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La ley modifica normas de la Generalitat Valenciana en varias materias: tributos propios y cedidos, vivienda, cooperativas, urbanismo, función pública, sanidad, servicios sociales, educación, agricultura, justicia, emergencias e industria. También reorganiza entes del sector público autonómico.

El Pleno del Tribunal Constitucional decide mantener en parte la suspensión de varios artículos de la Ley 5/2025 de la Comunitat Valenciana, recurrida por el presidente del Gobierno. La suspensión afecta a preceptos que modifican la ley de identidad de género y a un artículo sobre función pública sanitaria.

La ley reúne medidas para reducir y simplificar la normativa de la Generalitat Valenciana, agilizar trámites administrativos y garantizar la unidad de mercado. También regula el apoyo a empresas emergentes y a la investigación, y contiene medidas en servicios sociales, vivienda, sanidad, educación, medio ambiente, industria y turismo.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso del Presidente del Gobierno contra varios preceptos de la Ley 5/2025 de la Generalitat Valenciana, que modifican normas sobre identidad de género y función pública. Al invocarse el artículo 161.2 de la Constitución, la vigencia de esos preceptos queda suspendida.

El Tribunal Constitucional resuelve un recurso de inconstitucionalidad contra varios preceptos del Decreto-ley balear 5/2024, que modificaba normas autonómicas en materias como espacios naturales, agricultura, educación, empleo público, turismo, urbanismo y vivienda. La sentencia analiza si el decreto-ley justificó la extraordinaria y urgente necesidad y si respetó los límites materiales.

La ley aprueba los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2026. Fija los gastos e ingresos de la administración autonómica y de sus entes públicos, y regula cómo se pueden modificar los créditos, las retribuciones del personal y las operaciones de deuda.

La ley aprueba medidas fiscales y administrativas para 2026 en La Rioja. Incluye cambios en impuestos cedidos y propios, como ajustar la escala autonómica del IRPF cuando el IPC de diciembre supere el 3 %, y modificaciones en sucesiones y donaciones. También modifica normas sobre carreteras, igualdad, servicios sociales, función pública, urbanismo y salud.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso contra dos disposiciones del Decreto-ley de Illes Balears 5/2023, que suprimió la exigencia de un nivel de catalán como requisito para acceder a puestos sanitarios del Servicio de Salud de las Illes Balears y derogó los preceptos de la Ley 4/2016 que se le opusieran.

Aprueba medidas urgentes sobre el personal de las Administraciones Públicas de Navarra para reducir la temporalidad. Modifica normas sobre excedencias voluntarias, provisión de puestos y concursos de traslado, y regula el régimen de excedencias y traslados en el Servicio Navarro de Salud.

Modifica la Ley de Salud del Principado de Asturias para cambiar cómo se componen los órganos de selección de personal estatutario del Servicio de Salud. Suprime la exigencia de que algunos vocales de los tribunales sean propuestos por la Comisión Nacional de la Especialidad.

Aprueba los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2025: fija los estados de gastos e ingresos, las reglas para modificar créditos, las retribuciones del personal público y las operaciones de endeudamiento y avales.

Esta ley de la Comunidad Autónoma de Galicia reúne medidas fiscales y administrativas para aplicar los presupuestos de 2025. Incluye cambios en impuestos cedidos, un impuesto sobre estancias turísticas y modificaciones en telecomunicaciones, energía eólica, medio ambiente, vivienda, sanidad y empleo público, entre otras áreas.

Corrige un error de votación en el Parlamento de las Illes Balears que aprobó por error 34 enmiendas de otro grupo. Deja sin efecto esos preceptos y restablece el contenido de varias leyes autonómicas sobre espacios naturales, agricultura, educación, empleo público, turismo, urbanismo y vivienda.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra un apartado de la Ley 8/2021 de Galicia, que modificó la Ley de salud gallega. La sentencia anula los preceptos autonómicos que habilitaban a órganos de Galicia a adoptar medidas preventivas y tipificar infracciones en salud pública, por invadir la reserva de ley orgánica.

Modifica el Estatuto del Personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra para ampliar la edad máxima de los hijos e hijas hasta la que se puede pedir la reducción de jornada por cuidado de menores con cáncer u otra enfermedad grave. La norma busca equiparar esta licencia a la regulación estatal.

Establece el sistema de carrera profesional del personal sanitario del Departamento de Salud de Navarra y sus organismos autónomos, excluidos el personal facultativo especialista, otro personal facultativo sanitario y el personal diplomado sanitario. Regula los niveles, las retribuciones, los requisitos y la puntuación para ascender de nivel, el baremo y las comisiones de evaluación.

Este decreto-ley reúne medidas para simplificar y racionalizar los trámites y la normativa de las administraciones públicas de las Illes Balears. Modifica varias leyes y regula por sectores como agricultura, agua, educación, energía, movilidad, medio ambiente, turismo y urbanismo, e impulsa la digitalización.

Modifica varias leyes de Castilla y León para aplicar los presupuestos de 2024. Incluye cambios en tributos propios y cedidos, tasas y precios públicos, hacienda pública, personal de la administración, subvenciones, urbanismo, vivienda, medio ambiente, pesca, caza y régimen local. También crea una autoridad independiente contra la corrupción.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-ley 3/2024 de la Junta de Andalucía, que adopta medidas de simplificación y racionalización administrativa y de impulso de la actividad económica. El recurso lo presentan más de cincuenta senadores del Grupo Parlamentario Socialista.