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La ley reúne medidas para reducir y simplificar la normativa de la Generalitat Valenciana, agilizar trámites administrativos y garantizar la unidad de mercado. También regula el apoyo a empresas emergentes y a la investigación, y contiene medidas en servicios sociales, vivienda, sanidad, educación, medio ambiente, industria y turismo.

La ley aprueba medidas fiscales y administrativas para aplicar los presupuestos de Galicia de 2026. Incluye cambios en tributos cedidos, tasas y precios públicos, y modificaciones de normas sobre seguridad, medio ambiente, educación, política social, empleo público, vivienda, sanidad, cultura y medio rural.

Modifica el Real Decreto 348/2001, que regula la elaboración, comercialización e importación de alimentos tratados con radiaciones ionizantes. Suprime la obligación de presentar informes anuales a la Comisión Europea, porque esa información ya se cubre con otro reglamento de la Unión Europea.

Modifica la Instrucción Técnica Complementaria número 4 del Reglamento de Armas para fijar una profundidad mínima de 0,0762 milímetros en el marcado de armas de fuego y sus componentes esenciales. Con ello incorpora al ordenamiento español la Directiva de Ejecución (UE) 2024/325.

Actualiza y modifica parcialmente cualificaciones profesionales de diez familias profesionales recogidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. Estas cualificaciones sirven de referencia para diseñar y acreditar la formación profesional.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-ley 3/2024 de la Junta de Andalucía, que adopta medidas de simplificación y racionalización administrativa y de impulso de la actividad económica. El recurso lo presentan más de cincuenta senadores del Grupo Parlamentario Socialista.

Modifica varias tasas y tributos propios de la Generalitat de Cataluña, como el canon del agua, el impuesto sobre las emisiones de CO2 de vehículos, el impuesto sobre estancias turísticas y el impuesto sobre viviendas vacías. También introduce medidas financieras, de contratación pública, de personal y de organización del sector público para 2023.

La ley busca facilitar la creación de nuevas empresas y reducir los obstáculos que frenan su crecimiento. Para ello modifica normas sobre sociedades, unidad de mercado, contratos públicos y morosidad, y regula las plataformas de financiación participativa.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, que establece medidas urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio, y medidas en materia tributaria. Se ordena su publicación para conocimiento general.

Establece medidas urgentes para apoyar al turismo, la hostelería y el comercio. Incluye ayudas para el pago de alquileres de locales de negocio, medidas laborales y de Seguridad Social, y beneficios fiscales para empresas y autónomos.

Modifica varios reales decretos de cualificaciones profesionales para adaptar las unidades de competencia de idiomas al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Actualiza así el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales en distintas familias profesionales.

Declara que las ayudas del artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2019 se aplican a varias situaciones catastróficas ocurridas entre el 1 de abril de 2019 y el 31 de marzo de 2020. Estas ayudas son subvenciones para que las entidades locales reparen infraestructuras y servicios dañados.

Permite aplicar con más flexibilidad algunas restricciones del estado de alarma por COVID-19 en pequeños municipios y entes locales de ámbito territorial inferior. Regula desplazamientos de menores, actividad física, higiene, mercados al aire libre, hostelería y servicios sociales en esos territorios.

Permite ampliar los horarios de apertura de los comercios minoristas que podían abrir durante el estado de alarma por el COVID-19 en Extremadura. Busca escalonar la compra de productos de primera necesidad y evitar aglomeraciones.

La ley aprueba un conjunto de medidas fiscales y administrativas para aplicar los presupuestos de Galicia de 2020. Incluye cambios en impuestos cedidos y propios y modificaciones de normas sobre empleo público, medio ambiente, servicios sociales, economía, cultura, educación, sanidad y deporte.

Modifica varias leyes de la Comunitat Valenciana en materias como tasas, igualdad, servicios sociales, vivienda, hacienda, justicia, sanidad, educación, economía, agricultura, territorio y transparencia. También reorganiza entes del sector público instrumental y crea el Observatorio Fiscal de la Comunitat Valenciana.