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Adapta al derecho español varias directivas de la Unión Europea. Regula los bonos garantizados que emiten los bancos, la venta transfronteriza de fondos de inversión, la reutilización de datos del sector público, los derechos de autor en internet, ciertas exenciones de IVA, la protección de las personas consumidoras y el fomento de vehículos de transporte limpios.

Prórroga los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) vinculados a la pandemia y las exenciones en las cotizaciones a la Seguridad Social. También mantiene las prestaciones por desempleo extraordinarias y las ayudas por cese de actividad para trabajadores autónomos. Incluye medidas específicas para Canarias por la erupción volcánica.

Establece medidas urgentes para reducir el efecto de la subida del precio del gas natural en la factura de la luz y el gas. Crea un suministro mínimo vital, ajusta impuestos energéticos y aplica un mecanismo que limita los ingresos extra de las eléctricas por el gas caro.

Prorroga medidas de protección social que terminaban el 9 de agosto de 2021 para personas en situación de vulnerabilidad económica y social. Incluye medidas en materia de vivienda y de violencia de género, y modifica normas anteriores para mantener su vigencia.

Modifica el artículo 6 de la Ley 2/2021 para dejar de exigir el uso obligatorio de mascarilla en la vía pública y en espacios al aire libre. Mantiene la obligación al aire libre cuando haya aglomeraciones y no se pueda guardar una distancia mínima de 1,5 metros. También modifica el Real Decreto-ley 26/2020 en materia de transportes y vivienda.

Prolonga los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) vinculados a la pandemia y mantiene las medidas de protección de las personas trabajadoras. También regula prestaciones y exenciones de cotización para trabajadores autónomos afectados por la crisis sanitaria.

Establece medidas sanitarias, sociales y judiciales que se aplican cuando termina el estado de alarma por la COVID-19 el 9 de mayo de 2021. Incluye control sanitario de viajeros internacionales, protección de consumidores vulnerables de agua y energía, apoyo a víctimas de violencia de género y medidas sobre cooperativas y profesionales sanitarios jubilados.

Permite a las Delegaciones de Economía y Hacienda conceder aplazamientos y fraccionamientos del pago de deudas públicas no tributarias, como el reembolso de préstamos de la Administración General del Estado. También modifica el Real Decreto-ley 5/2021 sobre apoyo a la solvencia empresarial.

Crea una línea de ayudas directas para autónomos y empresas afectadas por la COVID-19, una línea para reestructurar deuda financiera con aval público y un fondo de recapitalización de empresas. También amplía plazos de préstamos avalados y modifica varias normas.

Reforma el complemento por maternidad en las pensiones para convertirlo en un complemento para reducir la brecha de género, que pueden cobrar también los hombres. Además modifica el ingreso mínimo vital, la incapacidad temporal del personal sanitario y amplía plazos de moratorias hipotecarias y avales públicos.

Prorroga los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) vinculados a la pandemia y mantiene las medidas de protección de las personas trabajadoras. También regula prestaciones extraordinarias de cese de actividad para trabajadores autónomos afectados por la crisis.

Introduce en la normativa estatal la figura de la persona consumidora vulnerable y prevé una protección reforzada para ella en las relaciones de consumo. Modifica la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras normas.

Establece medidas para modernizar la Administración Pública y gestionar los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Crea estructuras de gobernanza, instrumentos de gestión y normas para agilizar convenios, subvenciones y contratos vinculados a esos fondos.

Adapta la normativa española a la salida del Reino Unido de la Unión Europea tras el fin del periodo transitorio el 31 de diciembre de 2020. Regula el acceso a profesiones, el empleo público, la Seguridad Social, la asistencia sanitaria, la Universidad, la contratación pública y otros ámbitos afectados.

Establece medidas urgentes para apoyar al turismo, la hostelería y el comercio. Incluye ayudas para el pago de alquileres de locales de negocio, medidas laborales y de Seguridad Social, y beneficios fiscales para empresas y autónomos.

Modifica el Real Decreto-ley 11/2020 para ampliar medidas de protección de arrendatarios vulnerables, como la suspensión de desahucios y lanzamientos. También regula el reequilibrio económico de contratos públicos de transporte de viajeros por carretera y modifica la ley de defensa de consumidores.

Amplía hasta el 30 de junio de 2021 el plazo para conceder avales públicos a autónomos y empresas, extiende los vencimientos y carencias de financiación avalada y permite avalar pagarés del MARF. También incluye medidas sobre gasoductos, subastas de derechos de emisión y tipos de IVA reducidos en bienes sanitarios.

Aprueba medidas sociales complementarias de protección por desempleo y de apoyo al sector cultural. Crea un subsidio especial por desempleo y amplía el acceso a la prestación para artistas, personal técnico y auxiliar de la cultura y profesionales taurinos.

Crea subvenciones para entidades del Tercer Sector de Acción Social de ámbito estatal, con el fin de apoyarlas ante el aumento de demandas sociales por la crisis del COVID-19. Regula los gastos subvencionables, las entidades beneficiarias, el procedimiento de concesión y la cuantía y financiación.