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Modifica el Real Decreto 348/2001, que regula la elaboración, comercialización e importación de alimentos tratados con radiaciones ionizantes. Suprime la obligación de presentar informes anuales a la Comisión Europea, porque esa información ya se cubre con otro reglamento de la Unión Europea.

Regula cómo se organizan y ejecutan los controles oficiales sobre la cadena agroalimentaria en España, para aplicar la normativa europea sobre alimentos, piensos, sanidad animal y vegetal. Incluye la toma de muestras, los análisis de laboratorio y las actuaciones ante riesgos o incumplimientos.

Establece normas para fomentar una alimentación saludable y sostenible en centros educativos. Regula los criterios nutricionales y de sostenibilidad en comedores escolares, la venta de alimentos y bebidas, las máquinas expendedoras, el acceso al agua y la programación de menús. Incluye controles oficiales y un régimen sancionador.

La ley establece medidas para prevenir las pérdidas y el desperdicio de alimentos en toda la cadena alimentaria. Fija obligaciones para los agentes de la cadena, medidas de buenas prácticas, reglas sobre las fechas de consumo preferente y un régimen sancionador.

Delimita las actuaciones de los servicios de control oficial en frontera que dependen del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y del Ministerio de Sanidad. Regula los recintos e instalaciones de control, un protocolo reforzado de coordinación y una comisión interministerial de seguimiento.

La ley regula la calidad alimentaria en Galicia: crea la Agencia Gallega de la Calidad Alimentaria, fija obligaciones de autocontrol y trazabilidad para las empresas alimentarias y ordena las figuras de calidad diferenciada, como denominaciones de origen y producción ecológica. También establece el control oficial, la inspección y el régimen de sanciones.

Reúne en una sola norma los coadyuvantes tecnológicos autorizados en España, sustancias usadas para elaborar y obtener alimentos. Fija sus condiciones de uso, especificaciones y etiquetado, y deroga las normas sectoriales anteriores que los regulaban por separado.

La Diputación Permanente del Congreso convalida el Real Decreto-ley 5/2023, que mantiene y prorroga medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania, apoya la reconstrucción de La Palma y atiende otras situaciones de vulnerabilidad. También incorpora al ordenamiento español directivas europeas sobre modificaciones estructurales de sociedades y conciliación de la vida familiar y laboral.

Modifica el anexo del Real Decreto 1101/2011 para incluir el 2-metiloxolano en la lista de disolventes de extracción permitidos en la fabricación de productos alimenticios y sus ingredientes. Incorpora al derecho español la Directiva (UE) 2023/175.

Este real decreto-ley reúne varias medidas: incorpora directivas europeas sobre fusiones y escisiones de empresas y sobre conciliación familiar y laboral, prorroga ayudas frente a la guerra de Ucrania y para La Palma, y adopta medidas urgentes en materia financiera, energética, agraria, de vivienda y de tráfico.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 20/2022, que recoge medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania, de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y para otras situaciones de vulnerabilidad. La convalidación mantiene vigente esa norma.

Este real decreto-ley reúne medidas para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania y para apoyar la reconstrucción de La Palma. Incluye actuaciones en energía, sector primario, transporte y protección de colectivos vulnerables.

Crea y regula el Registro de Contratos Alimentarios, un registro digital obligatorio para los contratos entre productores primarios y sus compradores. Establece quién debe inscribirse, cómo hacerlo y el acceso de las autoridades.

Establece requisitos de higiene para producir y vender alimentos en comercios al por menor, como temperaturas, congelación, comidas preparadas, carnes, pescado, huevo y donación de alimentos. También regula adaptaciones de higiene, controles oficiales y sanciones.

Modifica la Ley 12/2013 para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. Cambia las reglas sobre contratos entre productores, transformadores y distribuidores, y refuerza el control de las prácticas comerciales. También crea o ajusta órganos de ejecución y denuncia.

Actualiza los anexos I y II de la Orden de 20 de enero de 1994 sobre control sanitario de productos de comercio exterior. El anexo I recoge la lista de mercancías para uso o consumo humano sometidas a control en frontera, adaptada a la nomenclatura arancelaria europea vigente desde el 1 de enero de 2021. El anexo II fija los recintos aduaneros habilitados para esos controles.

Regula cómo se aplican en España las normas europeas de higiene en la producción y venta de alimentos. Establece excepciones y adaptaciones para ciertos establecimientos y productos, y fija qué actividades quedan fuera de esas normas, como el consumo doméstico privado y el suministro directo de pequeñas cantidades.