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Modifica los criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios de dependencia para permitir, en situaciones excepcionales de crisis, contratar personal de atención directa sin la titulación exigida. Se aplica cuando se declare emergencia, alarma, excepción o sitio y no haya demandantes de empleo con titulación en la zona.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-ley 3/2024 de la Junta de Andalucía, que adopta medidas de simplificación y racionalización administrativa y de impulso de la actividad económica. El recurso lo presentan más de cincuenta senadores del Grupo Parlamentario Socialista.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, que adopta medidas complementarias en el ámbito laboral para paliar los efectos del COVID-19. Ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Modifica de forma temporal los criterios comunes de acreditación de centros y servicios de atención a la dependencia. Permite que, si faltan profesionales titulados en la zona, otras personas con titulación distinta o con experiencia en cuidados puedan cubrir esos puestos. El régimen excepcional dura inicialmente tres meses y puede prorrogarse.

Aclara que las personas con discapacidad que tengan alteraciones conductuales, como el espectro autista con conductas disruptivas agravadas por el confinamiento, pueden circular por la vía pública durante el estado de alarma, acompañadas de una persona, respetando las medidas para evitar el contagio.

Publica un Acuerdo del Consejo de Ministros que modifica las directrices básicas de planificación de protección civil y los planes estatales de protección civil. El objetivo es mejorar la atención a las personas con discapacidad y a otros colectivos en situación de especial vulnerabilidad ante emergencias.