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Establece cómo se aplican las medidas laborales y de desempleo para las zonas declaradas gravemente afectadas por la borrasca Filomena. Regula la suspensión de contratos o reducción de jornada por fuerza mayor y el acceso a prestaciones por desempleo en esos casos.

Autoriza un crédito extraordinario de 5.012 millones de euros para equilibrar las cuentas de la Seguridad Social por el impacto del COVID-19 y financiar las prestaciones. También regula la financiación de ampliaciones de crédito del Servicio Público de Empleo Estatal y establece que ciertas ayudas públicas no tributen en el IRPF ni en el Impuesto sobre Sociedades.

Modifica el Decreto-ley 10/2020 de prestaciones sociales de las Illes Balears y el Decreto 84/2010 sobre cálculo de la capacidad económica en la Red Pública de Atención a la Dependencia. Ajusta las prestaciones económicas de servicios sociales y concreta las del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

Establece las bases para conceder subvenciones a proyectos de innovación que impulsen la desinstitucionalización y los servicios de apoyo comunitarios en cuidados de larga duración. Se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y financia proyectos piloto.

Prorroga hasta el 31 de octubre de 2021 varias medidas de protección social y económica que estaban vigentes por normas anteriores frente a situaciones de vulnerabilidad. Incluye medidas sobre vivienda y sobre violencia de género, y modifica otras normas para ajustar su vigencia.

Modifica el Real Decreto-ley 17/2020, que aprobó medidas de apoyo al sector cultural y tributarias frente al COVID-19. Cambia la exposición de motivos y añade una disposición adicional sobre la compra de bienes muebles del Patrimonio Histórico por el sector público.

Establece ayudas y medidas urgentes para reparar los daños de la erupción volcánica de La Palma y reconstruir la isla. Incluye apoyos para vivienda, empleo, Seguridad Social, consumo, impuestos, suministros, infraestructuras, agricultura y pesca.

Prórroga los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) vinculados a la pandemia y las exenciones en las cotizaciones a la Seguridad Social. También mantiene las prestaciones por desempleo extraordinarias y las ayudas por cese de actividad para trabajadores autónomos. Incluye medidas específicas para Canarias por la erupción volcánica.

Convoca 57.565 plazas del Programa de Termalismo del Imserso para pensionistas, en turnos de 12 o 10 días en balnearios, entre octubre y diciembre de 2021. Fija el precio por plaza y turno, los servicios incluidos y los requisitos y forma de solicitud.

Regula el trabajo a distancia y el teletrabajo en las empresas. Establece que debe haber un acuerdo escrito entre empresa y persona trabajadora, y fija derechos como formación, equipos, compensación de gastos, horario flexible, desconexión digital y protección de datos.

Distribuye a la Comunidad Autónoma de Galicia los créditos del ejercicio 2021 para gestionar las ayudas previas a la jubilación ordinaria en la Seguridad Social. Estas ayudas van a trabajadores afectados por procesos de reestructuración de empresas.

Prolonga los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) vinculados a la pandemia y mantiene las medidas de protección de las personas trabajadoras. También regula prestaciones y exenciones de cotización para trabajadores autónomos afectados por la crisis sanitaria.

Establece ayudas y medidas para reparar los daños causados por la borrasca Filomena en enero de 2021. Incluye compensaciones por daños personales, en viviendas, enseres, comercios, industrias, cultivos y ganado, además de beneficios fiscales y medidas laborales y de Seguridad Social.

Establece medidas sanitarias, sociales y judiciales que se aplican cuando termina el estado de alarma por la COVID-19 el 9 de mayo de 2021. Incluye control sanitario de viajeros internacionales, protección de consumidores vulnerables de agua y energía, apoyo a víctimas de violencia de género y medidas sobre cooperativas y profesionales sanitarios jubilados.

Este real decreto-ley incorpora al derecho español varias directivas de la Unión Europea. Regula la defensa de la competencia, la prevención del blanqueo de capitales, las entidades de crédito, las telecomunicaciones, el IVA, los daños medioambientales, el desplazamiento de trabajadores y la defensa de los consumidores.