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Modifica el anexo del Real Decreto 1851/2009, que recoge las patologías que permiten anticipar la jubilación a personas con discapacidad igual o superior al 45 %. El anexo pasa a ser una lista abierta, ampliable con nuevas patologías y sujeta a revisión periódica.

Regula cómo se pide y se decide incluir nuevas enfermedades o patologías en la lista que permite adelantar la jubilación a personas con un 45 % o más de discapacidad. Solo las asociaciones y organizaciones de afectados pueden pedir esa inclusión, y una comisión técnica estudia y valora cada solicitud.

Modifica la normativa que regula la prestación económica de la Seguridad Social para progenitores, guardadores o acogedores que reducen su jornada para cuidar a menores de 18 años con cáncer u otra enfermedad grave. Actualiza las condiciones de acceso, cuantía, duración y gestión de esta prestación.

Modifica el Real Decreto 1851/2009, que regula la jubilación anticipada de trabajadores con discapacidad igual o superior al 45 %. Reduce a cinco años el tiempo de cotización exigido y actualiza la referencia legal y el procedimiento para incluir nuevas patologías.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 2/2023, de 16 de marzo, sobre medidas urgentes para ampliar derechos de los pensionistas, reducir la brecha de género y fijar un nuevo marco de sostenibilidad del sistema público de pensiones. La convalidación mantiene vigente la norma aprobada por el Gobierno.

Modifica la Ley General de la Seguridad Social para ampliar derechos de los pensionistas, reducir la brecha de género y fijar un nuevo marco de sostenibilidad del sistema público de pensiones. Incluye un Mecanismo de Equidad Intergeneracional y cambia la regulación de la jubilación parcial.

Aprueba el pago de una prestación extraordinaria a las personas que reciben pensiones no contributivas, Fondo de Asistencia Social, Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos y Prestación Canaria de Inserción en Canarias, por los efectos sociales de la COVID-19. También fija un suplemento extraordinario para titulares de la Prestación Canaria de Inserción en tres municipios afectados por la crisis volcánica.

La ley aprueba los Presupuestos Generales del Estado para 2022: fija los ingresos previstos y autoriza los gastos del Estado y de los organismos que dependen de él. También regula la gestión de esos gastos, el personal público, las pensiones, la deuda pública, algunas normas tributarias y la financiación de comunidades autónomas y entidades locales.

Establece una prestación extraordinaria para paliar los efectos sociales de la COVID-19 en Canarias. Va dirigida a personas que cobran pensiones no contributivas, el Fondo de Asistencia Social, el Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos y la Prestación Canaria de Inserción. Regula su cuantía, pago, financiación y beneficiarios.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, que establece medidas urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio, y medidas en materia tributaria. Se ordena su publicación para conocimiento general.

Establece medidas urgentes para apoyar al turismo, la hostelería y el comercio. Incluye ayudas para el pago de alquileres de locales de negocio, medidas laborales y de Seguridad Social, y beneficios fiscales para empresas y autónomos.

Modifica el régimen transitorio para cobrar determinadas prestaciones sociales de las Illes Balears, cambia el régimen sancionador por incumplir normas de la COVID-19 y ajusta las exigencias de personal en las residencias de personas mayores.

Fija hasta cuándo se mantienen las prórrogas de varios certificados del sector marítimo-pesquero que se habían ampliado por el COVID-19. Los certificados de formación sanitaria específica y de revisión de botiquines se prorrogan hasta el 31 de diciembre de 2020, y los certificados médicos de aptitud para el embarque hasta el 31 de octubre de 2020. Deroga la resolución anterior de 21 de abril de 2020.

Establece medidas sanitarias y administrativas para mantener el control de la respuesta a la COVID-19 en Cataluña. Incluye el uso de recursos de centros sanitarios privados, la habilitación de espacios para uso sanitario y la intervención de centros residenciales, entre otras medidas.

Deroga el despido objetivo por faltas de asistencia al trabajo previsto en el artículo 52.d) del Estatuto de los Trabajadores. Modifica ese texto refundido para eliminar esa causa de extinción del contrato.

Establece medidas para reactivar la economía tras el impacto del COVID-19 en transportes y vivienda. Incluye normas sobre gestión de pasajeros aéreos, ajustes en tasas portuarias, moratorias de préstamos para transporte por carretera y facilidades para el alquiler asequible.

Modifica una resolución anterior de MUFACE sobre el pago del subsidio por incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural durante el estado de alarma. Aclara que los órganos de personal sin documentación completa aplicarán el mantenimiento del 100 % de las retribuciones a los mutualistas que alcancen el día 91 de baja entre el 14 de marzo y el fin del estado de alarma.