social. Se ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Autoriza un crédito extraordinario de 5.012 millones de euros para equilibrar las cuentas de la Seguridad Social por el impacto del COVID-19 y financiar las prestaciones. También regula la financiación de ampliaciones de crédito del Servicio Público de Empleo Estatal y establece que ciertas ayudas públicas no tributen en el IRPF ni en el Impuesto sobre Sociedades.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 7/2021, que adapta la ley española a varias directivas de la Unión Europea. Las materias son competencia, blanqueo de capitales, entidades de crédito, telecomunicaciones, tributos, daños medioambientales, desplazamiento de trabajadores y defensa de los consumidores.

Este real decreto-ley incorpora al derecho español varias directivas de la Unión Europea. Regula la defensa de la competencia, la prevención del blanqueo de capitales, las entidades de crédito, las telecomunicaciones, el IVA, los daños medioambientales, el desplazamiento de trabajadores y la defensa de los consumidores.

Publica el Acuerdo del Consejo de Ministros que pone en marcha el quinto tramo de la línea de avales del Real Decreto-ley 8/2020, por 15.500 millones de euros. El Ministerio avala préstamos de entidades financieras a pymes, autónomos, grandes empresas, sector turístico y compra de vehículos de transporte profesional.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, que recoge medidas agrarias, científicas, económicas, de empleo, de Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos del COVID-19. Ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Amplía y completa medidas para paliar los efectos del COVID-19 en agricultura, ciencia, economía, empleo, Seguridad Social e impuestos. Incluye prórroga de la flexibilización del empleo agrario, avales a la Comisión Europea, moratorias de préstamos y cambios en el Impuesto sobre Sociedades.

Define los criterios y requisitos que deben cumplir los inquilinos de vivienda habitual para acceder a préstamos avalados por el Estado y con gastos e intereses subvencionados, destinados a pagar el alquiler. Regula las condiciones de los préstamos, la presentación de solicitudes, el pago al arrendador y el control de las ayudas.