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El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 20/2026, que establece medidas urgentes de protección laboral y social frente a los incendios forestales. La convalidación mantiene la vigencia de la norma aprobada por el Gobierno el 29 de julio de 2026.

Aprueba medidas urgentes de apoyo económico y social a Ceuta tras la entrada irregular de personas migrantes a finales de julio. Incluye ayudas directas a empresas y autónomos, rebajas fiscales, líneas de avales y créditos extraordinarios para reforzar servicios públicos, acogida, sanidad, seguridad y empleo.

Establece medidas urgentes de protección laboral y social para las personas afectadas por los incendios forestales de 2026 en Madrid, Ávila y Toledo. Incluye la suspensión del contrato con una prestación extraordinaria, un permiso por fallecimiento y medidas de Seguridad Social, notariales y registrales.

El Congreso convalida el Real Decreto-ley 19/2026, que regula la jubilación parcial anticipada del personal laboral de las Administraciones Públicas y el complemento de insularidad en Illes Balears. La convalidación mantiene vigente esta norma.

Modifica el régimen de los contratos de relevo para que el personal laboral de las Administraciones Públicas pueda acceder a la jubilación parcial anticipada. También regula indemnizaciones por residencia en Illes Balears.

Actualiza el marco legal de la economía social. Modifica la Ley de Cooperativas para adaptarla a nuevas formas de participación digital y a la igualdad entre mujeres y hombres, y revisa el régimen de las empresas de inserción. También cambia otras normas relacionadas con prevención de riesgos laborales, contratos públicos, ingreso mínimo vital e incentivos a la contratación.

Fija las bases, topes y tipos de cotización a la Seguridad Social, desempleo, cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional para 2026. Desarrolla las referencias del Real Decreto-ley 3/2026 mientras no se apruebe la Ley de Presupuestos. Incluye reglas para regímenes especiales, contratos a tiempo parcial y prácticas formativas.

Establece las bases y abre la convocatoria de subvenciones del Servicio Público de Empleo Estatal para el «Plan DANA Ocupación». Este plan financia la contratación de personas trabajadoras en municipios afectados por la DANA de octubre y noviembre de 2024, para tareas de reconstrucción y recuperación económica.

Modifica el Estatuto de los Trabajadores y la Ley General de la Seguridad Social en materia de incapacidad permanente. Antes de extinguir el contrato de una persona con incapacidad permanente total, la empresa debe intentar ajustes razonables en el puesto de trabajo.

Fija las bases, topes y tipos de cotización a la Seguridad Social, desempleo, cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional para 2025. Regula también la cotización en contratos a tiempo parcial, formativos y prácticas, y el mecanismo de equidad intergeneracional y la cotización adicional de solidaridad.

Modifica la Orden PJC/51/2024, que desarrolla las normas de cotización a la Seguridad Social, desempleo, cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional para 2024. Ajusta la fracción de cuota que se entrega a las mutuas para financiar la incapacidad temporal por contingencias comunes.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 7/2024, que recoge medidas urgentes para responder a los daños causados por la DANA entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024 en varios municipios. La convalidación permite que esas medidas sigan en vigor.

El Tribunal Constitucional resuelve una cuestión de inconstitucionalidad sobre los permisos por nacimiento y cuidado de menor. Declara inconstitucional que la ley no permita a las madres biológicas de familias monoparentales, trabajadoras por cuenta ajena, ampliar su permiso con el que correspondería al otro progenitor.

Establece medidas urgentes para responder a los daños de la DANA de octubre y noviembre de 2024 en varios municipios. Incluye actuaciones en energía, impuestos, industria, agricultura, vivienda, empleo, Seguridad Social, educación, cultura, transportes y protección de colectivos vulnerables.

Establece un marco entre España y Guatemala para regular la contratación de trabajadores guatemaltecos en España y de españoles en Guatemala. Distingue entre trabajadores estables (al menos un año) y de temporada (hasta nueve meses al año), y fija cómo se comunican las ofertas de empleo, las condiciones laborales y el retorno.